EN PALACIO NACIONAL se prendieron las alertas tras la detención hace unas semanas del empresario colombiano Alex Saab.
Principalmente por los indicios de que el conocido prestanombres de Nicolás Maduro tuvo tratos con funcionarios mexicanos de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Las sospechas se centraron sobre los ya muy desprestigiados directivos de la desaparecida Seguridad Alimentaria Mexicana, que encabezó Ignacio Ovalle.
Y es que, habría sido involucrado en los acuerdos de intercambio del petróleo por ayuda humanitaria que se firmó en 2019, por una iniciativa de Saab, el joven empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez.
Se recuerda que uno de los contratos asignados a la razón social Libre Abordo contemplaba el envío de 210 mil toneladas de maíz blanco a las comunidades más necesitadas de Venezuela.
Una cantidad difícil de conseguir en el mercado, si se considera que el grano es la base de la alimentación del país; esa dificultad obligó a Leal Jiménez a tocar la puerta de Segalmex.
En aquel entonces presumía de adquirir a buenos precios el total de la producción de los pequeños y medianos trabajadores del campo; también tenía fama el organismo de ser accesible a los grandes negocios.
El conducto para llegar a los directivos del organismo fue un grupo de amigos con contactos en las más altas esferas de la Cuarta Transformación.
Uno que destacó en ese grupo es el joven Óscar Audomaro Martínez Hernández, hijo del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.
Joaquin Leal Jiménez logró finalmente reunirse, a finales de 2019, con quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste.
El empresario pudo plantearle a fondo el proyecto que traía en manos y, sobre todo, los beneficios económicos que les traería a nivel personal.
Más por complejidad de la operación y por escasez real de producto, que por evitarle al país un desencuentro con Estados Unidos, Gavira se negó a participar en los acuerdos y rechazó involucrar a Segalmex.
No quedó registro documental de esa reunión, y tampoco Gavira informó de la misma a sus superiores.
Se ha confirmado que los documentos que Leal Jiménez presentó, posteriormente, con el logo de Seguridad Alimentaria Mexicana son falsos.
Con ello, intentó garantizar a su amigo Alex Saab que podría entregar los alimentos. Pero el maíz nunca fue entregado, por lo que en Palacio pueden respirar tranquilos.
EL CONSORCIO FORMADO por OHL y Citapia, a través de Hidrógeno de Cadereyta, recurrió a una Corte federal en Nueva York para exigir el pago de un laudo arbitral por 272 millones de pesos, derivado de un contrato firmado con Pemex, en 2013, para construir una planta de hidrógeno y un gasoducto. El proyecto perdió presupuesto tras la salida de Emilio Lozoya, en 2016, lo que derivó en atrasos que la petrolera atribuyó a limitaciones presupuestales. Según la Auditoría Superior de la Federación, el propio Consejo de Administración había eliminado los recursos del contrato, valuado en 75 millones de dólares para la planta y 103 millones de pesos para el ducto. El caso también reabre el escrutinio sobre Citapia, beneficiada con más de 13 contratos por unos tres mil 800 millones de pesos entre 2012 y 2016, y posteriormente inhabilitada. Aunque en 2023 la Cámara Internacional de Comercio ordenó a Pemex pagar, la petrolera no ha cumplido.
ESTE PRÓXIMO FIN de semana se llevará a cabo en Monterrey el XX Congreso Nacional de la Abogacía, que organiza la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Asistirán miembros de la política neoleonesa, integrantes del nuevo Poder Judicial Federal, como Celia Maya; grupos empresariales, entre otros Microsoft; académicos, como el exministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; asociaciones civiles, y despachos de abogados como Von Wobeser, AGPRyC o Galicia. Lo importante será ver que se aborden los temas de relevancia nacional, que son los que preocupan a un buen sector del país. Sobre todo en materia de impartición de justicia, seguridad, imparcialidad, inversión, economía, política exterior y corrupción, y no quede nada más en un evento social para la foto. Hoy la Barra es presidida por la abogada Ana María Kudisch, y se espera que su gestión se caracterice por tener una voz crítica y aguda, a diferencia de su antecesor, Víctor Olea Peláez que sólo sirvió para adular al exfiscal Alejandro Gertz. En este foro se verá.
LA VISITA DE la comitiva canadiense encabezada por Dominique LeBlanc, ministro de Comercio, no es un acto protocolario más. Llega en un momento clave para la integración económica de Norteamérica, particularmente en sectores estratégicos como el farmacéutico. En el encuentro con la Secretaría de Economía se puso sobre la mesa un tema que trasciende lo sanitario: la resiliencia de las cadenas de suministro. La pandemia dejó claro que depender de insumos críticos fuera de la región tiene costos elevados. Hoy, México y Canadá exploran cómo fortalecer la producción regional de las sustancias activas (APIs) y medicamentos bajo un esquema complementario, donde cada país aproveche sus capacidades industriales y regulatorias. Para México, esto implica una oportunidad para detonar inversión, transferencia tecnológica y mayor sofisticación productiva. Durante la mesa sobre innovación y cadenas de suministro en el sector salud, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), que tiene a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo, se resaltó la necesidad de tener un mapa de capacidades industriales y una mesa técnica bilateral de trabajo.
PUES CON LA novedad de que el Congreso de Nuevo León acaba de aprobar por unanimidad una auditoría al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava. El diputado panista, Miguel Lechuga, presentó el exhorto en la sesión de ayer. A Nava se le denuncia por no pagar 30 millones de pesos a un contratista que tuvo que retirar pipas de agua, retroexcavadoras y maquinaria. Los diputados de oposición quieren que el presidente municipal dé cuenta del destino de esos recursos que fueron presupuestados y que no se pagaron durante 14 meses y que se finquen responsabilidades administrativas o penales que resulten contra funcionarios que provocaron el daño patrimonial del municipio. Se solicita a la Auditoría Superior del Estado que requiera a Santa Catarina y remita al Poder Legislativo copia certificada del expediente completo relacionado con la empresa Integra Sofom para que pueda analizar la legalidad de las operaciones y la magnitud del quebranto financiero.