Los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como de la Secretaría de Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, iniciaron siete investigaciones contra funcionarios públicos por presunto huachicol fiscal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum al responder por escrito 50 preguntas de los grupos parlamentarios del Senado con motivo de su Primer Informe de Gobierno.
La titular del Ejecutivo detalló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió las indagatorias por posibles responsabilidades administrativas en áreas estratégicas vinculadas al sistema portuario y aduanero del país, como parte de los cuestionamientos formulados por el Grupo Parlamentario del PAN en la glosa del informe presidencial.
El PAN solicitó precisar las acciones emprendidas para investigar, desarticular y sancionar la “red de huachicol fiscal que opera dentro de las instituciones de gobierno”. En su respuesta oficial, el gobierno federal indicó que las investigaciones se desarrollan a través de los órganos internos de control y de las unidades centrales competentes, conforme al marco constitucional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con el documento, el objetivo es identificar posibles responsabilidades individuales y colectivas, tanto de personas servidoras públicas como de particulares, en caso de que existan elementos que así lo determinen.
Aunque no se detallan los hechos específicos que dieron origen a los procedimientos, el Ejecutivo subrayó que las investigaciones se realizan con apego a los principios de legalidad, debido proceso, imparcialidad y presunción de inocencia, y que no se anticipará responsabilidad alguna hasta la conclusión formal de los procesos.
Asimismo, se enfatizó que las indagatorias se conducen “sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas”.
Los puertos y aduanas han sido considerados áreas estratégicas en la actual administración, particularmente tras el traslado de su control operativo a la Secretaría de Marina en años recientes como parte de la estrategia para combatir el contrabando, la corrupción y el tráfico ilícito.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las investigaciones podrían derivar, en su caso, en la atribución de presuntas responsabilidades individualizadas por faltas administrativas graves o no graves, conforme al marco jurídico vigente.
