El oficialismo comenzó a hacer cuentas para concretar el tramo final de la reforma electoral y, en las últimas horas, tomó fuerza la intención de que el proyecto inicie su recorrido legislativo en el Senado, donde consideran que hay menos voluntades por convencer.
Ayer miércoles, la presidenta reiteró que no cederá en la letra original de la reforma, un punto que representa un obstáculo para sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La postura presidencial se mantiene firme en un contexto de negociaciones intensas al interior del bloque oficialista.
En la bancada del Verde en el Senado aseguran contar ya con 10 de los 14 votos en discusión, mientras avanzan los mecanismos de acuerdo para consolidar el respaldo restante. Entre las opciones que se analizan figuran espacios electorales a través de candidaturas o cierto grado de cobertura política frente al impacto que podría generar, en los próximos meses, el golpe del fin de semana al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En el Gobierno tienen presente que dicho cártel logró expandirse mediante acuerdos establecidos, particularmente en alcaldías, información que ahora forma parte del tablero político en el que se busca garantizar la aprobación de la reforma. La presidenta considera esta iniciativa como elemental para relanzar su administración, la cual ha enfrentado semanas marcadas por disputas internas dentro de Morena.
Además del respaldo del Verde, se mencionan también los votos del PT en el Senado, donde ya habría uno acordado, e incluso la posibilidad de sumar apoyos de Movimiento Ciudadano (MC), partido que enfrenta efectos derivados de la ubicación geográfica del cártel mencionado.
Los intercambios recientes entre el Verde y la presidenta han sido descritos como complicados. En este escenario, Manuel Velasco ha comenzado a tomar distancia de la discusión, mientras que, en las últimas horas, quien ha llamado a “defender la democracia” es Jorge Carlos Ramírez Marín.
