La elección de 2027 no será una elección. Será una romería electoral con tintes de batalla campal.
Diecisiete gubernaturas, la renovación total de San Lázaro, la mayoría de alcaldías y regidurías del país, la revocación de mandato y, como cereza del pastel institucional, la segunda parte de la elección judicial. Todo en un mismo paquete. Democracia concentrada. Poder comprimido. Ambición multiplicada.
Desde Palacio Nacional se insiste en empatar las legislativas con la revocación. La experiencia ya la vimos: lo que nació como mecanismo de evaluación ciudadana terminó convertido en ratificación anticipada. Y ahora, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, el libreto parece predecible.
Pero el verdadero pleito no está ahí.
Está en la elección judicial.
Los Puros y Duros de Morena —esos que no llegaron en la tómbola de última hora sino que presumen acta de nacimiento ideológica— buscan mover la elección de jueces y magistrados a 2028. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ya puso sobre la mesa la iniciativa: que el proceso judicial sea independiente del carnaval político.
El argumento suena impecable: evitar la contaminación partidista, garantizar idoneidad, blindar la independencia. En el papel, casi poético.
En la realidad, más quirúrgico.
Retrasar la elección judicial un año impediría que los gobernadores vuelvan a meter mano en el palomeo de candidaturas, como —según reconocen en privado— ocurrió el año pasado. Es decir: menos poder para los estados, más control desde el centro. Desaparecer los comités de evaluación de los tres Poderes, concentrar decisiones y evitar que senadores y diputados impulsen perfiles bendecidos por sus mandatarios locales.
La independencia judicial, dicen.
Pero la 4T está en guerra con la 4T. Morenistas contra neomorenistas. Fundadores contra conversos. Puros contra reciclados. No es una disputa ideológica; es una pelea por el control del martillo y la toga.
En 2027 podríamos tener tres elecciones simultáneas: legislativa, revocación y judicial. Un cóctel explosivo. Mezclar representación popular con designación de juzgadores sería como organizar una fiesta infantil en medio de una asamblea de accionistas: todos gritan, nadie escucha y alguien termina imponiendo las reglas.
Mover la judicial a 2028 parece sensato. Pero también revela algo más profundo: el temor a que los gobernadores se conviertan en dueños del Poder Judicial en sus territorios. O peor aún, que el proceso exhiba la fractura interna del movimiento.
La pregunta no es si debe aplazarse.
La pregunta es quién gana con el aplazamiento.
Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que las reformas se justifican en nombre de la pureza democrática, pero se diseñan pensando en la correlación de fuerzas.
El Instituto Nacional Electoral tendrá en 2027 la elección más grande de su historia. Y mientras los ciudadanos intentan entender boletas interminables, dentro de Morena se libra una batalla silenciosa por el control del aparato judicial.
El riesgo no es solo la saturación electoral.
El riesgo es que la independencia judicial termine siendo rehén de la aritmética política.
Y mientras tanto, en público se habla de idoneidad, transparencia y voto universal.
En privado se cuentan lealtades.
Porque en la política mexicana la toga no siempre simboliza justicia. A veces simboliza poder.
Y el poder, cuando se concentra, rara vez se suelta por voluntad propia.