La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad el amparo concedido al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que reactiva la orden de aprehensión librada en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pleno avaló el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres, con lo que se reabre formalmente el proceso penal impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR). La orden de captura se hará efectiva una vez que la Corte notifique su resolución a un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La resolución deja sin efecto el amparo concedido en diciembre de 2023 por la jueza de distrito Adriana Yolanda Vega, con sede en Tamaulipas, el cual había frenado la orden de aprehensión emitida desde el Altiplano. Meses antes, un tribunal colegiado ya había ordenado revisar ese recurso y reponer el procedimiento.
Durante la discusión, la ministra Batres sostuvo que el juzgado de amparo excedió sus atribuciones. “[…] El juzgado de amparo, al conceder la protección, realizó una valoración que rebasó el marco de control constitucional, pues se adentró en un examen sustantivo que correspondía al juez natural dentro del procedimiento penal”, expuso ante el pleno.
No obstante, ministras y ministros manifestaron reservas sobre la metodología del proyecto. Yasmín Esquivel Mossa señaló que “el proyecto no responde los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituye en el juez de control que debía resolver si se actualizaron los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión”. Otros integrantes del pleno coincidieron en esa apreciación, aunque votaron a favor del sentido de la resolución.
El caso se originó a partir de denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia contra el mandatario estatal, la cual fue aprobada en abril de ese año.
En agosto de 2022, la Primera Sala de la Corte invalidó una orden de aprehensión previa al considerar que existía una invasión de facultades frente al Congreso de Tamaulipas, que sostenía que el gobernador mantenía fuero local. El escenario cambió en octubre de 2022, cuando Cabeza de Vaca dejó el cargo y perdió la protección constitucional, lo que permitió a la FGR solicitar nuevamente la orden de captura.
Las acusaciones se relacionan con su gestión al frente del Gobierno de Tamaulipas entre 2016 y 2022. De acuerdo con el expediente, presuntamente favoreció a empresas vinculadas a él mediante contratos de obra pública, en las que participaba el empresario Baltazar Higinio, señalado como presunto prestanombres y pariente de su suegro. Baltazar Higinio fue incluido en 2008 en la lista de la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por una presunta actividad sospechosa de lavado de dinero superior a 4 millones de dólares.
Con la determinación de la nueva integración de la Corte, surgida tras la elección judicial de 2024, el proceso penal contra el exmandatario entra en una nueva etapa, mientras en el ámbito político la oposición sostiene que se trata de una persecución política.
