EL CONFLICTO FISCAL que se abrió en Sonora con la industria de casinos empieza a escalar más allá de un simple diferendo tributario.
Lo que está en juego no es únicamente el aumento de un impuesto estatal, sino la viabilidad de un sector que opera bajo permisos federales, genera miles de empleos formales y mantiene inversiones nacionales y extranjeras en distintas regiones del país.
La estrategia impulsada desde el gobierno de Alfonso Durazo vía la Secretaría de Hacienda local, que comanda Roberto Carlos Hernández, ha encendido alertas entre empresarios, reguladores y especialistas en derecho fiscal.
Los números ayudan a entender la magnitud del problema. En 2025, la industria del juego en Sonora pagó alrededor de 300 millones de pesos en impuestos estatales.
Hoy, a partir de auditorías fiscales consideradas agresivas por el sector y de la modificación al impuesto local sobre apuestas, la pretensión recaudatoria del gobierno estatal supera los 20 mil millones de pesos.
Es decir, un incremento cercano a 60 veces lo que ya pagaba la industria en la entidad.
El impacto potencial no es menor. En Sonora operan actualmente 32 salas de juego, distribuidas en municipios como Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Navojoa.
Estas instalaciones generan ocho mil 680 empleos directos y más de 20 mil 800 indirectos, además de sostener una cadena económica que incluye proveedores, mantenimiento, seguridad, transporte y servicios asociados.
A ello, se suman cerca de siete mil 750 máquinas de juego que integran a la infraestructura del sector.
El problema es que el incremento fiscal estatal no ocurre en el vacío. A nivel federal, la industria enfrenta ya una carga elevada, tras el aumento del IEPS a apuestas y sorteos de 30 a 50%, que fue aprobado recientemente.
En la práctica, esa carga que imprimió la Secretaría de Hacienda, de Édgar Amador, y la combinación con la tributación estatal coloca a las empresas ante una presión financiera difícil de sostener.
Particularmente, en estados donde la actividad económica depende en parte del turismo y del entretenimiento.
Más allá de la discusión recaudatoria, el conflicto también abrió un debate jurídico.
Empresarios del sector sostienen que la pretensión fiscal del gobierno sonorense podría violar el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, que establece que los impuestos deben guardar relación con la capacidad económica de
los contribuyentes.
En otras palabras, no se trata sólo de cuánto quiere recaudar el gobierno, sino de si ese monto es razonable frente a los ingresos reales de la actividad. El efecto colateral también alcanza al clima de inversión.
La industria del entretenimiento y las apuestas forman parte de los sectores que han atraído capital extranjero durante los últimos años, sobre todo en destinos turísticos del norte del país.
Un cambio abrupto en condiciones fiscales, sin negociación ni gradualidad, envía señales de incertidumbre jurídica, cuando la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, quiere atraer inversiones.
En los hechos, el conflicto de Sonora se ha convertido en un caso de prueba sobre los límites de la política fiscal estatal frente a industrias reguladas a nivel federal.
Si el diferendo escala hacia tribunales, como anticipan varios operadores del sector, el debate ya no será únicamente político o económico, sino constitucional.
Y en el campo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Hugo Aguilar Ortiz, la discusión sobre proporcionalidad, empleo e inversión difícilmente podrá resolverse sólo con argumentos recaudatorios.
MIENTRAS EL DISCURSO oficial presume “austeridad republicana”, en Cuautitlán comienza a tomar forma una trama que huele más a negocio familiar que a política cultural. La administración de la alcaldesa Juana Carrillo Luna habría autorizado contratos por más de 15 millones de pesos para la organización de conciertos a favor de Creatif Atelier, una empresa señalada por presuntas irregularidades federales. El escándalo crece al aparecer en el radar César Alejandro Reyna Carrillo, hijo de la edil, quien previamente operó dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en un entorno donde esa misma firma fue beneficiada con contratos que sumarían 562 millones de pesos. El asunto se vuelve aún más turbio cuando diversas versiones apuntan a que Creatif Atelier podría funcionar como una empresa fachada vinculada a estructuras empresariales relacionadas con Diego Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala y cuñado de Felipe Calderón, y conocido por sus contratos gubernamentales desde los años 2000. Así, lo que en el papel parece una agenda cultural para el municipio, termina pareciendo un circuito de influencias donde política local, contratos federales y negocios privados se cruzan peligrosamente. En Cuautitlán la pregunta ya no es si hubo conciertos, sino quién está cobrando realmente el boleto… y con dinero público.
EN LA INDUSTRIA del acero hay cambio de estafeta. Víctor M. Cairo, CEO de ArcelorMittal México, concluye su periodo al frente de la Canacero en un momento complejo para la siderurgia nacional. Su gestión coincidió con un entorno comercial marcado por tensiones internacionales, presiones arancelarias y necesidad de defender al sector frente a prácticas de competencia desleal. Durante su liderazgo, la cámara mantuvo un trabajo cercano con la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, así como con autoridades comerciales de Estados Unidos, para fortalecer el diálogo y buscar mejores condiciones para la siderurgia mexicana. Entre los resultados destacan medidas para frenar importaciones irregulares, la aplicación de aranceles a productos provenientes de países sin tratado comercial y una reducción de 16% en las importaciones de acero. Su etapa al frente de la Canacero cierra con una participación activa en la defensa del acero mexicano en el marco del T-MEC y en el debate sobre gravámenes y competencia en el mercado internacional.
AYER, EL EMBAJADOR de México en Canadá, Carlos Joaquín González, envió un mensaje de certidumbre y confianza a empresarios mexicanos de todos los tamaños para integrarse a la Misión Comercial que, en mayo próximo, realizará el sector empresarial a Canadá. “Hoy la relación entre México y Canadá vive un momento especialmente positivo. Durante muchos años fue una relación política y diplomática sólida. Hoy se ha transformado y consolidado también como una relación estratégica en materia económica, comercial y de inversión. Una relación cercana y de mucha comunicación y diálogo”. El comercio bilateral ha crecido de manera significativa. En 2024 alcanzó cerca de 56 mil millones de dólares, lo que refleja el enorme potencial que existe cuando nuestras economías trabajan juntas. El T-MEC ofrece condiciones muy favorables para el comercio, ya que prácticamente todos los bienes que cumplen con las reglas de origen del tratado pueden comerciarse con arancel cero, fortaleciendo así la competitividad de nuestra región. México impulsa una estrategia clara para fortalecer su desarrollo industrial y su capacidad productiva a través del Plan México, orientado a atraer inversión, fortalecer la innovación y consolidar cadenas de valor regionales.
EL DIPUTADO PEDRO Haces reafirmó su apoyo al proyecto del segundo piso de la 4T con el voto que dio a favor de la reforma electoral. “Lo hago consciente de que es una gran reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la cual con mi voto a respaldo… y los que no votarán a favor, el tiempo les dirá que no tuvieron la razón”. Además del Partido Verde y el PT fueron siete diputados de Morena los que se desmarcaron de la reforma de la doctora. Gisella Arellano, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor votaron en contra y otros cuatro se ausentaron. Entre los que no votaron destacó la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.