El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en uno de los principales lastres para la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. La persistente violencia en la entidad complica la narrativa de resultados que busca consolidar la mandataria a través de su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Cada episodio de alto impacto en ese estado tiene repercusiones nacionales e internacionales.
El secuestro y posterior hallazgo sin vida de varios trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver volvió a colocar a Sinaloa en el radar global. La empresa informó este lunes que fueron encontrados muertos empleados que habían sido privados de la libertad hace dos semanas, de acuerdo con reportes de familiares de las víctimas. Más allá de las investigaciones en curso y de que las autoridades han señalado disputas entre grupos criminales como posible contexto, el hecho ocurre en el estado que concentra actualmente una fuerte presencia de fuerzas federales, lo que abre dos lecturas posibles: o la estrategia enfrenta límites importantes ante la fragmentación criminal o los grupos delictivos están enviando un mensaje de desafío abierto al Estado.
El momento no podría ser más delicado. Este domingo llega a México la mayor delegación de empresarios canadienses que se haya recibido en el país: alrededor de 400 hombres y mujeres de negocios realizarán visitas de trabajo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La coincidencia temporal entre la misión empresarial y la confirmación de la muerte de trabajadores de una minera canadiense en territorio mexicano genera preocupación en el sector inversionista. Canadá es uno de los principales socios en minería y energía bajo el paraguas del T-MEC y cualquier señal de inseguridad impacta en la percepción de riesgo país.
A ello se suma el ataque ocurrido semanas atrás contra los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano, caso en el que se ha mencionado la posible participación de “Los Chapitos”, aunque las investigaciones continúan y no hay conclusiones definitivas sobre los móviles. En el debate político local han surgido versiones que atribuyen motivaciones distintas a las estrictamente criminales; es decir, las de un posible sabotaje a la estrategia de seguridad federal. Lo que es un hecho es que la violencia reiterada deteriora la gobernabilidad y enrarece la relación entre autoridades estatales y federales.
Dentro del gabinete de seguridad federal hay conciencia de que cada evento en Sinaloa tiene un efecto multiplicador sobre la imagen del país, sobre la del secretario García Harfuch y, por extensión, sobre la propia Presidenta. En un contexto preelectoral rumbo a 2027, la seguridad será el principal indicador de desempeño del nuevo gobierno. En ese entorno, la percepción de descontrol en una entidad como Sinaloa puede convertirse en un factor de presión.
Las declaraciones del gobernador de Sinaloa han sido lamentables. Ante el caso de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver dice su gobierno no cuenta con información detallada del caso porque la investigación fue formalmente atraída por la Fiscalía General de la República y ha insistido en que corresponde a esa instancia federal actualizar avances y datos oficiales. Cuando se le cuestionó sobre reportes de familiares de las víctimas, el gobernador llegó a preguntar directamente de dónde provenían esas fuentes y dijo no tener mayores datos al respecto, subrayando que “no tienen mayor información sobre esto y no corresponde especular”. Asimismo, Rocha ha descartado que el móvil de la desaparición sea el cobro de extorsiones, con base en la información preliminar disponible, aunque el caso sigue bajo investigación.
Si la violencia continúa escalando en el estado, el desgaste político alcanzará inevitablemente al gobierno federal, independientemente de las responsabilidades locales. Para Claudia Sheinbaum el desafío no es sólo sostener la narrativa de reducción de homicidios y otros delitos, al tiempo que se combate frontalmente a los grupos criminales, en consonancia con los deseos de Estados Unidos; el gobierno tiene que demostrar que la estrategia puede contener y revertir los episodios de alto impacto en estados como Sinaloa que dañan la imagen del país y pondrán a prueba a Morena en el 2027.
Sinaloa se ha convertido en el reto más difícil para Sheinbaum. Mantener a Rocha Moya al frente del gobierno le está cobrando una factura muy cara a la administración federal. El gobernador se tiene que ir. ¿Lo entenderán a tiempo o cuando ya sea demasiado tarde?
Posdata 1
Encuestas internas de Morena levantadas hacia finales del 2026 y en el arranque del presente año —y que circulan entre operadores nacionales— muestran un desgaste evidente de la marca en la entidad y, sobre todo, una caída pronunciada en la aprobación del gobernador Rubén Rocha Moya. Los números, según quienes los han visto, colocan su aceptación por debajo de 30% en algunos cortes y disparan negativos por encima de 60%, con la seguridad como principal factor de rechazo. No solo es el desgaste personal del mandatario, sino que la intención de voto por el partido oficialista ya no luce fuerte. En el cuarto de guerra morenista se habla de un escenario competitivo e incluso de riesgo real de perder la gubernatura en 2027 si no hay un relevo fuerte y una operación política eficaz.
Lo que está en juego, además de la gubernatura, es el control del Congreso local y los 20 ayuntamientos, incluidos los estratégicos Culiacán, Mazatlán y Ahome. En el PRI vuelve a mencionarse al senador Mario Zamora Gastélum como eventual candidato natural; en el PAN se posiciona el diputado y dirigente estatal Juan Carlos Estrada Vega; y en Movimiento Ciudadano se exploran perfiles ciudadanos y empresariales que puedan capitalizar el voto de castigo. Del lado de Morena, los nombres que más se miden son el senador Enrique Inzunza Cázares, la senadora Imelda Castro Castro y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en una contienda interna que podría ser áspera y definirse más por la cercanía con Palacio Nacional que por la popularidad local.
La pregunta, cuya respuesta incluso ha generado apuestas, es si llegará Rubén Rocha Moya al final del sexenio sin enfrentar procesos judiciales. En los corrillos políticos se habla de investigaciones abiertas y de la presión que podría escalar tanto en México como en Estados Unidos. La incógnita es si el aparato político federal y el propio movimiento tendrán la capacidad y la voluntad de blindarlo, o si el costo electoral en 2027 será demasiado alto para sostener esa defensa.
Posdata 2
Tal y como lo expuse este miércoles, la industria de la radio y la televisión en México está al borde de una huelga nacional. Las negociaciones del contrato colectivo de trabajo no llegaron a buen puerto. La oferta patronal retrocedió de un 3.5% a un 3% de aumento salarial y no contempla ningún incremento en prestaciones. La fecha límite para cerrar un acuerdo era el último día de enero. Ayer, los sindicatos descartaron regresar a la mesa con esas condiciones.
La crisis escaló este martes con la convocatoria de la Secretaría del Trabajo a una reunión de emergencia a las 11 de la mañana. Fue uno de los últimos esfuerzos para evitar un estallido de huelga. Gobiernos y patrones –incluidos en la CIRT– no planean ceder frente al SITATYR, que encabeza Ernesto Arellano, y la STIRT, de Ricardo Acedo.
Si no hay avances concretos, la huelga se detonará el 15 de febrero. Eso implica una paralización de operaciones en radio y televisión con impactos directos en emisiones, publicidad, noticias y cobertura local. Particularmente en las plazas del interior del país, donde muchas estaciones sobreviven con márgenes ajustados y están expuestos a las extorsiones y amenazas del crimen organizado.
Posdata 3
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, que lleva Jacobo Olaf Rodríguez García, firmó dos contratos para garantizar el suministro de gas LP y diesel en los centros federales de reinserción social durante el 2026, acuerdos que en conjunto suman más de 115 millones de pesos. El contrato PRS/DGAF/S/015/2026 fue adjudicado a la empresa Amron Energy SA de CV por un monto máximo con impuestos de 94 millones 922 mil pesos para el suministro de gas LP en los centros federales todo el año; mientras que el acuerdo PRS/DGAF/S/016/2026 fue entregado a la empresa Grupo Centurión Combustibles SAPI de CV, dirigida por Enrique Zúñiga Pérez, para el suministro de diesel en los mismos centros y por el mismo periodo, por la cantidad de 20 millones 568 mil pesos. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta firma ligada a un general en retiro habría obtenido más de 500 millones de pesos en contratos con el sector público.