El fenómeno de las desapariciones en México es, sin duda, la herida más profunda y dolorosa de nuestro tejido social. Por ello, cuando se trata de las cifras que intentan cuantificar esta tragedia, la precisión no es un lujo estadístico, sino un imperativo ético hacia las familias que buscan respuestas.
El pasado martes 10 de febrero, en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó este tema al ser cuestionada sobre un informe de la organización México Evalúa. La mandataria fue clara al señalar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) enfrenta severas deficiencias: “Esa plataforma tiene muchos problemas”, afirmó, refiriéndose a registros incompletos, nombres de pila sin apellidos y la falta de información sobre carpetas de investigación.
Tras analizar los datos recientes, debo decir que coincido plenamente con la Presidenta: la plataforma tiene, efectivamente, problemas muy graves. Sin embargo, mi coincidencia no nace sólo de la falta de datos técnicos en los registros, sino de la volatilidad inexplicable de sus números.
El pasado 7 de enero, al consultarla para una de las primeras entregas de mi Bitácora de este año, la plataforma reportaba 14 mil 079 personas desaparecidas en 2025. Se trataba, y así lo escribí, de un número récord para un año calendario. Pero ayer, 12 de febrero, al realizar la misma consulta, la cifra para ese mismo año se había reducido a 12 mil 687. Es decir, en apenas un mes, se esfumaron de la estadística mil 392 personas.
Para explicar un ajuste de esta magnitud en un periodo tan breve, sólo existen tres posibilidades lógicas, partiendo del hecho de que únicamente el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda —que tiene a su cargo el Registro y que depende de la Secretaría de Gobernación—, cuenta con las atribuciones para modificar estos números.
La primera posibilidad es que mil 392 personas hayan reaparecido o sido localizadas en un plazo de 30 días, lo cual sería una gran noticia. Esto implicaría un promedio de más de 40 localizaciones diarias, un éxito sin precedentes en la historia de la búsqueda en México, que obligatoriamente nos llevaría a preguntar ¿dónde están? y ¿cuál fue el protocolo que permitió hallarlas? La segunda opción es que los números reportados en enero fueran erróneos y se hayan corregido, lo cual requeriría una explicación técnica detallada sobre cómo se permitió tal margen de error. La tercera, y más preocupante, es que las cifras hayan sido manipuladas para bajarlas artificialmente.
Lo que resulta verdaderamente llamativo es la distribución geográfica de estas “reapariciones” estadísticas. De las mil 392 personas que dejaron de figurar como desaparecidas en el registro entre enero y febrero, mil 161 corresponden exclusivamente a la Ciudad de México. Es decir, el 83% de la reducción nacional se concentró en la entidad que la hoy Presidenta gobernó entre 2018 y 2024. Mientras que en la enorme mayoría de los estados los cambios en las cifras son insignificantes —apenas unos cuantos casos hacia arriba o hacia abajo—, la capital del país presenta una depuración masiva que contrasta incluso con estados en crisis profunda. La única otra entidad con un movimiento perceptible fue Sonora, con una disminución de 110 casos.
Tiene razón la Presidenta al decir que la plataforma tiene problemas, pero el problema fundamental parece ser la discrecionalidad con la que se alteran los datos sin una rendición de cuentas clara. Las cifras de desaparecidos no son simples indicadores de gestión; representan vidas, ausencias y el derecho a la verdad de miles de hogares.
Estas estadísticas deben revisarse con un ánimo genuino de ayudar a las familias y de diseñar políticas públicas eficaces para prevenir nuevas desapariciones, no para mejorar la imagen de un gobierno o maquillar una realidad que nos desborda. Si el registro se convierte en una herramienta de propaganda en lugar de un instrumento de búsqueda, el Estado mexicano estará fallándole, una vez más, a quienes lo han perdido todo.