Pescadores de comunidades costeras de Veracruz advirtieron que su principal fuente de sustento está en riesgo por la operación del gasoducto submarino Puerta al Sureste, una infraestructura construida en el Golfo de México para transportar gas natural desde Estados Unidos hacia el sureste del país.
En la zona de Los Arrecifes, Mauricio Contreras, pescador con más de 40 años de experiencia, relató que durante la construcción del ducto se registraron detonaciones submarinas que alteraron la actividad pesquera, y que ahora el mayor temor es una posible fuga. “Es un peligro constante que va a estar ahí y es un riesgo para todo el sector pesquero”, señaló.
El gasoducto fue desarrollado por la empresa canadiense TC Energy en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se conecta con la infraestructura que une el sur de Texas con Tuxpan y se extiende 700 kilómetros bajo el mar hasta Paraíso, Tabasco. Actualmente abastece de gas natural a la refinería Dos Bocas y forma parte de un plan más amplio para llevar combustible a la península de Yucatán.
La obra se inscribe en una estrategia nacional para ampliar la infraestructura de importación de gas natural estadounidense, con el objetivo de cubrir la demanda eléctrica y reexportar gas hacia mercados de Europa y Asia. Sin embargo, ha generado oposición en diversas regiones del país, desde Veracruz hasta el Golfo de California.
En Veracruz, habitantes de al menos 15 comunidades costeras presentaron una demanda judicial en junio del año pasado, al argumentar que no fueron consultados previamente, pese a tratarse de poblaciones mayoritariamente indígenas nahuas y nuntajiiyi’, como lo establece la Constitución. Aunque el recurso fue desechado inicialmente, continúa en litigio tras la presentación de una queja.
“No estamos de acuerdo con este megaproyecto del gasoducto porque nunca se nos informó. Nunca se nos consultó y por consiguiente nosotros no sabemos las consecuencias que tiene”, declaró Maribel Cervantes, una de las firmantes de la demanda.
El gobierno federal sostuvo que se trataba de una obra de seguridad nacional, por lo que mantuvo bajo reserva parte de la información técnica. En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “vale mucho la pena que llegue el gas natural a esa zona”.
Organizaciones ambientalistas alertaron que las obras de dragado para soterrar el ducto podrían afectar arrecifes mesofóticos, ecosistemas de aguas profundas que albergan especies marinas únicas. Greenpeace advirtió además sobre el riesgo de fugas de metano, un gas que puede alterar la química del agua y dañar los ecosistemas cercanos.
La empresa TC Energy aseguró que expertos analizaron el entorno marino para diseñar una ruta que conserve los ecosistemas, y afirmó que el proyecto generó alrededor de 4 mil empleos durante su construcción, además de cumplir con los requisitos de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente.
Especialistas en energía señalaron que la dependencia de México del gas natural importado continúa en aumento. Actualmente, más del 60% de la electricidad del país se genera con gas y cerca del 70% proviene de Estados Unidos, según datos citados por analistas del sector y reportes de la calificadora Fitch.
En paralelo, los planes para construir plantas de licuefacción de gas han enfrentado fuerte oposición social, como ocurre con el proyecto Saguaro, en Sonora, que permanece detenido por demandas comunitarias. De concretarse todos los proyectos previstos, México podría contar con nueve plantas de licuefacción, de acuerdo con Global Energy Monitor.
Con información de AP.