Siempre fueron discutibles, cuando no erradas, las dos premisas sobre las que López Obrador construyó su (no)política en contra de la violencia y del crimen organizado: abrazos, no balazos, y que atender las causas sociales era suficiente.
AMLO tuvo errores de concepción: como se ha estudiado hasta el cansancio, no puede establecerse una relación de causalidad entre los índices de desarrollo, bienestar y pobreza con los de violencia por el crimen organizado. Uno de los mayores logros del sexenio, aunque relativizados por muchos analistas, fue el del abatimiento de la pobreza entre 2018 y 2024. Sin embargo, el crimen organizado creció y se fortaleció.
También tuvo errores de operación: apostó por la militarización más que por la profesionalización de las policías y su coordinación. No logró abatir la violencia y metió de lleno a las Fuerzas Armadas a la política.
No en balde México Evalúa concluyó con evidencia sólida que “la gestión de AMLO resultó más desastrosa que la de EPN. Después de seis años de gobierno, 1) López Obrador dejó un país más violento, con un crimen organizado ampliamente extendido y empoderado a lo largo y ancho del país, 2) su política de militarización, a través del fortalecimiento de la Guardia Nacional, resultó irrelevante en la supuesta reducción del homicidio en las entidades y 3) en términos generales, heredó menos capacidades institucionales en todos los ámbitos del sistema de seguridad pública para afrontar dicho problema”.
El reciente caso de Tequila y su alcalde Diego Rivera es muy importante por su detención, pero más lo es por lo que revela y no se ha querido reconocer a plenitud. Los vínculos entre la política y el crimen organizado.
La forma en que operaba el alcalde Diego Rivera y los delitos que constan en su causa penal -extorsión, secuestro, delincuencia organizada y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- y la de otros funcionarios apuntarían a que más que en las causas sociales, habría que centrarse en las causas políticas e institucionales.
Y, más que en los abrazos y no balazos, habría que centrarse en la impunidad que conllevó esa (no)política de López Obrador.
Esto opera para cientos de municipios en al menos 16 entidades federativas.
Las causas políticas se localizan en la intervención del crimen organizado en las elecciones locales y posteriormente en la captura de las instituciones: policiales, administrativas y de justicia. El pago de la victoria electoral es muy reducido si se le compara con el cobro posterior. Cuando se llega al cargo con el dinero del crimen, la única manera de preservarlo es con su ayuda. De otra manera, el gobernador o munícipe verá su territorio violentado, lo orillarán a hacerse a un lado o perderá la vida.
El ciclo no termina ahí. Los criminales se apropian bajo amenaza de las estructuras estatales o municipales para tener control del territorio muchas veces disputado por otras bandas, hacer dinero, seguir delinquiendo y ampliando su base geográfica.
Hasta aquí no aparecen las causas sociales. Que hay que atenderlas: sin duda. Que no rasguñan al crimen organizado también, sin duda.
Y aquí, saltamos a los abrazos y no balazos que, en la práctica se tradujo no en la política de cero-impunidad sino en la de impunidad absoluta.
La impunidad, como la violencia, tiene también múltiples explicaciones. La principal es también de carácter político. El círculo de la impunidad comienza con la ausencia de denuncias por los afectados o por las autoridades que no persiguen de oficio los delitos que deben perseguir, sigue con la integración deficiente de las carpetas de investigación, continúa con la extorsión y compra de jueces y termina con la libertad del delincuente.
En este punto también es ilustrativo el caso del municipio de Tequila. Hubo quienes se atrevieron a denunciar desde hace más de dos años. Desde la poderosa empresa tequilera José Cuervo, pasando por pequeños empresarios, comerciantes y hasta regidores. Todos poniendo al descubierto las extorsiones de las que eran presa. Se montó un operativo en el que participaron las secretarías de Defensa y Marina, la Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia junto a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Las denuncias terminaron en una carpeta de investigación, el presunto delincuente detenido. Estamos a la espera de la resolución judicial.
Nadie dice que es fácil, pero lo que revela este caso es que sí se pueden romper tanto los vínculos entre el crimen organizado y la política, como el círculo vicioso de la impunidad.
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