El contraste entre el ejercicio del poder y la aplicación de la ley nunca había sido tan descarnado como en las últimas horas. Mientras el sistema judicial británico enviaba un mensaje de hierro al mundo, en México el eco de la impunidad resonaba con una fuerza que desdibuja cualquier pretensión de autoridad moral en el escenario internacional.
La detención de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, no es sólo un titular de tabloide; es la materialización de un principio democrático que en otras latitudes parece una utopía: nadie, ni siquiera quien comparte la sangre con el jefe de Estado está por encima de la justicia.
La noticia sacudió ayer al Reino Unido. En el día de su cumpleaños número 66, el otrora duque de York fue detenido por la policía bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”. Las investigaciones, que lo vinculan con la filtración de documentos confidenciales durante su etapa como enviado comercial —en el marco del escándalo Epstein—, demuestran que el sistema británico posee una autonomía capaz de tocar las puertas del Palacio de Buckingham sin que la mano del rey interfiera para frenar el proceso.
Carlos III, al igual que el primer ministro Keir Starmer, fueron tajantes al declarar que la ley debe seguir su curso natural. En esa nación, el apellido no es un escudo, sino una responsabilidad adicional ante el escrutinio público.
Sin embargo, en el otro lado del Atlántico, la realidad ofrece un espejo deformado y cínico. Mientras Reino Unido detiene al hermano de su monarca por presuntos actos de corrupción en la función pública, en México el concepto de “hermandad” parece funcionar como salvoconducto de impunidad.
Los casos de los hermanos de sangre del expresidente Andrés Manuel López Obrador son una muestra clara. Uno de ellos fue videograbado recibiendo sobres con dinero en el marco de una campaña política. Otro fue exhibido como propietario de numerosos ranchos adquiridos en un lapso muy corto sin que sus ingresos formales lo justifiquen. A ninguno de los dos se les ha molestado siquiera con un citatorio.
Y a pesar de los señalamientos que lo ligan con la red de influencias y operaciones del grupo criminal La Barredora, liderado por el ahora detenido Hernán Bermúdez Requena, el senador Adán Augusto López Hernández, a quien López Obrador ha calificado como su “hermano”, ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo.
Mientras en Reino Unido la policía registra la residencia del hijo de Isabel II, quien fue la monarca más longeva e influyente de la historia de Reino Unido, en México se protege el entorno del poder con un celo que raya en la complicidad.
La “justicia” mexicana se ha convertido en un instrumento selectivo que castiga al adversario, pero que sufre de una ceguera voluntaria cuando el sospechoso se mueve en la cúpula del movimiento gobernante.
Este doble rasero se vuelve particularmente grotesco cuando se analiza la reciente postura del gobierno de México frente a Londres. Justo cuando la administración de Claudia Sheinbaum envía notas diplomáticas y exige explicaciones a Reino Unido por haber otorgado asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte, la detención del expríncipe Andrés despoja a México de cualquier argumento.
México reclama que Reino Unido protege a una presunta delincuente, pero lo hace desde un país donde la pertenencia al círculo cercano de un expresidente es una patente de corso.
¿Con qué base puede México reclamar algo a una nación que acaba de demostrar que es capaz de llevar a una celda al hermano de su propio rey? El contraste es demoledor: Reino Unido procesa a sus súbditos al margen de su nombre; México ignora las evidencias en su propia “realeza” política. Así, la exigencia de extradición de Macías suena hueca y se convierte en un ejercicio de hipocresía diplomática cuando en casa la justicia se detiene en la puerta de los hermanos del poder. Nuestra tragedia es que aquí la ley sigue siendo una sugerencia que se aplica según el árbol genealógico del gobernante en turno.