Un tribunal federal sancionó con 10 años de inhabilitación y una multa de 6.8 millones de pesos al ingeniero militar Omar René Martínez Hernández por irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en 2021.
De acuerdo con la resolución, el entonces capitán del Ejército recibió equipo en su frente de obra sin que existiera un contrato formal con la empresa proveedora, lo que derivó en un daño al erario. Los hechos ocurrieron en junio de ese año, cuando Martínez Hernández se desempeñaba como residente del Frente 38, en la zona de Servicios de Apoyo a la Operación.
El fallo detalla que la maquinaria comenzó a entregarse el 7 de junio de 2021, mientras que el contrato fue firmado hasta el 7 de septiembre, es decir, tres meses después. Además, se estableció que la empresa involucrada no contaba inicialmente con el giro para rentar maquinaria pesada, ya que modificó su objeto social días después de iniciar la entrega del equipo.
Las autoridades determinaron que la decisión de rentar la maquinaria, en lugar de optar por un contrato de arrendamiento con opción a compra, generó un perjuicio económico de 6.8 millones de pesos. Este monto corresponde a la diferencia entre el costo de renta durante seis meses y el valor comercial de venta del equipo.
La sanción, notificada el pasado 15 de enero, representa el primer caso público de una falta administrativa grave contra ingenieros militares involucrados en la construcción del AIFA, obra que estuvo bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El militar sancionado ya interpuso una apelación, por lo que el caso será revisado por una instancia superior. En su defensa, argumentó que la Fiscalía Militar no encontró delito que perseguir y sostuvo que devolvió 120 millones de pesos de los 500 millones que administró, además de que la obra fue entregada sin observaciones.
Durante la construcción del AIFA, la Sedena reservó diversos contratos bajo el argumento de seguridad nacional, por lo que varios detalles de las adjudicaciones han sido conocidos posteriormente mediante revisiones, entre ellas las realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, aunque este contrato en particular no formó parte de los informes públicos iniciales.
