Columna invitada

El papá de Mafer

Columnas

El 28 de mayo de 2024, la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados recibió una denuncia anónima. Decía que Pemex había otorgado tres contratos con irregularidades. A pesar de que eran contratos multimillonarios, Pemex los adjudicó sin licitación. Los contratos beneficiaban a tres empresas. Una era Petroservicios Integrales México, de Juan Carlos Guerrero, el papá de Mafer, la muchacha que hace unos días celebró una opulenta fiesta de quinceañera en Tabasco, con temática del Met Gala y J Balvin como cantante.

Petroservicios se fundó en 2004 en Tamaulipas. Después de años y de operaciones menores, en 2016 los socios vendieron sus acciones y otros socios las compraron. Entre ellos estaba Guerrero, el papá de Mafer, quien pagó 12 mil 500 pesos por sus acciones y luego aportó otros 250 mil. Otros empresarios compraron el resto de las acciones. En 2020, los otros tres socios cedieron sus acciones a Guerrero, quien se quedó como el dueño de la empresa. En esos años, la suerte de Petroservicios cambió y llegaron grandes contratos con Pemex.

Uno de esos contratos era el de la denuncia anónima que llegó al Congreso. En julio de 2024, semanas después de que el Congreso recibió la denuncia, el entonces diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks presentó un punto de acuerdo para investigar la asignación de dichos contratos. El documento señalaba que el contrato otorgado a Petroservicios por mil 827 millones de pesos no contaba con la debida justificación.



El contrato se firmó por 104 millones de dólares mediante adjudicación directa y abarca servicios de intervención en pozos petroleros en Poza Rica, Altamira, el sur de Veracruz y Macuspana. En agosto de 2023, en efecto, Pemex había decidido saltarse la licitación. Un documento oficial de justificación indica que Pemex dijo que, si se sometía a un concurso, la demora en el proceso podría provocar “pérdidas o costos adicionales en el proyecto”. La debida diligencia consideró otorgarle a la empresa del papá de Mafer la categoría de “viable condicionado”. Con ello, el contrato se firmó y se clasificó como “confidencial parcial”.

En octubre de 2024, Guerrero Rojas invirtió más de un millón de pesos para quedarse con las últimas acciones de Petroservicios que estaban en manos de otro empresario. Ese año, la empresa reportó más de 111 millones de pesos en dividendos.

Los reportes oficiales de Pemex indican que, hasta el segundo trimestre de 2025, Petroservicios había “ejercido” más de 100 millones de ese contrato. Este dato no es menor si se considera que durante años proveedores de Pemex han enfrentado una crisis financiera debido a la falta de pago de la petrolera por servicios ya prestados.



El reporte mensual de pagos de Pemex a sus proveedores indica que, hasta marzo de 2025, Petroservicios ha recibido pagos por 264 millones de pesos en 2024 y ya ha facturado a Pemex otros 563 millones de pesos que aún no le han depositado.

Semanas después del punto de acuerdo de Romero Hicks, la Comisión Permanente del Congreso publicó el seguimiento en la Gaceta del Senado. Allí, se exhortó al Órgano Interno de Control de Pemex, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a que abrieran investigaciones sobre el contrato de Petroservicios, sobre cómo se otorgó y sobre si hubo corrupción. Ahora, a casi dos años de este punto de acuerdo, el sistema de información pública del Congreso aún lo clasifica como “pendiente”. Romero Hicks me dijo: “Al parecer no se le dio seguimiento al punto de acuerdo. No hay evidencia de que se investigó”.

En los últimos días, a partir de la fiesta de Mafer, la prensa ha señalado otros contratos recientes y multimillonarios que han obtenido esta y otras empresas de Guerrero. En una carta pública, sus abogados dijeron que él no tiene padrinos, que es un empresario honesto y que ama la vida; por eso quiso festejar a su hija.



Este caso, claramente, va más allá de un padre amoroso que festeja a su quinceañera. En cambio, refleja una crisis profunda en Pemex y una nueva generación de empresarios que han obtenido contratos muy grandes, que no se explican ni se auditan con profundidad y, aun cuando se les denuncie ante el Congreso, no se investigan.

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