Una escalada de declaraciones incendiarias, presiones políticas y acciones desde el Gobierno federal ha incrementado el temor entre analistas y opositores de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busque influir de manera directa en las elecciones legislativas de medio mandato previstas para el próximo noviembre.
El contexto electoral se complica para el Partido Republicano ante el descenso en la popularidad presidencial, impulsado principalmente por la percepción negativa sobre la economía y el costo de la sanidad. Según una encuesta reciente del Centro Pew, siete de cada diez votantes consideran que la economía va por mal camino, mientras que el índice de aprobación de Trump se sitúa en 41%, seis puntos menos que hace un año, de acuerdo con Cook Political Report.
De mantenerse esta tendencia, los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso el 3 de noviembre. La Cámara de Representantes, donde el margen republicano es de apenas cuatro escaños, podría pasar a manos demócratas, y por primera vez en el segundo mandato de Trump, también se contempla la posibilidad de perder el Senado, actualmente con mayoría republicana de 53 a 47.
“El eje está en la economía y en el costo de la sanidad, donde los demócratas han ganado el relato”, señaló el analista republicano Frank Luntz, al reconocer que ambos temas favorecen actualmente a la oposición.
El control del Congreso permitiría a los demócratas bloquear la agenda presidencial y abrir la puerta a un eventual juicio político, escenario que genera especial preocupación en el entorno de Trump.
Durante el último año, el mandatario ha presionado a legisladores estatales republicanos para modificar distritos electorales y ha respaldado la iniciativa conocida como Save Act, que restringiría el voto por correo y exigiría prueba de ciudadanía al momento de votar, pese a que el sufragio de extranjeros ya es ilegal.
Paralelamente, Trump ha intensificado su discurso sobre un supuesto fraude electoral. El domingo reiteró en su red social que “las elecciones de Estados Unidos están amañadas” y llamó a los republicanos a respaldar el Save America Act.
En semanas recientes, el presidente incluso planteó la posibilidad de “nacionalizar” las elecciones, pese a que la Constitución asigna su organización a los estados. En entrevistas y podcasts afines, sostuvo que el Gobierno federal debería intervenir en algunos territorios ante lo que calificó como “corrupción horrible”.
En una entrevista con NBC, Trump afirmó que solo aceptará los resultados si considera que las elecciones son “honestas”, mientras que aliados como Steve Bannon han sugerido la presencia de agentes del ICE cerca de los centros de votación, posibilidad que la Casa Blanca no descartó de forma explícita.
Además, el Departamento de Justicia ha exigido registros electorales a múltiples estados, presentando demandas contra cerca de la mitad de ellos. Al menos 11 estados, todos gobernados por republicanos, ya entregaron la información. En Minnesota, autoridades locales denunciaron presiones vinculadas al retiro de agentes migratorios.
La semana pasada, el Departamento de Justicia realizó una incautación inédita de votos del condado de Fulton, en Georgia, para investigar las elecciones de 2020, en una operación en la que estuvo presente la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard.
Esta semana, el FBI convocó a altos funcionarios electorales estatales a una reunión sobre los “preparativos” de los comicios, con la participación de diversas agencias federales, según reportó el medio Politico.
Mientras tanto, los demócratas registraron un triunfo relevante en Texas, donde su candidata ganó una elección especial en un distrito que Trump había ganado ampliamente en 2024, resultado que algunos republicanos han calificado como una señal de alerta interna.
