EL SECTOR MINERO, sin duda, es uno de los que más puede llamar la atención debido a la cantidad de recursos que puede generar, y eso hace que el crimen organizado ponga sus miradas en esa industria.
Lo ocurrido en La Concordia, Sinaloa, que mal gobierna el impresentable Rubén Rocha, muestra que en amplias regiones del país trabajar en la minería se ha convertido en un acto de riesgo personal.
El secuestro de 10 trabajadores de la canadiense Vizsla Silver, que dirige Michael Konnert, es el reflejo del deterioro profundo existente en la seguridad en zonas estratégicas para la economía nacional.
La reacción de la Cámara Minera de México, la Cámara de Comercio de Canadá en México, la Women in Mining México y el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
fue contundente.
Los gremios que presiden Pedro Rivero González, Luis Noriega, Marisol Barragán y Rubén Del Pozo Mendoza exigieron que el caso no quede impune, ya que sin seguridad, no hay minería viable.
Según la cámara minera, 97% de las empresas fueron víctimas de algún delito en 2025. Y no se trata de robos menores: extorsión, extracción ilegal de mineral, asaltos a transporte, secuestros y homicidios.
Esta violencia se traduce en números duros: aumento de hasta 5% en costos totales, mermas operativas cercanas a 7% y un gasto creciente en seguridad privada que supera los 100 millones de dólares anuales.
No es casual que México aparezca entre los peores evaluados del mundo en seguridad minera, lo que debería llamar la atención de Economía, de Marcelo Ebrard.
Sobre todo en el contexto de la revisión del T-MEC y del reciente acuerdo que México firmó con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump para el tratamiento de los minerales raros.
Como le platiqué la semana pasada, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se apresta a realizar un cambio en su actual política extractiva de minerales con tal convenio.
Y es que los también llamados “minerales estratégicos” delinearán a la industria verde y de la tecnología de Inteligencia Artificial por su influencia en la producción de semiconductores y baterías.
Pero la inseguridad rampante en la industria minera no se ve cómo pueda acotarse: Pan American Silver, Alamos Gold y McEwen Mining reportan robo de material, amenazas y encarecimiento operativo.
Zacatecas que gobierna David Monreal, Durango al mando de Esteban Villegas y Guanajuato que lleva Libia Dennise García se repiten, confirmando que el problema no es excepcional, sino sistémico.
Para una industria que emplea directamente a más de 400 mil personas y sostiene a millones de familias en su cadena de valor, es insuficiente la reacción defensiva del Estado mexicano.
Corredores de seguridad, protección logística, inteligencia contra el robo de mineral y judicialización efectiva no son concesiones al sector privado, son condiciones mínimas de gobernabilidad.
Y EN MÁS de minería, el gobierno anunció la devolución voluntaria de más de 200 concesiones mineras, y abre una lectura clara: el segundo piso de la 4T busca reafirmar control sobre los recursos estratégicos sin modificar la ley minera ni abrir nuevas explotaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum sabe que el plan de acción con Estados Unidos sobre minerales críticos no implica acuerdos firmados ni cede soberanía, pues cada país realizará su propia exploración. La postura oficial remarca que los recursos naturales no se entregan y que la producción de oro y plata, considerados minerales esenciales, deberá mantenerse en condiciones óptimas.
EL IMPULSO FINANCIERO hacia proyectos productivos quedó claro con la colocación de los Certificados Bursátiles “NAFR 26”, donde Nafin, que dirige Roberto Lazzeri, atrajo 11 mil 688 millones de pesos en demanda y una sobresuscripción de 1.55 veces, respaldada por calificaciones AAA (mex) de Fitch Ratings y HR Ratings. Este resultado fortalece la posición de la institución, que al cierre de 2025 reportó una cartera de 364 mil 575 millones de pesos, de los cuales 78% se canalizó mediante instituciones financieras. Este movimiento tuvo como intermediario colocador a BBVA México, que dirige Eduardo Osuna.
LA SUSPENSIÓN DEL combustible Jet A-1 en Cuba, a partir del 10 de febrero, y que deja sin el energético a nueve aeropuertos internacionales durante al menos un mes, coloca a Aeroméxico y Viva Aerobus, que encabezan
Andrés Conesa y Juan Carlos Zuazua, respectivamente, en un escenario operativo incierto. Ambas aerolíneas concentran el tráfico entre México y la isla que gobierna Miguel Díaz-Canel, de 271 mil pasajeros en 2025, con 63% del mercado para Viva y 37% para Aeroméxico, por lo que cualquier ajuste implicará costos adicionales, rutas más largas o potenciales cancelaciones. El hecho de que los aviones no puedan abastecerse en La Habana obliga a evaluar el reabastecimiento en vuelo, escalas técnicas o reducción de carga, lo que encarece operaciones.
EL ARRANQUE DE 2026 dejó un retroceso con la pérdida de ocho mil 104 empleos formales en enero, rompe con la tendencia de crecimiento típica de este mes y se convierte en el segundo peor inicio de año desde 2016. La caída contrasta con los repuntes que habían alcanzado hasta 142 mil 271 puestos en 2022. Buena parte del ajuste proviene del sector ligado a plataformas digitales, donde, tras el pico estacional de diciembre, el registro formal descendió a 139 mil plazas, mostrando la volatilidad estructural del modelo. Aunque la reforma para estos trabajadores beneficia a 1.3 millones de personas, sólo quienes superan el umbral de ingreso se contabilizan plenamente, limitando el impacto en las cifras del IMSS, de Zoé Robledo.