El domingo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) emitió un comunicado que debería encender todas las alarmas en el tablero de la vida democrática y la libertad de información en México. Tras más de dos décadas de fortalecer el debate público con rigor técnico, el centro de investigación ha sido despojado de su estatus de donataria autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo que a primera vista podría parecer un trámite burocrático es en realidad un eslabón más en una cadena de hostigamiento sistemático contra las voces críticas de la academia y la sociedad civil que comenzó el sexenio pasado y que hoy, lejos de amainar, parece perfeccionarse mediante la asfixia administrativa.
La memoria no es corta. Aún resuena la persecución penal contra 31 científicos e investigadores del entonces Conacyt, acusados de delincuencia organizada en un desplante de autoritarismo sin precedentes. Ahora, el turno es para el Imco, una organización delgada cuya principal herramienta es el dato y cuya mayor amenaza para el poder es la evidencia.
El mecanismo de asfixia es sofisticado, pero no deja de ser punitivo. Una reforma legal obliga ahora a las donatarias a acreditar sus actividades ante la dependencia pública correspondiente. Por ejemplo, quien trabaja en equidad de género necesita el aval de la Secretaría de las Mujeres; si lo que se hace es investigación técnica o científica, le corresponde a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). El Imco cumplió con el trámite y obtuvo su acreditación por parte de esa última dependencia. Sin embargo, el SAT revocó su estatus alegando que el funcionario que firmó dicho documento no contaba con las facultades necesarias.
Lo kafkiano del asunto es que hoy, ni el SAT ni la Secihti se dignan a aclarar quién es la persona “facultada” para firmar. Ante el silencio oficial, el Imco ha presentado una nueva acreditación por actividades relacionadas con la equidad de género y está en espera de una respuesta.
En mi labor periodística, tanto en los micrófonos de Imagen Radio como en las páginas de Excélsior, el Imco ha sido una fuente de consulta indispensable. Sus expertos han ayudado a nuestra audiencia a desentrañar temas de una complejidad árida, desde la productividad estatal hasta los índices de competitividad urbana que revelan por qué unas ciudades prosperan y otras se estancan. Perder esa brújula técnica es quedar a merced de la propaganda.
Mientras el Imco recupera su estatus –tiene un año para hacerlo–, queda condenado a operar como una asociación civil ordinaria. Esto no es un cambio menor: le impone una carga fiscal y administrativa brutal. Al no poder expedir recibos deducibles, el flujo de recursos se corta de tajo, pues muchas fundaciones tienen prohibido por estatutos donar a entidades que no sean donatarias. Además, el pago de IVA y la presentación de declaraciones mensuales saturan la capacidad de una organización diseñada para investigar, no para litigar eternamente contra el fisco.
Lo más preocupante es el contraste de velocidades. Mientras al Imco se le imponen laberintos burocráticos, recordamos la celeridad con la que se otorgó la condición de donataria a la organización “Humanidad con América Latina”, armada al vapor para canalizar recursos en apoyo al régimen autoritario de Cuba. La selectividad oficial es elocuente: alfombra roja para los amigos del régimen y los compañeros de viaje ideológicos, asfixia reglamentaria para los centros de pensamiento independientes.
Si esta situación no se resuelve pronto, será imposible no pensar mal de las intenciones del gobierno. La democracia no sólo se mide en las urnas, sino en la salud de sus instituciones intermedias. Un país que castiga el análisis técnico y premia la lealtad ideológica es uno que renuncia a su competitividad y, lo más grave, a su derecho a conocer la verdad sobre sí mismo. Es imperativo que el estatus de donataria del Imco sea restituido; de lo contrario, confirmaremos que el pedestal moral desde el que se gobierna no tolera la luz de los datos.