El cálculo de la revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió que no va a adelantar la votación de revocación de mandato al 2027. El principal dilema era si aparecer en la boleta de las elecciones intermedias del 2027 realmente contribuirá a obtener los votos para mantener la mayoría calificada en el Congreso —con todo y sobrerrepresentación— y si la votación reflejará la aceptación que arrojan los sondeos de las casas encuestadoras.

El viernes pasado, Sheinbaum admitió que su gobierno evalúa modificar las fechas tanto de la elección del Poder Judicial como del ejercicio de revocación. El argumento fueron costos y facilitar la participación de la ciudadanía con menos boletas en 2027; sin embargo, el cálculo político fue que no había certeza del rendimiento real de tener a la presidenta en la boleta el próximo año.

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, también dijo la semana pasada que en la propuesta de reforma electoral no se prevén cambios en las fechas de revocación de mandato ni elección judicial.

Sondeos internos encargados por Morena y por el Ejecutivo estiman que empatar la revocación con la elección intermedia podría aportar entre 8 y 10 puntos adicionales de participación. Lo no tan bueno es que en Palacio Nacional reconocen que el resultado difícilmente replicaría el margen que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando alcanzó cerca de 90% de votos favorables con apenas 18% de participación del padrón. La comparación es inevitable y, según las propias mediciones, un tanto incómoda, pues actualmente López Obrador mantiene niveles de popularidad superiores a los de la presidenta.

Las encuestas también muestran que la presencia de Sheinbaum en la boleta no es directamente proporcional a la votación legislativa. Es decir, esos 8 o 10 puntos adicionales de participación no necesariamente se traducirían en el mismo incremento para diputaciones federales o locales. La presidenta suma, pero no arrastra en automático. Y hay otro dato que preocupa: el desgaste de la marca Morena en estados que hoy gobierna, como Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche. En varios de ellos pesan la violencia e inseguridad, las malas gestiones de sus gobernantes y algunos otros problemas heredados de sus antecesores.

Este buen cálculo contrasta con lo ocurrido con el resto de la reforma electoral, que será enviada a la Cámara de Diputados, que todo indica no avanzará tal como fue presentada. Sin mayoría calificada ni consenso con los partidos aliados, el Verde y el PT, esta podría quedarse en la congeladora. Ayer, en Palacio Nacional, la presidenta volvió a reunirse con sus estrategas para afinar la iniciativa y replantear escenarios.

Sheinbaum diseña su estrategia política rumbo al 2027, apoyada de sus cercanos en el movimiento, el partido y el gabinete, consciente de que al no hacerlo, otros liderazgos tomarán el control y, por lo tanto, la gobernabilidad en la segunda mitad de su gobierno. Y no se diga de su sucesión.

Se sabe que el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y el senador y próximo coordinador de circunscripción, Adán Augusto López, mantienen redes y capacidad de operación propias. Ambos, además, ya trabajan con posibles candidatos que competirán en el 2027.

En este contexto, la elección intermedia será termómetro de las fuerzas dentro de Morena. La operación de la presidenta tiene que ser acertada, porque si su reforma electoral no pasa en los términos planeados y no logra incidir de forma importante en la elección del 2027, su liderazgo podría deteriorarse rápidamente.

Entre los 92 nombres que integran la lista de aspirantes a relevar a David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay dos muy cercanos a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Se trata de Ramón Santos, exauditor general de aquel estado, y Delia González Cobos, actual titular de su Órgano de Fiscalización Superior.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum habría pedido a Alfonso Damián, hermano de su consejera Jurídica, Esthela Damián, no inscribirse por un posible conflicto de interés.

La carta más fuerte de Sheinbaum sigue siendo su excontralor capitalino Juan José Serrano, aunque no descarta a Edwin Meraz Ángeles, actual auditor superior de la Ciudad de México, o algún perfil impulsado por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar. En Palacio Nacional insisten en que la próxima cabeza de la ASF deberá ser una mujer, pero en este caso, y en la propia lista, los perfiles femeninos son escasos. Se habla de Natalia Téllez y María de la Luz Mijangos, pero al parecer ninguna tiene el apoyo total de Palacio Nacional ni de los legisladores.

El sábado pasado se reunieron en la ciudad de Oaxaca el gobernador Salomón Jara y Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El encuentro giró en torno a la situación actual de la minería en la entidad, los conflictos laborales heredados y el potencial de nuevos proyectos, en un contexto de mayor escrutinio ambiental y presión social sobre las concesiones vigentes.

Según el Informe Anual 2025 de la Cámara Minera de México (Camimex), Oaxaca se ubicó en 2024 en el octavo lugar nacional en la producción de oro y plata, lo que confirma que, pese a los conflictos comunitarios y la cancelación o suspensión de algunos proyectos en los últimos años, la entidad mantiene un peso relevante en la extracción de metales preciosos. La minería metálica en el estado se concentra principalmente en distritos como San José del Progreso y otras zonas de la región Valles Centrales y la Sierra Sur, donde operan empresas nacionales y extranjeras bajo un entorno regulatorio más estricto tras la reforma minera federal.

El líder minero, hoy senador por Morena, ha sido uno de los principales impulsores de fortalecer la presencia sindical en el sector y de revisar condiciones laborales en minas activas. Para Oaxaca, que busca detonar inversión sin agravar conflictos sociales, el equilibrio entre desarrollo económico, empleo formal y respeto a comunidades será determinante.

Un dato importante ahora que se anunció el concurso mercantil de TV Azteca es que la televisora ya pagó la totalidad de sus adeudos fiscales con el SAT. La empresa liquidó más de 5 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales firmes, con lo que cerró uno de los frentes más delicados que mantenía abiertos con el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, el concurso mercantil no obedece a un conflicto vigente con el fisco, sino a otros compromisos financieros de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

El pago formó parte del acuerdo más amplio alcanzado entre Grupo Salinas y el SAT a inicios de 2026, mediante el cual se pactó cubrir 32 mil 132 millones de pesos para concluir un litigio de 18 años, tras una reducción sobre la deuda original que rondaba los 51 mil millones. Se realizó un primer abono superior a los 10 mil millones de pesos y el resto quedó calendarizado en parcialidades. En esa negociación, la situación fiscal de TV Azteca quedó regularizada.

La televisora enfrenta presiones por adeudos con acreedores en Estados Unidos que reclaman cerca de 600 millones de dólares, además de un entorno operativo complejo en publicidad y contenidos. El concurso mercantil busca reordenar esas obligaciones financieras bajo supervisión judicial y ganar tiempo para una reestructura integral, ahora sin el frente abierto con el SAT que durante años pesó sobre el grupo.