Trabajadores del sector turístico de Tequila, Jalisco, denunciaron que durante la administración municipal eran obligados a utilizar un chaleco color guinda como “sello” de haber pagado una cuota impuesta por el entonces alcalde Diego Rivera, identificado en el proceso judicial como Diego “N”.
La mañana de este viernes, guías de turismo se manifestaron en la plaza principal del municipio, donde rompieron los chalecos y los arrojaron frente al palacio municipal como acto de protesta. Los inconformes señalaron que el chaleco les fue entregado de manera obligatoria y que tuvieron que pagar 250 pesos por él, además de 800 pesos por un gafete.
Durante la movilización, los trabajadores afirmaron en entrevistas con medios locales que se sienten más libres tras la reciente captura del presidente municipal, a quien se le atribuyen vínculos con el crimen organizado.
Un día antes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido el alcalde de Tequila, Jalisco, como parte de las operaciones para la aprehensión de tres presidentes municipales del Estado de México. En redes sociales, el funcionario federal precisó que también fueron capturados tres servidores públicos del ayuntamiento de Tequila.
Entre los detenidos se encuentran el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial y el encargado de Obras Públicas, todos del municipio.
Este viernes, un juez de control ordenó prisión preventiva justificada contra el presidente municipal Diego “N”, el director de Seguridad Pública, Juan Manuel “N”, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N”. La audiencia se llevó a cabo en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano.
El Ministerio Público imputó delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado al alcalde y al director de Catastro, mientras que al director de Seguridad Pública se le acusa únicamente de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República argumentó que el alcalde cuenta con recursos económicos suficientes para evadir la justicia, por lo que solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Será el próximo martes cuando se determine si los imputados son vinculados a proceso o quedan en libertad por falta de pruebas.
