Una investigación de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) reveló que una red de compra y tráfico de armas operó en Arizona entre 2022 y 2024 para abastecer a grupos criminales en México, incluyendo rifles calibre .50 considerados de uso militar.
El caso salió a la luz tras el hallazgo, el 24 de marzo de 2025 en Sinaloa, de uno de los rifles adquiridos en diciembre de 2022 durante una feria de armas en Phoenix, Arizona. Ese día, Ana Camarillo compró en efectivo una Barrett M82, rifle semiautomático calibre .50 con alcance efectivo de entre 1.5 y 2.5 kilómetros y un precio de entre 8 mil y 14 mil dólares. En el mismo recinto, otras personas adquirieron siete rifles calibre .50, cinco rifles de asalto y dos pistolas.
De acuerdo con documentos consultados por EL PAÍS, Camarillo y otros ocho estadounidenses fueron vinculados como coordinadores de la red, señalados como compradores fantasma, es decir, personas que prestan su nombre para adquirir armas legalmente a cambio de un pago.
Según la declaración del agente de la ATF Jesús Álvarez, los presuntos responsables de dirigir la estructura eran los hermanos Jorge y Alejandro Corona. A ellos se les atribuye la compra de ocho rifles calibre .50, cuatro ametralladoras semiautomáticas M240-SLR, un rifle semiautomático adicional y dos pistolas de 9 milímetros.
La investigación señala que los hermanos reclutaban colaboradores mediante perfiles falsos en redes sociales como Snapchat y Facebook, ofreciendo entre 800 y mil dólares por cada arma adquirida. Los compradores acudían a una dirección donde recibían efectivo y las especificaciones del armamento. Para completar la compra, proporcionaban información falsa en el formulario obligatorio de la ATF, lo que constituye un delito federal castigado con hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.
El expediente detalla que otros siete integrantes del grupo recibieron pagos que oscilaron entre mil 500 y 14 mil dólares por adquirir y entregar armamento. Una colaboradora, April Corral, declaró que en una ocasión observó dinero esparcido en una camioneta y una bolsa con aproximadamente 50 mil dólares en efectivo.
Alejandro Corona explicó que realizaba depósitos bancarios por montos menores a 9 mil dólares para evitar reportes obligatorios y que en ocasiones adhería dinero en efectivo a su cuerpo para cruzar controles fronterizos. Tras la compra, las armas eran entregadas a Salvador García Moreno y a otro cómplice identificado como Noe N., quienes presuntamente trasladaban tanto el dinero como el armamento hacia México.
El informe menciona al menos siete armerías con licencia federal en las que se realizaron múltiples adquisiciones. No se documenta que alguna venta haya sido negada. Operativos de la división de Investigación de Operaciones Industriales de la ATF en ferias de armas confirmaron la compra de rifles de alta gama, variantes del AK-47 y otros modelos señalados como preferidos por integrantes de cárteles mexicanos.
En paralelo, una acusación formal presentada en octubre de 2025 por autoridades estatales de Arizona documentó 334 armas compradas entre 2024 y 2025 por 20 personas a 23 comerciantes del área de Phoenix con el objetivo de traficarlas a México. Al menos 14 de los vendedores contaban con licencia federal, y 184 de los rifles provenían de una armería con sede en Florida.
