La campaña electoral de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Morena en Tequila, Jalisco, reportó oficialmente 158 mil 484 pesos de gasto total durante el proceso electoral de 2024, una cifra que se ubica muy por debajo del límite permitido y que contrasta con los señalamientos de presunto financiamiento ilegal vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según registros del Instituto Nacional Electoral (INE), Rivera Navarro declaró haber utilizado 65% del tope de gasto de campaña permitido en ese municipio, fijado en aproximadamente 242 mil pesos.
La información oficial señala que los 158 mil 484 pesos reportados provinieron de tres fuentes: 22 mil 500 pesos aportados por el propio candidato, 43 mil 49 pesos provenientes de simpatizantes y 92 mil 934 pesos transferidos por las cuentas concentradoras de los partidos de la coalición.
Sin embargo, una investigación incluida en el libro Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, elaborada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, indica que el gasto real de las campañas en elecciones anteriores llegó a ser en promedio 15 veces mayor a lo reportado oficialmente. Bajo esa estimación, la campaña municipal de Rivera Navarro podría haber costado al menos 2.3 millones de pesos.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el CJNG habría financiado parte de la campaña de 2024 y además habría participado en el secuestro de dos candidatos de Morena en 2021, quienes posteriormente renunciaron a la contienda, lo que permitió que Rivera Navarro compitiera sin esos rivales en el proceso electoral.
El monto del presunto financiamiento del crimen organizado no está determinado. No obstante, denuncias públicas citadas en la investigación señalan que las actividades de extorsión y cobro de piso vinculadas al exalcalde habrían generado hasta 7 millones de pesos mensuales, además de señalamientos sobre un supuesto acuerdo para destinar 40 millones de pesos del presupuesto municipal al CJNG.
En la contabilidad presentada ante el INE, la principal fuente de aportaciones de simpatizantes —43 mil pesos— corresponde a la donación en especie de una camioneta Chevrolet S10, con placas U88928, registrada a nombre de Diego Muñoz Cardona. De acuerdo con la documentación presentada, no se reportaron aportaciones en efectivo de simpatizantes.
Con base en esos registros, la campaña habría contado con 115 mil pesos en efectivo para gastos directos, ya que el resto corresponde a aportaciones en especie.
Durante la jornada electoral también se reportaron testimonios de presuntos pagos de 500 pesos por voto en favor del candidato. Con el monto total de gasto reportado, habría sido posible pagar 316 votos, mientras que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” obtuvo 7 mil 490 sufragios en la elección municipal.
En los informes entregados al INE, los principales rubros de gasto reportados fueron propaganda, operación de campaña y propaganda utilitaria, además de montos menores para redes sociales, propaganda en vía pública y producción de mensajes.
De acuerdo con el reporte contable, la mayor parte del financiamiento provino de los partidos de la coalición integrada por Morena, PT, PVEM, Hagamos y Futuro. El candidato también reportó un contrato por 68 mil 440 pesos para propaganda y artículos utilitarios con la empresa Marketing Global Jolidyn.
Esta empresa fue creada en mayo de 2021 y aparece registrada en el Padrón de Contratistas del municipio de Juanacatlán, Jalisco, durante los años 2022 y 2023. En su acta constitutiva se identifica a Sandra Nohely Álvarez Sánchez como gerente administrativa.
Diversos reportes periodísticos han señalado previamente a Álvarez Sánchez por presuntos vínculos con la llamada “Red Peña”, un conjunto de empresas asociadas con José Rigoberto Peña Rubio, exdirector general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio de El Salto, Jalisco, que recibió 61 contratos por un monto total de 109 millones de pesos.
Los señalamientos sobre posibles vínculos de Rivera Navarro con el crimen organizado se remontan al proceso electoral de 2021, cuando se registró el secuestro de dos aspirantes de Morena que posteriormente abandonaron la contienda. A pesar de ello, el candidato recibió respaldo público en mensajes promocionales durante el proceso electoral.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sostiene que el modelo actual de fiscalización electoral se centra en revisar los reportes contables presentados por los propios candidatos y en verificar que no rebasen los topes de gasto, lo que, según el análisis, limita la detección de financiamiento ilícito que no se registra oficialmente.
La Constitución mexicana establece que una elección puede anularse si se rebasa el tope de gasto de campaña en más de 5% o si se utilizan recursos de procedencia ilícita, aunque el sistema electoral mantiene como eje principal la revisión de la contabilidad entregada por los candidatos.
