En México la violencia no existe. Al menos no en el discurso oficial. Existen la “percepción”, la “propaganda”, los “hechos focalizados” y la tranquilizadora cantaleta de que no pasa nada grave. Hasta que pasa. Y cuando pasa, no es para tanto. Así opera la justicia simulada versión siglo XXI: negar primero, minimizar después y, si la realidad insiste, reclasificarla.
Rubén Rocha Moya es hoy uno de los ejecutores más aplicados de ese método. No porque sea un innovador, sino porque entiende bien el sistema. Sinaloa no es una excepción: es un laboratorio. Ahí se prueba con éxito la narrativa favorita del régimen: negar la realidad mientras se acumulan cadáveres y pedir calma como política pública.
Rocha lleva años minimizando la violencia. En septiembre de 2024 pidió a la población “estar tranquila”, porque —según él— se trataba de hechos aislados. En noviembre afinó el argumento: el miedo era producto de una propaganda exagerada. El problema nunca fue la violencia; el problema fue quien se atrevió a nombrarla. En este país, decir la verdad sigue siendo una provocación.
El 23 de enero pasado, diez trabajadores de la minera Vizsla Silver fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa. Obreros. Gente común. Clase trabajadora. Días después, cinco de ellos aparecieron muertos en fosas clandestinas. No eran criminales. No era un ajuste de cuentas. No era una disputa entre cárteles que “no afecta a la gente de bien”. Era exactamente eso que el discurso oficial niega: la violencia está alcanzando de lleno a quienes sostienen la economía real del país.
¿La reacción del gobernador? Decir que será la Fiscalía General de la República quien informe, porque él no tiene datos precisos. Gobernar sin información. O, más exactamente, gobernar fingiendo no saber. En este modelo de poder, la ignorancia no es un defecto: es una coartada.
Nada sorprende. Es el mismo Rocha que, durante el aniversario de la Constitución, respondió a una pregunta incómoda con una frase que debería estudiarse en las facultades de ciencias políticas: “si no sé lo de Sinaloa, menos lo de Jalisco”. Sus defensores dijeron que acababa de bajarse del avión. Excusa innecesaria. La frase fue honesta. Resume a una clase gobernante que administra territorios que no entiende —o que decidió administrar por omisión—.
Mientras tanto, el discurso insiste en que Sinaloa es un estado tranquilo. Tranquilo pese a más de quinientos días de violencia prácticamente ininterrumpida. Tranquilo pese a miles de homicidios dolosos, miles de personas desaparecidas, miles de vehículos robados y comercios asaltados. Tranquilo incluso cuando niñas y niños aparecen entre las víctimas. La palabra ya no describe: oculta.
Pero Sinaloa no es el problema. Es el síntoma. Lo que ahí ocurre se reproduce, con variaciones mínimas, en todo México. La extorsión crece. La desaparición se normaliza. Las fosas clandestinas se multiplican. Y desde el poder se presume una reducción estadística de homicidios como si un promedio pudiera maquillar la descomposición. Menos muertos no es paz. Es contabilidad. Es administración. Es reclasificación del horror.
La violencia tampoco llega sola. Arrastra a la economía. En Sinaloa se han perdido decenas de miles de empleos, han cerrado miles de negocios y los daños se cuentan en decenas de miles de millones de pesos. La inversión no huye por ideología; huye porque no hay seguridad ni reglas confiables. Huye porque el Estado decidió abdicar de su función básica y llamarlo “estrategia”.
A esto se suma la incertidumbre jurídica: debilitamiento del amparo, jueces convertidos en candidatos, reglas cambiantes y un crecimiento económico que solo existe en los discursos oficiales. El empleo formal retrocede. La inversión se congela. Pero el gobierno insiste en que todo va bien. Siempre va bien. Hasta que deja de irlo para quienes ya no tienen nada.
Aquí el trascendido: lo que ocurre en Sinaloa no es un error local ni una falla de un gobernador rebasado. Es un modelo replicable. La apuesta no es pacificar, sino administrar la violencia sin que genere costos políticos nacionales. Mientras pueda presentarse como fenómeno regional, heredado o focalizado, el sistema funciona. Sinaloa no es una alerta: es un ensayo general de cómo gobernar con violencia sin pagar el precio.
México no carece de oportunidades. Carece de reglas creíbles y de un andamiaje jurídico que inspire confianza. Carece de autoridades dispuestas a dejar de simular. Porque la simulación —como advirtió Platón— es la peor forma de injusticia. Y hoy, además, es política de Estado.
No exageramos. México es un país de fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y funcionarios que prefieren culpar a la percepción antes que asumir responsabilidades. En Sinaloa, ese modelo tiene nombre propio. Pero el diseño es nacional. Y tiene partido.
Giro de la Perinola
¿Hasta cuándo los ciudadanos de buena fe seguirán creyendo que Morena y el crimen organizado son adversarios, cuando en demasiados territorios operan como aliados funcionales? No siempre por complicidad directa, pero sí por algo igual de eficaz: negación, minimización, extorsión y abandono. Excepciones hay. La regla es otra.