EL CONFLICTO EN TORNO al patrimonio del empresario Daniel Araf ya no es sólo un pleito interno.
Se ha convertido en un expediente delicado para Banorte, institución a la que Araf adeuda más de 200 millones de dólares, principalmente vinculados a un desarrollo hotelero de gran escala en Cancún.
El complejo de más de 700 llaves frente a La Isla permanece cerrado desde hace muchos meses, deteriorándose y bajo
presión judicial.
Existen medidas precautorias y procesos de embargo sobre la propiedad, el hotel Melody Maker, lo que coloca al activo en una situación jurídica frágil y altamente litigiosa.
En este contexto, cualquier intento del banco, presidido por Carlos Hank González, por vender la deuda, ceder derechos o ejecutar el activo de forma acelerada podría detonar contingencias legales.
Esas acciones jurídicas las promoverían otros acreedores de Araf, como el BBVA, que comanda Eduardo Osuna; Sabadell, que dirige José Iragorri, y el Bancomext, que capitanea Roberto Lazzeri.
Otro acreedor de esa propiedad, que Araf intentó sin éxito darlo en operación, primero, a la cadena española Melía de Gabriel Escarrer, y después a Marriott, que preside Anthony Capuamo, es Crédito Real.
Las medidas precautorias incluyen impugnaciones por prelación de garantías y reclamaciones por afectación patrimonial.
Una cesión apresurada no necesariamente cerraría el problema: abriría nuevos frentes legales y prolongaría la exposición de Banorte. Y es que, existe un factor que añade mayor tensión, no únicamente financiero.
Mientras Daniel permanece fuera del país, enfrenta procesos legales del banco, que dirige Marcos Ramírez, y demás acreedores, quien ha tomado posiciones estratégicas es su hermano, Moisés Araf.
Lejos de limitarse a una administración provisional, Moisés ha incrementado su control operativo y su influencia sobre los activos clave del grupo de su hermano.
El movimiento es claro: mientras uno enfrenta denuncias y no puede intervenir directamente, el otro consolida poder.
La disputa ya no es silenciosa: se trata de quién controla y eventualmente capitaliza los bienes inmobiliarios más relevantes del patrimonio familiar.
En medio de deudas millonarias, embargos activos y presión bancaria, el conflicto entre los hermanos añade un componente adicional de riesgo.
Y es la posibilidad de que decisiones estratégicas se tomen no para preservar el patrimonio conjunto, sino para reposicionar el control en favor de quien ahora tiene la ventaja operativa.
EL CONFLICTO ENTRE el gobierno de Nuevo León y la pedrera Matrimar, de José Santos, sumó un elemento que preocupa al sector productivo: el mensaje institucional sobre el respeto a las resoluciones judiciales. Luego de que la empresa obtuviera suspensiones federales para frenar clausuras derivadas del cobro del impuesto ambiental, mientras sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones, como consta en el expediente DF-27/2025 de la propia tesorería estatal, el gobernador Samuel García declaró públicamente esta misma semana que ese amparo “para mí no vale”, al insistir en que la compañía mantiene adeudos por cientos de millones de pesos que, según él, siguen en litigio.
La afirmación llamó la atención por tratarse de un mandatario que es licenciado en Derecho y Finanzas, y que, aun así, planteó una postura política frente a una resolución judicial. Representantes empresariales advierten que este tipo de señales debilitan la certeza jurídica, un factor que podría afectar la confianza de inversión y la imagen del estado, a pocos meses de que Nuevo León sea sede del Mundial de la FIFA 2026. El contexto ya es sensible: federaciones de futbol, como las de Portugal, Bolivia y Jamaica, han solicitado información a autoridades federales y a los gobiernos de Nuevo León, Jalisco y CDMX sobre condiciones de seguridad y certidumbre para la realización de partidos amistosos y de eliminatoria.
EL SECTOR VIVIENDA mueve ya cerca de 1.69 billones de pesos, equivalente a 5.4% del PIB, una dimensión que lo confirma como uno de los motores más sólidos de empleo, proveeduría y recaudación local. En la CDMX, que gobierna Clara Brugada, el capital sigue concentrándose donde hay escasez de espacio y demanda internacional, como la Condesa, Roma, Polanco y Lomas de Chapultepec, zonas que mantienen precios al alza por su infraestructura consolidada y el perfil de sus compradores. La dinámica comienza a extenderse hacia el poniente. En Huixquilucan, Bosque Real, que lidera Marcos Salame, presentó la Torre Unique Yoo Inspired by Starck, proyecto que implica inversiones cercanas a los ocho mil millones de pesos. El dato relevante no es sólo el monto, sino la señal de mercado. Proyectos de ese tamaño reflejan planeación urbana de largo plazo y la capacidad de atraer capital institucional y extranjero; además, elevan estándares de infraestructura, impulsan empleo especializado y consolidan a la zona como nuevo polo residencial de alto nivel en el Valle de México, con impacto en la plusvalía futura.
LA INDUSTRIA DEL plástico está entrando a una etapa de redefinición. La demanda de materiales más ligeros, resistentes y con menor impacto ambiental en sectores como el automotriz, electrónico, médico, agrícola y de la construcción está acelerando el desarrollo de compuestos avanzados, nanomateriales y soluciones diseñadas con herramientas digitales e Inteligencia Artificial. En México ya operan entre 90 y 120 empresas con capacidad relevante en materiales especializados, un segmento que aparece como la principal ventana de crecimiento en un entorno internacional complejo. El sector enfrenta sobrecapacidad instalada, márgenes presionados por el alza en los costos energéticos, regulaciones ambientales más estrictas y un crecimiento global que apenas se mueve entre 1 y 3% anual. En ese contexto, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco y dirige Raúl Mendoza, puso el tema sobre la mesa en el foro Perspectivas de la Industria 2026, donde la apuesta es posicionar a México como un referente en plásticos avanzados.
CUIDADO CON EL mercado negro en redes sociales de venta de chips de líneas celulares ya registrados. Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, observa que el registro obligatorio de líneas celulares que promueve la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, es un paso necesario para combatir la extorsión telefónica, toda vez que en el país hay aproximadamente 158 millones de líneas celulares activas, de las cuales sólo 17% son de pospago. Pero esa medida debe acompañarse de una estrategia preventiva ante casos de robo de identidad, fraude o venta ilegal de chips, de otro modo, persistirá el delito de extorsión telefónica, alerta el líder en seguridad privada. Desfassiaux ofrece para su descarga gratuita, en www.mxseguro.mx, su nuevo libro 40 años sin resultados, en el cual analiza qué se ha hecho en materia de seguridad en el pasado reciente de México.