El secuestro de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver en enero, en Sinaloa, puso en el centro de la discusión la crisis de seguridad que desde hace años golpea a la industria minera en México, en un contexto marcado por el alza histórica en los precios de la plata y el oro.
De los empleados privados de la libertad, al menos cinco fueron localizados sin vida en fosas clandestinas cercanas a El Verde, a unos 40 kilómetros del lugar de la desaparición. La compañía confirmó que las otras cinco personas continúan desaparecidas y señaló que mantiene contacto con las familias para brindar apoyo financiero y práctico.
En un comunicado, la empresa indicó que “la seguridad de los empleados es una de nuestras mayores prioridades” y que, tras el secuestro, realizó inversiones significativas en seguridad y manejo de riesgos. Añadió que trabaja con asesores especializados y mantiene una política de cero tolerancia contra el soborno, la corrupción y la extorsión. Aunque las operaciones físicas del proyecto están suspendidas, el trabajo de ingeniería continúa de forma remota.
Especialistas vinculan el repunte de la violencia con la bonanza en los metales preciosos. El precio de la plata ha aumentado más de 120% en los últimos seis meses y el del oro alrededor de 50%, impulsados por la búsqueda de activos refugio ante la incertidumbre financiera y comercial.
John Price, director general de Americas Market Intelligence y asesor de empresas que operan en América Latina, señaló que este escenario ha incrementado la actividad de mineros informales e ilegales. “Los precios de la plata están en un nivel récord, y, en momentos así, la actividad de los mineros informales e ilegales aumenta mucho”, afirmó. “Todos entran en el negocio de la minería aunque no sean mineros, incluyendo a bandas, pequeñas o grandes del crimen organizado”.
De acuerdo con el consultor, tanto empresas formales como informales quedan expuestas a la interferencia del crimen organizado. “La realidad es que para muchos mineros, no solo canadienses sino también mexicanos, es muy difícil, si tienes una mina de escala o estás en plata u oro, evitar la interferencia del crimen organizado que está muy involucrado en la minería”, agregó.
En diversas regiones del país, organizaciones criminales ejercen control territorial en zonas ricas en recursos minerales, lo que se traduce en extorsiones, cobro de derecho de piso y presión para contratar proveedores vinculados con los propios grupos delictivos. Estos pagos elevan los costos de producción y los presupuestos en seguridad.
La Cámara Minera de México reportó que 97% de las empresas del sector ha sido víctima de algún delito, principalmente robo hormiga y extorsión, con mayor incidencia en Durango, Zacatecas y Guanajuato. Un informe de Stratop Risk Consulting, publicado en agosto de 2024, señaló que los casos de extorsión y cobro de piso aumentaron 16% entre 2021 y 2022, generando incrementos de hasta 3% en los costos de producción.
El fenómeno no se limita a Sinaloa. En junio pasado, tres mineros fueron ejecutados en la comunidad de La Capilla del Taxte, en Concordia. En febrero de 2025, la mina San Rafael, en Cosalá, también en Sinaloa y propiedad de una empresa canadiense, suspendió actividades por inseguridad. Medios locales reportaron que desde 2017 seis minas en Concordia y Cosalá detuvieron operaciones temporalmente por hechos violentos.
En Guerrero, la minera canadiense Telson Mining suspendió en 2019 actividades en Campo Colorado, en Arcelia, por extorsiones atribuidas a la Familia Michoacana. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el colectivo Guacamaya refieren que desde 2015 se identificaba a Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, como líder de esa organización y responsable de secuestros y extorsiones en la región. En 2016, seis trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, en Arcelia, fueron secuestrados.
Desde el Gobierno mexicano se informó que los mineros secuestrados en Sinaloa habrían sido confundidos con rivales por Los Chapitos, uno de los grupos que operan en la zona, aunque trascendió que su captura ocurrió dentro del campamento minero. El caso ocurre en el contexto de la confrontación interna en el Cartel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los sucesores de Ismael El Mayo Zambada, iniciada a finales de 2024, cuando comenzó la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En paralelo, la Administración de Donald Trump designó en febrero de 2025 a ocho cárteles y grupos criminales, entre ellos el de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a investigaciones penales en Estados Unidos contra empresas que paguen extorsiones, bajo cargos relacionados con lavado de dinero o financiamiento ilícito. Esta medida ha derivado en congelamiento de cuentas y la intervención de tres entidades financieras mexicanas por casos vinculados con legitimación de capitales.
Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, explicó que en algunas regiones las empresas establecen contactos con grupos criminales para poder operar. “Esto es debido a que en algunas regiones de México, el crimen organizado marca las reglas del juego en algunas partes del territorio nacional. Les resulta menos costoso este contacto directo que entrar dentro de la dinámica de cobro de piso y extorsión, que son básicamente un impuesto criminal”, señaló.
Según datos de la Coparmex, 50% de los empresarios afiliados afirma haber sido víctima de algún delito, y solo la mitad considera que existen condiciones adecuadas para invertir. La extorsión se mantiene como uno de los delitos de alto impacto con tendencia al alza y afecta distintos sectores de la economía nacional.
