En los últimos años, diversas empresas energéticas extranjeras han cerrado estaciones de servicio y cancelado planes de expansión en México, en un contexto marcado por el impulso oficial para que Petróleos Mexicanos (Pemex) recupere participación de mercado, así como por la competencia desleal vinculada al robo de combustibles y al llamado “huachicol fiscal”.
Marcas internacionales como Total, Gulf, BP, Shell, Repsol y Chevron han reducido de manera significativa su presencia en el país o prácticamente han salido del mercado nacional, de acuerdo con datos de la consultora PetroIntelligence basados en estadísticas de la Comisión Nacional de Energía.
Uno de los casos más representativos es el de Gulf, empresa estadounidense que en 2016 anunció una estrategia de inversión de hasta 400 millones de dólares para desarrollar terminales de almacenamiento y abrir 2 mil estaciones de servicio en un plazo de tres años. No obstante, con el paso del tiempo, la marca disminuyó el número de gasolineras operando bajo su franquicia en México.
Una situación similar se registró con Shell y BP, de origen británico; Chevron, de Estados Unidos; Repsol, de España; y Total, de Francia, esta última prácticamente fuera del mercado mexicano.
En noviembre pasado, durante consultas previas a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria del petróleo y gas de Estados Unidos acusó al Gobierno de México de violar el acuerdo comercial y solicitó a la Administración Trump la inclusión de un Mecanismo de Respuesta Rápida para evitar discriminaciones en favor de Pemex.
Empresas estadounidenses como ExxonMobil, Chevron y Shell advirtieron que sus inversiones recientes en México —que abarcan desde la expansión en la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustibles— “están en peligro, lo que los lleva a tener que retirarse”, según manifestaron en ese proceso.
Susana Cazorla, especialista en el sector energético, explicó que la apertura del mercado gasolinero en 2015 buscaba que las estaciones de servicio no estuvieran obligadas a operar con Pemex, y que, en caso de hacerlo, fuera por eficiencia y mejores condiciones comerciales.
Detalló que las grandes marcas proyectaban construir instalaciones de almacenamiento para importar combustibles y abastecer sus propias estaciones, recurriendo a Pemex únicamente de forma complementaria. Sin embargo, señaló que en 2018 se detuvieron de manera ilegal los permisos de almacenamiento e importación de gasolina y diésel, lo que provocó la suspensión de los planes de expansión de estas empresas.
De acuerdo con PetroIntelligence, en 2022 Pemex alcanzó el menor número de estaciones operando bajo su marca, aunque posteriormente comenzó a recuperar franquicias en el país.
Cazorla indicó que existió una “batalla directa e ilegal” para obligar a estaciones y comercializadores a comprar combustible a Pemex, pese a que la empresa estatal no cuenta con capacidad suficiente para abastecer el mercado nacional y depende de importaciones.
Añadió que los precios controlados redujeron los márgenes operativos, a lo que se sumó el impacto del “huachicol fiscal”, obligando a las estaciones a enfrentar riesgos derivados de la política pública, la relación con Pemex, la autoridad y el robo de combustible por grupos organizados.
Finalmente, la especialista advirtió que el entorno se complica aún más con la legislación que define a Pemex como empresa pública del Estado, al establecer que sus actividades, incluido el mercado gasolinero, no se consideran monopólicas.
