Un grupo de prestigiados investigadores del INAH lo considera un “crimen de lesa arqueología”. Sitios arqueológicos localizados en los tramos 6 y 7 del Tren Maya fueron desmontados, mutilados, separados de sus contextos originales. Las piedras milenarias de sus fachadas fueron llevadas a otros sitios, dejando tras de sí el resto de los edificios: una estela de destrucción que no podrá ser reparada jamás.
Al menos 47 monumentos resultaron afectados: se los llevaron, vacíos ya de todo significado, para decorar los llamados “Parques de la Memoria”, en Baláam Tum, Chetumal, así como en K’awill, Campeche. O más bien, como afirma el arqueólogo Jesús Sánchez Bueno, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, para ocultar la gigantesca devastación del patrimonio arqueológico que se llevó a cabo en el sureste mexicano.
Según el arqueólogo, para llevar a cabo el salvamento arqueológico indispensable en los más de 1,500 kilómetros en que se extiende el Tren Maya, una de las obras más costosas e inútiles ordenadas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habrían necesitado años de estudio y planeación.
Pero la obra se hizo en dos años a costa de una destrucción brutal.
“Parques de la memoria” es un nombre hermoso que disfraza una devastación del patrimonio sin precedentes, según el dictamen realizado, tras una inspección en la zona, por la Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico.
El documento, de 20 páginas, está firmado por arqueólogos de la talla de Sergio Gómez -al que debemos los más importantes hallazgos arqueológicos realizados en Teotihuacán en los últimos años, lo mismo que su preservación-, y por una veintena de investigadores como John Joseph Temple, Noemí Castillo Tejero, Janis Rojas Gaytán, Saúl Alcántara y Sandra Balanzario.
El anuncio de la creación del “Parque de la Memoria Baláam Tum” hizo que una comisión de arqueólogos se apersonara en la zona “para inspeccionar y dictaminar tales obras”. Fueron recibidos por un arqueólogo y un militar que les negaron el paso. Un informe que el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer escribió luego de realizar una inspección en gran parte de estos tramos, desató la preocupación y la indignación de los investigadores. Reportes de arqueólogos como José Manuel Sandoval, hablaban de tramos completamente destruidos por los trascabos.
Sergio Gómez, Jesús Sánchez y Jaime Garduño, con oficios de la Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico, llevaron a cabo una inspección técnico-académica en el parque. Su dictamen es demoledor. Según la explicación de Jesús Sánchez: en las prisas por justificar la construcción del Tren Maya fueron trasladadas al parque las piedras de las fachadas, pero se abandonó todo contexto:
“Al extraer las piedras se despojó a cada de uno de esos yacimientos de sus elementos arquitectónicos y urbanos. Jamás se podrá reconstruir ese contexto que permitía explicar qué había ocurrido en esos sitios. Cuál era su sistema urbano, cuál era su relación con el entorno selvático, cómo se llevaban a cabo las actividades de comercio, residencia, vivienda… Todo eso se borró. Lo que los arqueólogos excavan con cucharilla y picahielo algunas veces durante años, aquí lo hicieron con trascabos, dejando que se perdiera todo”.
Para colmo, los edificios no fueron trasladados al parque respetando su posición original. “El supuesto Parque de la Memoria es una falsedad, una simulación, una mentira vil y un crimen de lesa arqueología. Lo que dejaron atrás no tiene nombre. Si tuviéramos un solo juez decente, esto sería gravemente sancionado. No solo eso: están sentando un grave precedente. Los dueños de cualquier hotel podrán llegar a partir de hoy a pedir que se remuevan los yacimientos arqueológicos como lo hicieron quienes autorizaron este fraude”, agrega Sánchez.
El responsable del salvamento arqueológico en la zona del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, ha sido señalado por los arqueólogos como el responsable de haber autorizado y justificado lo que consideran un atentado contra la Ley de Monumentos. Las evidencias de la destrucción de Baláam Tum fueron presentadas en el Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación. Los investigadores retaron al INAH, que en su defensa ha presentado una serie de boletines y ha demandado incluso a alguno de los arqueólogos, a sostener, con pruebas y evidencias, un debate público.
“Lo que fue llevado al parque de ninguna manera se puede considerar monumentos arqueológicos. Simplemente, hicieron cajones de mampostería, los rellenaron con piedra y tierra, y los revistieron con algunas de las piedras de las fachadas originales. Lo peor es que las estructuras originales ya quedaron desprovistas de todo sistema de contención, y están listas para desintegrarse. No hay absolutamente ninguna ley que permita esta clase de atrocidades. Lo que hicieron en la zona fue desvirtuar la ciencia arqueológica no solo mexicana, sino mundial”, concluye Sánchez.
¿Quién pagará por estos daños? Probablemente nadie. Solo queda esperar que se los cobre la Historia.