Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) avanza en su modernización rumbo al Mundial de Futbol de 2026, el Grupo Aeroportuario Marina, que dirige Juan José Padilla Olmos, tomó una decisión que va en sentido contrario: volver a proteger el monopolio de los taxis del aeropuerto en detrimento de los usuarios y de la competencia que representan las plataformas de transporte como Uber y DiDi.
En febrero pasado, la Marina reportó un progreso de 40% en la remodelación integral del AICM y, para marzo, el aeropuerto ya presumía ampliación de filtros migratorios autónomos de 12 a 40, la instalación de 3 mil 240 cámaras con inteligencia artificial, un nuevo estacionamiento de seis niveles y la sustitución de bandas de equipaje, todo con la mira puesta en mejorar la operación de una terminal que mueve más de 46 millones de pasajeros al año. Ahora, ese esfuerzo de modernización quedará opacado por una decisión que revive al peor AICM.
Porque eso es exactamente lo que volvió a quedar al descubierto esta semana tras las reuniones que sostuvieron funcionarios del Grupo Aeroportuario Marina con las 11 agrupaciones de taxis que operan en el aeropuerto. Las medidas que se acordaron fueron iniciar operativos de la Guardia Nacional para inhibir los “servicios irregulares” de transporte por aplicación, es decir, Uber, DiDi y cualquier otro competidor que dispute el negocio dentro de la zona federal. Un día después, alrededor de 100 taxistas bloquearon accesos del AICM durante casi cuatro horas y obligaron al despliegue de unos 800 policías. El saldo fue caos, usuarios caminando con maletas, afectaciones a vuelos y una imagen demoledora para México.
En el portal oficial del AICM aparecen 11 marcas o agrupaciones autorizadas para prestar servicio de taxi: TaxiRide, Yellow Cab, Sitio 300, Nueva Imagen, Confort Unlimited, Casadey, Porto Taxi, Prho Taxi, T&M, PSTA y Aerotaxi. Detrás de ese aparente pluralismo hay en realidad un mercado cerrado. El informe de gestión gubernamental del AICM reportó que al 30 de junio de 2024 existían mil 550 convenios individuales de acceso a zona federal en modalidad de taxi. No se trata de un servicio abierto a competir, sino de una plaza controlada por un puñado de grupos con acceso exclusivo a uno de los puntos de mayor demanda cautiva del país.
Ese mercado cerrado ya fue sancionado por la autoridad de competencia. En 2016, la Cofece multó al AICM con 63.09 millones de pesos por cláusulas discriminatorias en contratos que impedían el acceso de nuevos participantes y favorecían a quienes ya operaban dentro del aeropuerto. Y en 2017 sancionó con 23.6 millones de pesos a cinco agrupaciones de taxistas y a cuatro personas físicas por concertar tarifas. La Cofece estimó que esa colusión afectó al menos a 12 millones de personas y generó un daño de 772 millones de pesos por sobreprecios entre 2011 y 2015.
El mismo informe de gestión del aeropuerto reconoce que en 2024 se autorizó una estrategia para regularizar convenios de acceso, dar continuidad a procesos de recuperación de adeudos y analizar la vigencia de los convenios. También señala que, al 26 de agosto de 2024, de 607 contratos con adeudo, 367 se habían apegado a esquemas de pago para regularizarse.
Por su parte, la SICT, que encabeza Jesús Esteva, reiteró que Uber no cuenta con autorización para operar dentro del polígono del AICM ni en otros aeropuertos y sostuvo que eso no impide a la autoridad levantar infracciones. Uber, por su parte, respondió que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar sanciones y detenciones arbitrarias contra sus conductores mientras se resuelve el juicio de amparo.
El conflicto viene escalando desde 2022, cuando el gobierno federal endureció la prohibición a las apps para recoger pasajeros en zonas federales aeroportuarias. Y en lugar de abrir competencia con piso parejo, seguros, reglas fiscales y controles equivalentes para todos, el gobierno decidió conservar un mercado cautivo para los de siempre.
El costo de esa protección lo pagan los pasajeros. El servicio de un taxi concesionado cuesta entre 87% y 282% más que Uber, y entre 239% y 672% más que DiDi, dependiendo del destino y del sitio consultado.
Ese es el gran tropiezo de Padilla Olmos. Mientras presume, con razón, un aeropuerto más moderno, más vigilado y mejor equipado rumbo al Mundial de 2026, al mismo tiempo permite que la experiencia de llegada y salida siga siendo afectada por un modelo de transporte del siglo pasado.
Posdata 1
TV Azteca formalizó su solicitud de concurso mercantil voluntario, un paso con el que la televisora busca reorganizar sus finanzas y reordenar sus pasivos bajo supervisión judicial, sin detener sus operaciones ni afectar la producción de contenidos. La medida fue avalada previamente por su Asamblea General de Accionistas como la vía para renegociar obligaciones con acreedores conforme a su capacidad de pago y preservar el valor de la empresa.
La decisión llega después de varios años de presiones financieras acumuladas. Entre los factores que llevaron a la televisora a este punto están el pago de más de 3,800 millones de pesos por licencias en 2018, el golpe que la pandemia de Covid-19 dio al mercado publicitario y una compleja negociación con acreedores internacionales derivada de su deuda en moneda extranjera. A esto se sumó el reciente pago de impuestos al SAT, que también impactó su liquidez.
El concurso mercantil es un mecanismo legal que permite a una empresa negociar con sus acreedores mientras continúa operando, con el objetivo de alcanzar un convenio que reestructure sus deudas y evite un escenario de quiebra. De acuerdo con la propia compañía, el proceso permitirá proteger empleos, preservar los activos y dar certidumbre a sus compromisos comerciales mientras se reorganiza la estructura financiera de la televisora del magnate Ricardo Salinas Pliego.
Posdata 2
En medio del ruido que provocó la investigación comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió al paso. Aseguró que 85% del comercio entre México y Estados Unidos sigue libre de aranceles al estar protegido por el T-MEC, por lo que la indagatoria no tendría una repercusión relevante en el intercambio bilateral. Según explicó, el procedimiento busca básicamente restablecer el marco arancelario previo al fallo de la Suprema Corte estadounidense que invalidó la norma de emergencia con la que Washington había aplicado gravámenes a diversos países.
Ebrard también dejó claro que México ya estaba enterado del inicio de la investigación, lo que permitió al gobierno anticipar su lectura. Se trata de un proceso jurídico para justificar eventuales aranceles en el futuro, no de un cambio inmediato en las reglas del comercio regional. Por ahora, el mensaje del equipo económico es que el impacto para México sería limitado, al menos mientras el grueso del intercambio siga amparado por el tratado comercial.
Economía también prepara una misión empresarial a Canadá del 7 al 9 de mayo, que incluirá reuniones en Vancouver, Montreal y Toronto con autoridades y compañías de distintos sectores. La delegación mexicana —en la que participan funcionarios como Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Edgar Amador, Claudia Curiel y Altagracia Gómez— buscará ampliar comercio e inversión, pero también comenzar conversaciones sobre el futuro del T-MEC, cuyo proceso de revisión empezará a tomar forma en los próximos meses.
Mientras tanto, la próxima semana arrancará en Washington la primera ronda de conversaciones rumbo a la revisión del tratado, donde México y Estados Unidos abordarán tres temas centrales: la reducción de la dependencia de insumos provenientes de Asia, las reglas de origen y la seguridad de las cadenas de suministro.
Posdata 3
Desde Oaxaca, el gobernador Salomón Jara fue directo con los partidos políticos aliados de Morena que votaron en la Cámara de Diputados contra la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicando que era lamentable que no hayan apoyado a la iniciativa, sobre todo porque el 83% de la población estaba de acuerdo con la reducción de gasto de los partidos políticos.
Fue mas allá y calificó la actuación del PVEM y del PT. “Es una mala señal”, dijo, pero confió en que la población va a tomar cartas en ese asunto y afirmó que sí fue una traición al movimiento que encabeza el expresidente López Obrador, “porque se es obradorista o no se es obradorista, se apoya a la Presidenta o no se le apoya”, dijo. Jara, cercano a Palacio Nacional, ha vivido en carne propia la traición del PT en Oaxaca, donde Benjamín Robles lleva años jugando las contras a Morena.