La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta no sólo a los cárteles del narcotráfico, sino a una estructura de colusión política profundamente arraigada que podría poner en riesgo su propia coalición de gobierno si se confronta a fondo, advierte un artículo de opinión publicado este jueves en The New York Times.
En el texto titulado “No son los cárteles lo que preocupan a Claudia Sheinbaum”, la periodista Mary Beth Sheridan sostiene que la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en impulsar acciones militares contra el narcotráfico dentro de México ignora la dimensión política del problema.
“El problema no es simplemente que los grupos del narcotráfico ataquen al Estado. Es que con frecuencia forman parte de él”, escribe la autora.
Sheridan plantea que combatir al crimen organizado implica desmantelar redes locales de poder y enfrentar a políticos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales, incluidos integrantes del partido gobernante, Morena. En ese contexto, recuerda que Trump ha acusado públicamente a Sheinbaum de estar “atemorizada” por los cárteles y de no ejercer un control real sobre el país.
No obstante, el artículo sostiene que la cautela de la presidenta frente a una “guerra total” contra el narcotráfico responde más a cálculos políticos que a un temor personal. A diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum —según la autora— no controla plenamente a Morena, partido que describe como dividido entre facciones leales a la actual mandataria y al ex presidente. Avanzar contra figuras políticas presuntamente coludidas con el crimen, advierte, podría debilitar al partido de cara a las elecciones intermedias.
La columnista subraya que la colusión entre autoridades y organizaciones criminales tiene raíces históricas. Cita al historiador Benjamin T. Smith, quien documenta que durante décadas gobiernos estatales y municipales protegieron a traficantes a cambio de sobornos, una práctica que —afirma— persistió tras la transición democrática y la estrategia antidrogas iniciada en 2006. En ese marco, señala que los cárteles actuales operan como poderes territoriales, con vínculos estrechos con alcaldes y gobernadores, incluidos algunos de Morena.
Como ejemplo, Sheridan menciona el caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco, quien de acuerdo con documentos de inteligencia militar habría colaborado con un grupo criminal mientras ocupaba el cargo. Bermúdez fue designado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena, quien ha negado tener conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de su ex colaborador, declaraciones que —según el texto— han generado escepticismo incluso dentro del propio partido.
El artículo concluye que Sheinbaum puede no temer personalmente a los cárteles, pero sí a las consecuencias políticas de enfrentar un sistema de colusión que se ha mantenido vigente durante años, en un contexto de presión externa desde Washington y de equilibrios internos aún frágiles.
