Toda la podredumbre

Desde un Tsuru sin placas fue acribillado hace una semana en Jiutepec el excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad, Alfonso Moreno Tacuba. Era el responsable de las operaciones policiales en Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y le reportaba de manera directa al comisionado José Antonio Ortiz Guarneros.

Moreno Tacuba había salido de la corporación al terminar el sexenio de Blanco. Lo asesinaron muy cerca del sitio donde el 15 de enero pasado dos agentes de investigación criminal de la fiscalía del estado fueron emboscados por un grupo de sicarios: uno de los agentes perdió la vida al instante; el otro sobrevivió durante 19 días. Los testigos señalaron que una de las víctimas había logrado descender del auto en que viajaban, e intentó guarecerse de las balas en una calle cercana. Sin embargo, fue abatido.

Las autoridades sostienen que ambos elementos continuaban una investigación que condujo al desmantelamiento de un narcolaboratorio que llevaba siete años funcionando en Jiutepec, y dejaba ganancias por más de 300 millones de pesos mensuales.

El narcolaboratorio, en que se producía sobre todo “cristal”, pertenecía al grupo criminal conocido como Los Linos: una de las organizaciones delincuenciales que operaron con luz verde a lo largo del sexenio pasado, con Jiutepec y Yautepec como centro de operaciones, y con juego en Cuernavaca, Emiliano Zapata y Tlaltizapán.

El asesinato del excoordinador operativo de la CES, Alfonso Moreno Tacuba, se halla estrechamente ligado a otros hechos: la detención por parte de la Secretaría de Seguridad estatal, a finales del año pasado, de un hijastro de Lino Adame Sotelo, el líder de Los Linos, y la captura —el 28 de enero pasado— de un aspirante a convertirse en jefe de plaza de este grupo en Jiutepec: un sujeto conocido en el oriente de Morelos como El Pompi.

El homicidio del policía más poderoso en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, cuando éste se hallaba ya en el retiro, y luego de una serie de golpes de la actual administración en contra de un grupo criminal que prácticamente no fue tocado en “el sexenio de los abrazos”, ha sido leído por fuentes de inteligencia como una venganza o un ajuste de cuentas que revela el nivel de involucramiento al que llegaron autoridades de Morelos y grupos del crimen organizado.

¿Le cobraron a Moreno Tacuba pactos que no fueron sostenidos?

La filtración de documentos de la Sedena, conocida como GuacamayaLeaks, reveló que inteligencia naval había reportado al Ejército que varios funcionarios del gobierno de Blanco se hallaban vinculados al crimen organizado: en dichos documentos aparecieron, por ejemplo, el consejero jurídico del gobernador, Samuel Sotelo Salgado, y el secretario de Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Aparecieron también 18 alcaldes de Morelos que habían ejercido el cargo entre 2018 y 2021. Entre estos se halla el expresidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, postulado al cargo por Morena. Ya no cuesta trabajo creerlo, pero Reyes Reyes es el actual líder de los diputados guindas en el Congreso estatal.

Conocido como “El Triple R”, el legislador fue amenazado por Los Rojos y por Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias El Señorón o El Colombiano, en narcomantas abandonadas frente al Palacio Municipal donde despachaba. Desde entonces se le ligó con Los Linos, quienes llegaron a Morelos como miembros de Guerreros Unidos —el grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa— con la misión de enfrentarse a Los Rojos. Pronto, sin embargo, se independizaron.

Desde 2014, los nombres de dos de ellos, Rodolfo y Carlos Adame Sotelo, aparecieron en narcomantas dejadas por sus rivales. Tres años más tarde, los tres líderes del grupo, Lino, Rodolfo y Carlos fueron aprehendidos por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad que dirigía Alberto Capella. Amenazaron a muerte a los agentes que los detuvieron. Mandaron espiar sus domicilios e incluso tomar fotos de sus familias.

Solo permanecieron tres meses en prisión. Una jueza los liberó en mayo de 2017. Desde entonces han mantenido el control de sus municipios, manejando el tráfico de drogas y otras actividades, como el robo de vehículos.

En diciembre de 2024 nueve hombres fueron ejecutados en una bodega de Jiutepec donde se almacenaban autopartes robadas. Los nueve, según la fiscalía, estaban “enfiestados”. Algunos de ellos entregaban autopartes robadas a cambio de droga, a una célula de la Familia Michoacana que intentaba meterse en el estado.

Los Linos detectaron la operación y en unos minutos perpetraron una masacre. Hoy ajustan cuentas por el desmantelamiento de un narcolaboratorio, con el que perdieron millones, y por la captura de gente de su primer círculo: una semana después del homicidio del excoordinador Moreno Tacuba, asesinaron por la espalda a un agente vial.

Según los reportes federales que solamente han quedado en eso, en simples reportes, los protegen alcaldes, diputados, senadores: toda la podredumbre que ha dejado perder Morelos.