Nadie lo anticipó con esta claridad: Nayib Bukele ha convertido la concentración de poder en uno de los modelos políticos más redituables de toda América Latina. No lo hizo desde la clandestinidad ni mediante un golpe clásico. Lo hizo con votos, con encuestas favorables y con una narrativa simple: primero el orden, después todo lo demás. En El Salvador, el hartazgo era real. Décadas de pandillas, homicidios desbordados, extorsiones cotidianas y una clase política desprestigiada abonaron el terreno. Cuando la violencia se vuelve rutina, la paciencia democrática se evapora. Y cuando la paciencia se evapora, la eficacia —o aparente eficacia— se vuelve virtud suprema.
Bukele entendió algo elemental: la gente no quiere teoría constitucional, quiere regresar viva a casa. Bajo esa premisa declaró en marzo de 2022 el régimen de excepción. Tanto lo extraordinario como lo temporal se convirtieron en regla prorrogada mes con mes. Más de 70 mil detenidos, garantías suspendidas, plazos ampliados. La excepcionalidad dejó de escandalizar. Los números oficiales son contundentes: los homicidios cayeron de manera drástica. Se habla incluso de períodos completos sin asesinatos. Para una sociedad que vivió años con cifras que rondaban cientos de homicidios mensuales, la diferencia es tangible. Las calles tranquilas pesan más que cualquier advertencia académica.
La popularidad, en consecuencia, se disparó. Aprobaciones superiores al 80 por ciento.
En política contemporánea, eso equivale a blindaje. Y cuando la aprobación es tan alta, el argumento es casi imbatible: si funciona, ¿cuál es el problema de los abusos por parte de la autoridad?
Pero la democracia liberal nunca fue diseñada para ser evaluada sólo por resultados inmediatos ni popularidades altas que presumen los líderes cada vez que pueden. Fue diseñada para limitar el poder, incluso cuando el poder es popular. Ese es el punto incómodo para muchos líderes de nuestros tiempos.
La reelección lo evidenció. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata. Una reinterpretación judicial —tras cambios en la integración de la Sala de lo Constitucional— abrió la puerta. No hubo ruptura formal. Hubo lectura conveniente. El deterioro institucional del siglo XXI no rompe la ley; la dobla. En no pocos países de este continente eso ocurre todos los días.
Después vinieron reformas adicionales: extensión del periodo presidencial, eliminación de la segunda vuelta, ajustes que facilitan mayorías… Todos, artilugios bastante conocidos. Con 57 de 60 votos en el Congreso, el oficialismo no tuvo obstáculos. La mayoría legislativa dejó de ser contrapeso para convertirse en herramienta.
El discurso acompañó la operación. “Si pierde Bukele, regresan los pandilleros”. La amenaza del pasado como argumento electoral. Cuando el miedo se convierte en eje narrativo, el voto deja de ser deliberación y se transforma en reflejo defensivo.
Al mismo tiempo, el modelo proyecta eficiencia: la megacárcel, la exhibición pública de reclusos, la narrativa de mano firme. Incluso políticas sociales visibles, como la entrega de becas o de equipo escolar y computadoras a estudiantes, refuerzan la percepción de Estado presente. La pregunta sobre transparencia presupuestal queda relegada. Lo urgente eclipsa lo estructural.
La premisa que se instala es clara: si el Estado devuelve seguridad, las libertades pueden esperar. La institucionalidad puede esperar. Los contrapesos pueden esperar. La transparencia también. La eficacia inmediata —real o ficticia— seduce más que el equilibrio duradero, sobre todo cuando este último parecía no haber funcionado nunca.
El problema no es el orden. El problema es la normalización de la excepción. Cuando suspender derechos deja de ser excepcional, la división entre democracia y autoritarismo se vuelve difusa. Y cuando esa división se difumina, recuperarla es complejo.
Hoy muchos en América Latina observan el experimento salvadoreño con admiración abierta. “Aquí hace falta uno así”, se escucha en más de una sobremesa. La pregunta rara vez se formula completa: ¿uno así, con qué límites? ¿Importa que sea eso mismo, pero de “izquierdas”? ¿Con qué controles? ¿Con qué costo futuro? Porque la historia regional es insistente: militarización prolongada, poder concentrado, reelecciones habilitadas por interpretación, mayorías sin contrapeso… rara vez terminan fortaleciendo instituciones. No importa si la bandera es de derecha o de izquierda; la arquitectura es la misma.
El Salvador ofrece, sin duda, un caso fascinante de eficacia en seguridad. También ofrece una lección más silenciosa: cuando la democracia se redefine exclusivamente en términos de control, poder o narrativa, el ciudadano celebra resultados… hasta que necesita garantías. Y para entonces ya es demasiado tarde.