La siguiente batalla interna de la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se concretó la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado, será con el coordinador de los diputados Ricardo Monreal, y no por su cargo actual, sino por la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que el zacatecano mueve los hilos del equipo de David Colmenares.
En Palacio Nacional se han dado cuenta que no deben dejar ningún cabo suelto, y desde hace tiempo encargaron al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar mantener una vigilancia plena sobre el relevo en la ASF; éste invariablemente ya ha tenido sus desencuentros con Monreal, tanto en el Congreso de la Unión como en su propia pugna por controlar el estado de Zacatecas.
El punto central de los desencuentros es la posible reelección del auditor Colmenares Páramo, con quien la 4T no está en realidad en descontento, por la laxitud con la que ha desempeñado su encargo, pero en una lucha de corrientes internas la premisa es colocar en esas posiciones a perfiles de probada honestidad y conocimiento técnico, o bien aquellos que hayan demostrado ante todo su lealtad.
Se sabe que la lealtad de David Colmenares está con Ricardo Monreal. Por ello, la apuesta de Sheinbaum en el corto plazo es evitar en primera instancia la reelección del actual titular y, después, impulsar un perfil que le garantice el rompimiento con ese grupo que ha controlado la revisión de las cuentas públicas federales, estatales y municipales.
La semana pasada expuse que una de las cartas que podrían impulsarse desde Palacio es la de Juan José Serrano, quien se desempeñó como contralor en la Ciudad de México durante la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum. También hablé del exauditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, uno de los principales críticos de la gestión de David Colmenares, y el de mayores coincidencias con Ramírez Cuéllar.
Del lado de Monreal, en caso de que no se concrete una reelección, también hay perfiles ya preparados. Las fichas del zacatecano son José Manuel del Río Virgen y Julieta del Río. Si bien ambos personajes tienen historias que los alejan de Morena, el cabildeo que el coordinador ha hecho entre los diputados ha funcionado, pues estos son los nombres que suenan como punteros.
Antes de que termine el mes de febrero deberá estar lista la convocatoria para designar al nuevo titular de la ASF, la cual tendrá mucho que ver también con los perfiles que podrán inscribirse en el proceso. El control de ese documento se encuentra también en las manos de Ricardo Monreal, por lo que existe el temor que la línea de Claudia Sheinbaum haya llegado a destiempo.
Otros nombres que suenan son los de Muna Dora Buchahin, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Guadalupe Araceli García, subsecretaria Anticorrupción, la apuesta de Raquel Buenrostro.
No hay plazos para modificar la ley y cerrar la puerta para la reelección de Colmenares. La pugna estará en el cabildeo con los integrantes de la bancada, donde el equipo de Sheinbaum deberá demostrar la fortaleza que en los últimos días exhibió para cambiar los liderazgos del Senado, aunque asegure que ella nada tuvo que ver en el relevo de Adán Augusto López y la llegada de Ignacio Mier a la coordinación de Morena.
Sobre este mismo tema, y a propósito de una posdata de la semana pasada, Gerardo Lozano Dubernard, colega de páginas en EL UNIVERSAL, explicó que en su momento apoyó la causa de Vania Pérez Morales como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción “por levantar la voz y denunciar los incumplimientos legales del actual titular de la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización”, pero aclaró que no la impulsa ni encabeza un frente para posicionar a algún candidato para la titularidad de la ASF.
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tras casi 15 años en operación, el Sistema Nacional Anticorrupción “no ha funcionado muy bien”, porque no ha tenido los resultados deseados en materia anticorrupción y reveló que su gobierno prepara una iniciativa de reforma que “garantice el empoderamiento de los ciudadanos cuando estén frente a un acto de corrupción”.
Sheinbaum explicó que las modificaciones contemplarán que los ciudadanos que hagan una denuncia por corrupción contra algún funcionario se garantice que esa denuncia se investigue y se castigue a quien la haya cometido.
Así que se viene toda una disputa sobre la ASF y también sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, una estrategia integral de 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta diseñada para elevar la participación del Estado en obra pública y detonar crecimiento económico tras años de estancamiento. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que la cifra total se definió después de analizar más de 1,500 proyectos técnicos y financieros, y que para 2026 se movilizarán 722 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 2.5% del PIB, más allá de lo programado en el PEF.
La distribución de recursos pone el foco en energía, que concentra más de la mitad del total, seguida de trenes y carreteras con proporciones significativas; sectores como salud, agua, educación y aeropuertos reciben una parte marginal de los recursos. El plan no es solo acumulación de cifras: incorpora nuevos esquemas de inversión mixta donde el Estado mantiene la rectoría y el control mayoritario, pero comparte beneficios y riesgo con socios privados, con la idea oficial de atraer capital sin concesiones tradicionales.
Para operacionalizar esta ambición, la administración creará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, encabezado por la propia presidenta, con funciones claras de priorizar proyectos, monitorear avances y destrabar obstáculos técnicos y financieros. Hacienda también adelantó que se aprovecharán fondos ya existentes como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y se reforzarán capacidades de la CFE, Pemex y la SICT, apoyándose en mecanismos financieros como garantías, banca de desarrollo y vehículos del mercado de capitales.
El plan se liga de manera explícita al Plan México, la estrategia de desarrollo regional del gobierno federal, presentando la infraestructura —carreteras, trenes, energía, puertos, agua y servicios básicos— como motor no solo de conectividad sino de crecimiento con equidad y bienestar. Detrás de la narrativa de inversión estructural está la apuesta política de reposicionar al Estado como actor central en obra pública, revirtiendo años de baja inversión y apostando por un modelo donde el sector privado participa bajo reglas diseñadas y dirigidas desde Hacienda.
Sobre ese mismo plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 llama la atención la inversión en salud, que se proyecta en 6.23% del total de los 5.6 billones de pesos. Puede parecer marginal frente al 54% destinado a energía, pero en términos absolutos implica cientos de miles de millones de pesos que, en su gran mayoría, pasarán por la ventanilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que encabeza Zoé Robledo.
Aunque con la llegada de Birmex el IMSS dejó de concursar y adjudicar la compra consolidada de medicamentos —la parte más visible y politizada del gasto en salud— el Instituto conserva el control de todo lo demás: construcción y ampliación de hospitales, rehabilitación de clínicas, equipamiento médico de alta especialidad, contratos de mantenimiento, servicios integrales de laboratorio y diagnóstico, arrendamiento de equipo, servicios de limpieza, seguridad privada y alimentación hospitalaria, así como obra pública menor y mayor en sus más de mil 500 unidades médicas. Es ahí donde realmente se ejercerá buena parte del presupuesto de infraestructura sanitaria del sexenio.
La encomienda que viene desde la Presidencia y la Secretaría de Hacienda es acelerar proyectos bajo el nuevo modelo de contratos mixtos, abrir espacio a capital privado sin perder la rectoría pública y destrabar obras que llevan años detenidas por falta de recursos o por laberintos administrativos. Para el IMSS se trata de abrir la cartera para infraestructura hospitalaria y servicios asociados, con nuevos esquemas financieros y mayor velocidad de ejecución.
En ese contexto, se asegura que Zoé Robledo se mantendrá firme al frente del IMSS por lo menos durante todo 2026. La razón es que viene el despliegue de inversión hospitalaria y el gobierno necesita continuidad operativa antes de entrar al terreno incierto de las elecciones intermedias de 2027 que, como ya advirtió el flamante coordinador de circunscripción, Adán Augusto López, “no van a ser fáciles” para el movimiento.
Excelente columna don Mario !!!
En cuanto a los proyectos de inversión 2026 – 2030 faltó un marco legal punitivo en contra de la corrupción y abuso de confianza.
Espero que la supervisión directa de la presidenta Sheimbaum, evite la compra de los insumos de segunda mano y todo se haga con implementos nuevos y de buena calidad !!!