El secuestro y asesinato de cinco trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, confirmó el nivel de penetración del crimen organizado en la industria extractiva mexicana. El 23 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en el campamento de Vizsla Silver y privó de la libertad a 10 empleados especializados —entre ellos ingenieros y geólogos—; días después, cinco fueron hallados en fosas clandestinas y el resto continúa desaparecido. Ese mismo día, otro trabajador de una obra carretera fue secuestrado en una parada de transporte.
Los hechos ocurrieron en un municipio que se encuentra en disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, donde la violencia y la extorsión forman parte del entorno cotidiano. El caso de la empresa canadiense no es aislado: forma parte de un patrón que se replica en distintas regiones del país.
De acuerdo con reportes de Insight Crime y datos recopilados por Animal Político, los cárteles han convertido los yacimientos de oro, plata, litio y otros minerales en objetivos estratégicos para ampliar su control territorial y fortalecer sus finanzas. El modelo comenzó a consolidarse a inicios de la década de 2010 con Los Zetas y los Caballeros Templarios, quienes sistematizaron el cobro de cuotas y la apropiación de minas de carbón y hierro en Coahuila y Michoacán. Posteriormente, otros grupos replicaron el esquema en Guerrero, Sonora, Zacatecas, Oaxaca y Puebla.
En Guerrero, la Familia Michoacana impuso pagos mensuales a la mina Capela e incendió vehículos para presionar a la empresa. En Chihuahua, la mina Dolores, operada por Pan American Silver Corp, suspendió actividades tras recibir amenazas directas. En Sonora, La Herradura —propiedad de Fresnillo PLC— requirió la intervención de una fuerza especial federal, aunque los robos y extorsiones continuaron.
El robo durante el transporte también se ha intensificado. En 2024, un convoy con seis góndolas cargadas de oro, plata y zinc de la empresa Newmont fue interceptado en Zacatecas; el valor estimado del cargamento ascendía a tres millones de dólares. En 2025 se registraron hechos similares.
En la Sierra Gorda de Querétaro, el Cártel Jalisco Nueva Generación no solo exige cuotas, sino que participa en la comercialización de mercurio, insumo utilizado para separar oro, con exportaciones hacia Colombia, Venezuela y Bolivia. Casos relacionados se han documentado en Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas.
Especialistas como Víctor Manuel Sánchez Valdés y la periodista Emma Landeros han señalado que la minería representa un negocio atractivo por diversas razones. La industria genera más de 330 mil millones de pesos al año, lo que convierte el “derecho de piso” en una fuente de ingresos constante y de alto monto. Además, los metales pueden mezclarse con producción legal, lo que facilita el lavado de dinero y dificulta el rastreo de su origen ilícito.
A diferencia del narcotráfico, la extracción y comercialización de minerales puede encubrirse bajo operaciones formales, lo que implica menor visibilidad y riesgo de detección. El control de minas también permite a los grupos criminales acceder a explosivos, maquinaria y vehículos, así como consolidar dominio territorial y desplazar comunidades.
En Puebla, municipios como Ixtacamaxtitlán, Libres, Zautla, Ahuazotepec, Xicotepec, Guadalupe Victoria y Tlatlauquitepec han registrado la llegada simultánea de empresas mineras y grupos armados que exigen cuotas y presionan la venta de predios. En el sur del país, organizaciones como la Familia Michoacana, Ardillos, Tlacos, Caballeros Templarios y el CJNG mantienen influencia en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, mientras que en el norte operan facciones del Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como el Cártel de Caborca y el Cártel Independiente de Sonora.
Multinacionales y compañías nacionales como Almaden Minerals Ltd., Goldcorp, Veruna Minerals, Fresnillo PLC, Pan American Silver Corp, Leagold, Newmont, Minas de Oro Nacional, Mexican Silicates, Compañía Minera Autlán, Real de Gemas, Jdc Minerals, Minaurum Gold, Starcore International Mines y Alamos Gold Inc. han reportado extorsiones, robos o cierres forzados en los últimos años.
Actualmente, la minería en México genera alrededor de 2.5 millones de empleos y aporta el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
