Tequileras y gasolineras de Tequila, Jalisco, habrían sido extorsionadas con cobros de entre seis y siete millones de pesos mensuales durante la administración del alcalde morenista Diego Rivera, de acuerdo con autoridades federales y la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 39/2026.
La investigación establece que el edil utilizaba a la Policía Municipal y a un grupo de personas extranjeras, entre ellos colombianos, para someter a empresarios y cobrar rentas ilegales. Además de las grandes empresas, comerciantes del centro del municipio pagaban derecho de piso semanal de entre 500 y mil 500 pesos, según el giro, mientras que vendedores de artesanías debían entregar hasta 50 mil pesos para evitar clausuras y una “renta” mensual de 20 mil pesos.
El expediente también detalla que a los propietarios de vinaterías se les exigían pagos de hasta 150 mil pesos para no cerrar sus establecimientos.
Ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval declaró el 3 de octubre que el alcalde y su administración operaban un sistema de extorsión mediante multas ilegales y cierres de negocios, respaldados por amenazas de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señaló que por oponerse a estas prácticas fue víctima de amenazas y clausuras.
En una declaración distinta, otra regidora identificada con las iniciales ARC afirmó que el dinero de las extorsiones a empresarios tequileros era repartido entre el CJNG, y mencionó como afectados a empresas como José Cuervo y la fábrica La Cofradía, además de gasolineras del municipio.
La indagatoria indica que funcionarios clave del ayuntamiento fungían como operadores del esquema, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; el jefe de Gabinete, Diego López Ibarra; y Francisco Javier Rivera Gutiérrez, “El Faraón”, jefe del Padrón de Licencias.
Otra regidora, Evelin Sarahí Castañeda Chávez, declaró que el gabinete municipal participaba en cobros de piso, extorsiones y levantones, y señaló que el secretario de Seguridad coordinaba estas acciones, mientras que el jefe de Gabinete organizaba la logística.
Según la FGR, Pérez Sosa mantenía una relación estructural con Severo Flores Mendoza, “El Rey Mago”, ex jefe de la Policía de Ameca y coordinador regional en 2022, quien fue designado ese año por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cómplice del CJNG.
La investigación también ubica al tesorero municipal Julio César Limón Trigueros como responsable de recoger y administrar el efectivo de extorsiones y secuestros, además de alterar montos y facturas del ayuntamiento, y señala la presunta participación de Raquel Núñez Bugarin, esposa del alcalde, así como de un escolta identificado como “El Jona”, encargado del movimiento de dinero y asuntos personales.
