HACE UNOS DÍAS, la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara Baja de Estados Unidos dio luz verde a una
propuesta bipartidista.
La encabezó el congresista republicano August Pfluger, denominada Defending American Property Abroad Act (Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero).
La iniciativa busca proteger activos de empresas de ese país en el extranjero, especialmente frente a lo que el Congreso considera confiscaciones o expropiaciones ilegales por parte de gobiernos de países socios.
Esta iniciativa no es nueva: fue presentada, formalmente, en la Cámara de Representantes en julio del año pasado como proyecto de ley con un énfasis claro en México y el caso de la empresa Vulcan Materials.
Nos referimos a la multicitada compañía que preside Tom Hill, propietaria de los terrenos y terminal marítima de Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama.
De entrar en vigor, impediría que embarcaciones que hayan utilizado instalaciones o puertos que el gobierno estadounidense o el propio presidente Donald Trump considere “ilegalmente expropiados”, puedan entrar u operar en puertos estadounidenses.
Esto se traduce en un virtual bloqueo de acceso al sistema portuario del país vecino para esos buques, con consecuencias para navieras, cadenas logísticas y comercio marítimo regional.
Y es que, más allá del caso Vulcan, la iniciativa envía una señal de alerta para otros proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos, como infraestructura y energía.
Es importante señalar que esta ley no sustituye ni está subordinada al T-MEC, sino que representa una medida de presión de Washington para actuar fuera de los tribunales dedicados a tratados internacionales.
México podría argumentar ante un panel del tratado que se trata de una medida equivalente a discriminación comercial, o que se está afectando injustamente el comercio transfronterizo.
Lo que también es cierto es que empresas de Estados Unidos, como el caso de Vulcan, han recurrido al TLCAN y después al T-MEC para exponer la falta de protección a las inversiones.
De igual manera, expropiación directa o indirecta sin compensación adecuada, al vulnerar la seguridad jurídica para sus inversionistas.
Mientras esto se define, el equipo negociador de México, encabezado por Marcelo Ebrard, tiene otro frente de batalla abierto.
EL SECTOR EMPRESARIAL tiene planeado realizar viajes a Washington, para mostrar que la revisión del T-MEC no se juega sólo en el terreno gubernamental. Organismos como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, que presiden Juan José Sierra Álvarez y José Medina Mora, respectivamente, buscan abrir canales directos con funcionarios, congresistas y cámaras empresariales de Estados Unidos. Quieren explicar por qué el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un pilar de integración regional. Saben que el intercambio directo de experiencias puede equilibrar percepciones y reducir tensiones. La narrativa empresarial cobra relevancia cuando se trata de empleo, cadenas de suministro y competitividad de Norteamérica. La revisión del T-MEC será inevitable, pero su viabilidad depende también de la confianza que genere. En ese sentido, el cabildeo empresarial no busca privilegios, sino certidumbre.
Y JUSTAMENTE HABLANDO del tratado regional, a medida que se acerca su revisión, el mensaje desde el gobierno mexicano apunta a continuidad con cambios puntuales. La expectativa del equipo de Marcelo Ebrard no es una renegociación de fondo, sino una actualización acorde con la evolución económica de Norteamérica. La integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá reduce el margen para escenarios de ruptura. En ese contexto, el proceso avanza con consultas coordinadas y tiempos definidos. La posibilidad de excluir a Canadá, que gobierna Mark Carney, queda prácticamente descartada por su peso estratégico en energía y minerales. Para México, el tratado sigue siendo clave, ya que la mayoría de sus exportaciones mantienen acceso preferencial.
A CUATRO AÑOS de su puesta en marcha, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llega a un punto de inflexión. De acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, que dirige Emilio Avendaño, únicamente una de las 10 rutas aéreas nacionales más utilizadas opera desde esta terminal. En 2025, la AIFA-Cancún se ubicó en el décimo lugar, con 988 mil pasajeros, una caída anual de 10.4 por ciento. En contraste, la ruta Ciudad de México-Cancún movilizó 3.16 millones de viajeros, aunque también mostró una baja de 7 por ciento. En 2024, el aeropuerto movilizó 7.07 millones de pasajeros, lejos todavía de la meta oficial de 20 millones anuales. Estudios también señalan que el punto de equilibrio financiero reportado incluye ingresos fiscales externos. Sin subsidios, el AIFA obtuvo 78 millones de pesos de utilidad operativa en el primer trimestre de 2024. Para 2026 se le asignaron 744.6 millones de pesos, para confirmar su dependencia presupuestal.
LA APROBACIÓN DE la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas ya es inminente, así lo dejó ver la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo. El anuncio confirma que la reforma será prioritaria en el arranque del periodo legislativo. La implementación gradual, de dos horas por año hasta 2030, busca equilibrar derechos laborales y viabilidad económica. Para los trabajadores, la medida apunta a mejorar calidad de vida y productividad. Mientras que las empresas deberán ajustar costos y modelos operativos sin perder competitividad. Más que la aprobación, el éxito de la reforma dependerá de su ejecución, ya que reducir horas no garantiza beneficios si no hay planeación.