EL CHOQUE RAQUEL Buenrostro-Eduardo Clark, la compra de radioterapia y las tensiones internas en Salud revelan un gabinete que se mueve entre la urgencia, la descoordinación y las luchas de poder.
Si algo quedó claro en la última encerrona de funcionarios de Salud y de Anticorrupción y Buen Gobierno, donde se discutió la compra consolidada 2027-2028, es que se navega en medio de la incertidumbre.
Y los más inciertos son los gremios de la Canifarma, que preside Guillermo Funes; Concamin, que encabeza Alejandro Malagón, y la AMID, que lleva Joao Capeto, presentes también e incrédulos.
Y no fue para menos: más allá de los números fríos, lo que verdaderamente encendió las alarmas entre los dirigentes empresariales fue el evidente enfrentamiento interno.
Lo provocó la incapacidad del subsecretario Eduardo Clark para cumplir la misión encomendada por la Presidenta: asegurar el abasto y la disponibilidad de medicamentos e insumos en las instituciones de salud.
La reunión, encabezada por Buenrostro, dejó al descubierto el profundo desconocimiento, apatía e irresponsabilidad del subsecretario Clark, responsable de la SISCOCAM.
Durante ese último encuentro, integrantes del IMSS de Zoé Robledo, la Cofepris que conduce Víctor Hugo Borja, el ISSSTE, a cargo de Martí Batres, y Birmex, de Carlos Ulloa le hicieron patente que, una vez más, no ha realizado los cambios necesarios para garantizar la adquisición oportuna de bienes terapéuticos.
Incluso, Clark fue apercibido y advertido sobre posibles sanciones a las que se enfrenta por parte de la propia Secretaría, que capitanea David Kershenobich, por su incapacidad de gestión y caprichos personales.
Para la industria, testigo del enfrentamiento, el mensaje fue claro: un gabinete fragmentado, justo cuando se aproxima la licitación más crítica del sexenio, no es nada deseable.
Y es que la preocupación de la iniciativa privada está más que justificada cuando se revisa el volumen de dudas técnicas acumuladas en el proceso.
La plataforma de la licitación, que permaneció abierta del 23 de diciembre de 2025 al 24 de febrero de 2026, terminó convirtiéndose en un auténtico buzón de inconformidades.
Hablamos de alrededor de dos mil 500 comentarios relacionados, principalmente con la falta de claridad técnica y el desconocimiento del sector por parte de quienes diseñaron el proceso.
LA ADQUISICIÓN DE cinco plataformas jack-up por parte de Borr Drilling, compañía noruega especializada en plataformas autoelevables, en alianza con CME, por 287 millones de dólares, es una señal de confianza en el potencial inmediato de las aguas someras mexicanas y en los proyectos de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla. Esta adquisición se realizará a través de BC Ventures, una nueva empresa conjunta de Borr Drilling y CME. CME, de Alfredo Miguel Bejos, ha sido el aliado histórico de Borr en la construcción de pozos en México, y consolida una estructura operativa que ya cuenta con un historial probado en el país. La flota adquirida a Fontis Finance (filial de Paratus Energy) incluye dos plataformas de diseño Friede & Goldman JU-2000E y tres unidades LeTourneau Super 116-C.
Un punto muy importante es que estas unidades ya se encuentran físicamente en México, lo que garantiza menores tiempos de movilización, reducción de costos logísticos y permite una incorporación casi inmediata para futuros proyectos de exploración y extracción en el Golfo de México. CME, a través de su filial Opex, ha sido uno de los jugadores más relevantes en mantener la producción petrolera en los últimos años, mediante servicios de ingeniería de perforación, supervisión, ejecución e intervención de pozos. Junto con otra de las filiales del grupo, CME Oil & Gas, también opera un contrato CSIEE para la exploración y extracción de los campos Bacab y Lum, cuya producción estima alcanzar los 40 mil barriles diarios en el pico de operación a finales de 2018.
JESÚS CAMPOS LÓPEZ es el nuevo presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es ingeniero civil egresado del Politécnico y experto en infraestructura hidráulica. El nuevo consejo directivo tiene varias metas: busca contribuir a incrementar la inversión en infraestructura de 2 a 5% del PIB con proyectos financieramente viables; trabajar para homologar las normas en infraestructura a nivel nacional en coordinación con los tres órdenes de gobierno; consolidar al Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un órgano en el que participan varios organismos encabezados por el colegio, como organismo de consulta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que contempla realizar cinco talleres regionales para recoger iniciativas para sumar a un plan nacional de largo plazo; y no menos importante, colaborar en la versión que apruebe el Congreso de la Unión de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, iniciativa recién enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
CON LA DIGITALIZACIÓN de la banca se dio cierta masificación de la misma, pero el costo fue la pérdida del trato humano en los servicios, especialmente con los adultos mayores. Hoy, cuando este grupo ya supera 15% de la población en México y se encamina a 30% para 2050, se da la renovación del convenio entre Banorte y la Condusef, que encabezan Marcos Ramírez y Oscar Rosado, respectivamente; y cobra mayor relevancia, ya que 32% de las quejas en banca provienen de este sector poblacional, así como el nivel de estrés financiero que tiene es de los más altos. Al mejorar los protocolos, reducir abusos y acompañar en la transición digital se busca que la inclusión financiera sea real. A dos años de la primera firma, los adultos mayores califican 10 puntos por arriba al banco, respecto a otros sectores.
LA CRECIENTE FRECUENCIA de desastres naturales ha convertido la prevención en una necesidad estratégica para las empresas. En este escenario, Banamex, que dirige Manuel Romo, presentó una guía, junto con ARISE y el Colegio de México, que ofrece a las Mipymes, herramientas para anticipar riesgos antes de invertir, algo que históricamente han tenido en desventaja. El documento propone dejar atrás la lógica reactiva y migrar hacia decisiones informadas que fortalezcan la continuidad operativa. En un país como el nuestro, tan proclive a este tipo de fenómenos que provocan que pequeñas empresas cierran tras una emergencia, promover esta cultura puede marcar la diferencia.