El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que este mes de marzo comenzará la construcción del hospital en Ures destinado a atender a personas afectadas por el derrame de metales pesados ocurrido en 2014 en una mina de Grupo México, con una inversión inicial de 500 millones de pesos.
Durante su conferencia semanal, el mandatario estatal explicó que el proyecto contempla un hospital y un laboratorio especializado en metales pesados, infraestructura que fue prometida tras el desastre ambiental que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi hace más de una década.
“Tengo ya disponibles 500 millones de pesos para construir un hospital y un laboratorio de metales pesados, que yo espero que estemos poniendo en el transcurso del mes de marzo la primera piedra”, afirmó.
Durazo recordó que la construcción de esta unidad médica fue un compromiso planteado desde 2014, cuando ocurrió el derrame, y señaló que actualmente ya existe proyecto ejecutivo para iniciar los trabajos. No obstante, explicó que aún se realizan gestiones administrativas para que IMSS-Bienestar pueda asumir la propiedad del terreno, el cual actualmente pertenece a Grupo México.
“Es un hospital que se comprometió en el 2014, y me tocó pelear por él como diputado federal y ahora me va a tocar construirlo como gobernador”, expresó.
Sin embargo, el anuncio ha generado cuestionamientos por parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización que agrupa a habitantes de las comunidades afectadas por la contaminación y que desde entonces exige justicia y reparación por el daño ambiental.
Integrantes de los comités señalan que han sido excluidos de momentos clave del proceso y que la atención médica urgente para las personas expuestas a la contaminación continúa sin concretarse.
Además, advierten que para iniciar la obra serán demolidos los avances de un hospital previamente construido como parte de los compromisos de Grupo México, el cual nunca fue terminado.
“Se va a demoler lo que ya está, lo que ya habían hecho. El hospital viejo se va a derrumbar para empezar de cero porque dicen que no reúne condiciones para el laboratorio toxicológico. ¿Cuántos años más va a tomar?”, señaló Micaela Vera, habitante de las zonas afectadas e integrante de los CCRS.
De acuerdo con la también abogada, en los últimos meses se han sostenido reuniones entre las comunidades y diversas autoridades; sin embargo, afirmó que algunos funcionarios federales han enviado representantes sin capacidad de decisión, lo que ha dificultado el avance de los acuerdos.
Uno de los casos señalados es el de Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal de IMSS-Bienestar en Sonora, quien, según los comités, ha enviado delegados que no cuentan con información suficiente sobre el caso.
“Estos representantes no están enterados del tema del río. Van a las reuniones y nos dicen lo que les dan para leer, pero cuando hacemos preguntas no saben dar respuestas”, afirmó Vera.
Además de la construcción del hospital, las comunidades han insistido en la necesidad de medidas inmediatas de atención médica para las personas que continúan expuestas a la contaminación, un tema que fue planteado públicamente por los CCRS a principios de febrero mediante un comunicado.
En dicho posicionamiento, titulado “Sin calendario ni acciones urgentes en salud: CCRS señalan vacíos tras reunión con autoridades sobre Río Sonora”, los habitantes denunciaron la ausencia de un plan concreto para atender los posibles efectos en la salud derivados del derrame.
Según lo expuesto por autoridades en reuniones recientes, para acceder a atención especializada primero se requiere que un médico determine que existe sospecha de afectaciones vinculadas con la contaminación ambiental, una postura que fue cuestionada por los pobladores.
“Yo levanté la mano y les dije: ‘¿qué más sospecha quieren, si vivo en la cuenca?’”, relató Micaela Vera.
