Bajo la consigna “Los mineros estamos de luto”, trabajadores, estudiantes y familias se movilizaron en al menos seis estados del país para exigir justicia por el secuestro y asesinato de diez empleados de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, ocurrido el 23 de enero.
Del total de trabajadores privados de la libertad, cinco fueron localizados sin vida en fosas clandestinas, lo que detonó marchas simultáneas en las principales regiones mineras de México. En todas las movilizaciones se repitió el grito: “¡Nos faltan 10!”.
El gremio rechazó la versión oficial que atribuye el hecho a una “confusión” por parte de grupos criminales y denunció que el sector enfrenta extorsiones sistemáticas y control territorial del crimen organizado, situación que, señalaron, ha convertido la inseguridad en una amenaza mayor que los propios riesgos técnicos de la actividad minera.
En Sonora, alrededor de tres mil personas marcharon en Hermosillo desde las oficinas de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) hasta la Catedral Metropolitana. Los asistentes guardaron un minuto de silencio, colocaron moños negros y portaron consignas como: “Los mineros merecemos volver a casa”.
En Chihuahua, el contingente partió de la Glorieta de Pancho Villa hacia la Plaza del Ángel, encabezado por la familia de Jesús Antonio de la O Valdez. Con pancartas cuestionaron las declaraciones de autoridades federales; en una de ellas se leía: “¿Y cómo confundirnos?”.
En Durango, la movilización avanzó por la calle 20 de Noviembre hasta el Palacio de Gobierno. Mineros locales denunciaron la presencia de retenes del crimen organizado en accesos a la sierra y advirtieron que la inseguridad los obliga a negociar para poder trabajar.
“Andamos donde ni siquiera andan patrullas. Pasa usted y encuentran camionetas y lo paran. Hay retenes de los delincuentes, no hay retenes del gobierno”, expuso el minero Jorge Villegas. “Muchos los dejan pasar, pero muchos otros les quitan cosas, pero hay que cuidarnos todos”, agregó.
En Pachuca, Hidalgo, integrantes de los distritos de Pachuca y Zimapán realizaron una guardia de honor en el Monumento al Minero y colocaron coronas fúnebres. En Zacatecas, familias completas marcharon frente al Palacio de Gobierno, donde se escucharon los nombres de José Ángel e Ignacio, ingenieros asesinados en el caso Concordia, bajo el grito de “¡No murieron, los mataron!”.
Rubén del Pozo, presidente de la AIMMGM en Zacatecas, calificó el suceso como inédito. “Reconocemos los esfuerzos de seguridad que se están haciendo, pero nos damos cuenta que son insuficientes, hoy es necesario dirigir la mirada hacia las regiones mineras”, declaró.
“Es la primera vez que un suceso de esta naturaleza nos alcanza, es inédito, jamás habíamos tenido esto, hemos superado los riesgos de la seguridad en las minas y lamentablemente hoy tenemos que enfrentar los riesgos de la seguridad fuera de las minas. Esto tenemos que reconocerlo y tenemos que redoblar el esfuerzo”, añadió.
En San Luis Potosí, decenas de personas se concentraron en la Plaza de Armas con mantas que exigían un futuro sin miedo para las nuevas generaciones. “Por los mineros que ya no están y por los que estudian que merecen un futuro sin miedo”, se leía en una de ellas. También se desplegó un mensaje en el que el gremio expresó su solidaridad con las familias afectadas y exigió acciones de seguridad.
Las protestas comenzaron el 11 de febrero en Guanajuato con una marcha nocturna con veladoras. Continuarán con una ofrenda de flores y veladoras en la Plazuela Morelos en Concordia, Sinaloa, y concluirán con una marcha pacífica en Taxco, Guerrero.
La Cámara Minera de México (Canimex) advirtió que los delitos contra el sector representan hasta el cinco por ciento de sus costos totales, lo que compromete la competitividad del país. El gremio solicitó formalmente al Estado mexicano garantizar la protección necesaria para ejercer su labor con dignidad y respeto a la vida.
