Desde el púlpito de Palacio Nacional, durante seis años se nos vendió una épica de soberanía: la idea de que México debía bastarse a sí mismo. Que lo de afuera era, por definición, extractivista y sospechoso, y que la verdadera libertad residía en cerrar el círculo sobre nuestras propias fronteras.
El anhelo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador era claro: una nación que no dependiera de nadie. Pero hay un viejo adagio que advierte sobre la peligrosidad de los deseos cuando éstos se formulan sin mirar el mapa completo de la realidad, especialmente cuando la ideología choca con la geografía del terror.
Lo ocurrido en la mina Pánuco, en el municipio de Concordia, Sinaloa, es el epílogo sangriento y desolador de esa retórica. Diez trabajadores, hombres que bajaban a las entrañas de la tierra para ganarse el pan, fueron secuestrados y a cinco de ellos se les encontró asesinados. No fueron víctimas de un accidente industrial ni del descuido de alguna transnacional canadiense con sede en Vancouver ni del envenenamiento de los ríos con arsénico y plomo. Nada de eso. Fueron víctimas de la única fuerza que hoy parece ejercer una soberanía indiscutible en las regiones serranas: el crimen organizado.
Ante la barbarie, la respuesta de la empresa ha sido parar las máquinas; ha suspendido labores, dejando el subsuelo en una pausa tensa mientras evalúa si el costo de permanecer en México es superior al del desplome del valor de sus acciones.
Aquí es donde la ironía, fina y amarga como el polvo de una mina, se hace presente. El relato oficial clamaba por la salida de las empresas extranjeras que “saquean” el patrimonio nacional, particularmente el que está en el subsuelo. Se les miraba con recelo, como vestigios de un pasado colonial que impedía nuestra anhelada autosuficiencia. “México no es tierra de conquista”, arengaba.
Y bien, parece que el deseo está en vías de cumplirse con una precisión quirúrgica, aunque quizá no de la forma en que lo imaginaron los manuales de la autodenominada Cuarta Transformación. Las empresas no se van aún del país, pero se retiran de los territorios; cierran la puerta por fuera en las comunidades donde el Estado no llega, dejando el campo libre para que la “autosuficiencia” la gestione el administrador más cercano: el que porta un fusil.
Es una tragedia que debe tratarse con profundo respeto por las víctimas. Los mineros de Pánuco no son piezas de un tablero político; eran padres y hermanos cuya ausencia deja un hueco irreparable. Su sacrificio resalta la contradicción más cruel de la soberanía mal entendida: ¿De qué sirve que los recursos sean teóricamente “nuestros” si la empresa legal debe detenerse, porque el control real lo han tomado mexicanos armados contra mexicanos desarmados?
Cuando el capital se pausa y la inversión se congela por el miedo, el vacío no lo llena el “pueblo uniformado” ni cooperativas idílicas. Lo llenan los señores de la guerra que no necesitan concesiones federales para explotar lo que quieran.
La autosuficiencia que estamos alcanzando no es la energética, sino la de la violencia: los conflictos los producimos en casa, de forma exclusiva, con una eficacia aterradora. López Obrador quería un México para los mexicanos, pero no calculó que, en la parálisis de la industria formal, los “mexicanos” que tomarían el relevo serían aquellos que no presentan informes de sostenibilidad.
La empresa en Concordia aún no decide abandonar el país, pero su retirada táctica de la mina es el síntoma de un triunfo soberanista perverso: hemos logrado que lo único que prospere en la profundidad de la tierra sea el dominio del crimen.
Hay que tener, pues, mucho cuidado con lo que se desea. Si el objetivo era que México se librara de la tutela externa para manejar sus propios recursos, en Sinaloa se está logrando. El subsuelo está dejando de ser de los accionistas extranjeros, para ser de los dueños de la plaza. El metal se queda en casa, pero el precio de esa soberanía es el luto y el silencio de una mina que ya no produce riqueza, sino lápidas.