Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas dentro del servicio público, diputados del Congreso del Estado de Sonora presentaron una iniciativa para tipificar el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves, lo que permitiría sanciones como destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La propuesta plantea reformar la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora para incorporar de manera explícita estas conductas dentro del marco legal administrativo, además de establecer un sistema integral de prevención, protección y sanción en la administración pública estatal.
La iniciativa fue presentada en tribuna por la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario, quien explicó que el objetivo es fortalecer el Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública estatal.
“El planteamiento establece que estas conductas no estaban previstas de forma expresa en la legislación vigente, por lo que ahora se busca incorporarlas como faltas graves que puedan derivar en sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas”, señaló la legisladora durante la presentación.
La iniciativa sostiene que el acoso y el hostigamiento sexual no deben considerarse simples faltas éticas, sino formas de violencia que vulneran la dignidad de las personas, afectan el funcionamiento institucional y generan entornos laborales hostiles, particularmente para mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la propuesta, incurrirá en acoso sexual cualquier persona servidora pública que realice conductas de naturaleza sexual o con connotación lasciva sin el consentimiento de la persona destinataria, independientemente de que exista o no una relación jerárquica, siempre que dichas acciones atenten contra la dignidad, integridad o generen un ambiente laboral adverso.
En el caso del hostigamiento sexual, se configurará cuando la persona servidora pública utilice su posición jerárquica o una relación de poder en el ámbito laboral para realizar acciones, expresiones o comportamientos con fines sexuales ofensivos o degradantes, afectando la dignidad de la persona subordinada o el desempeño del servicio público.
El diputado Omar Francisco del Valle Colosio señaló que recientemente se presentó a nivel federal una iniciativa con características similares, por lo que consideró necesario armonizar y fortalecer el marco normativo local para garantizar entornos laborales seguros dentro de la administración pública estatal y municipal.
La propuesta fue presentada de manera conjunta por legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Solidario, y fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
