La escena es casi literaria: un libro que revive los sótanos del poder y una presidenta que, antes de abrir la primera página, anuncia que no lo leerá. Pero subraya que hay libertad de expresión. Es decir, no importa el contenido; importa la postura. El gesto es político. El libro “Sin venganza ni perdón” de Julio Scherer, que aún cumple una semana de vida en los estantes de las librerías, el ecosistema donde la política y el crimen organizado no son enemigos irreconciliables, sino socios circunstanciales.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo normaliza con su voz suave, sin alteraciones en el tono. En México hay libertad de expresión, señala, como si de eso se tratara. En el libro, Scherer plantea las relaciones criminales que llegaron a Palacio Nacional, el corazón del poder político del Estado Mexicano, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No plantea que siempre hubiera habido un pacto explícito, porque muchas veces bastaba la tolerancia, el silencio o la omisión selectiva. Que denuncie, agregó la presidenta. El silencio y la omisión selectiva, continúan.
Cuando en 2024, menos de un mes después de haber sido capturado por una unidad de élite estadonidense en las afueras Culiacán, Ismael “El Mayo” Zambada, a la sazón jefe del Cártel de Sinaloa, acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de estar vinculado con él, y de afirmar que la versión oficial del asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, presente en una reunión donde se supoone estarían todos, era falsa. En aquel entonces, la Fiscalía General investigó de manera selectiva. Encontró que Cuén fue asesinado en el rancho donde capturaron a Zambada, pero no procedió contra las autoridades sinaloenses. Menos contra Rocha Moya.
El libro de Scherer no acusa en caliente: documenta la textura moral de un sistema donde la línea entre autoridad y delincuencia se vuelve porosa, como lo demuestra el caso de la captura de Zambada y el asesinato de Cuén. Lo inquietante de los hechos no es que existan esos vínculos desde hace años, sino que se hayan normalizado.
La corrupción dejó de ser escándalo para convertirse en paisaje. Los nombres abundan, comenzando por los hijos de López Obrador, por sus hermanos, por sus amigos, por sus camaradas de Tabasco. Las fotografías con personajes incómodos ya no obligan a renuncias, como probó la imagen de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, con los líderes delincuenciales en el estado. Las investigaciones periodísticas ya no detonan crisis institucionales, y las revelaciones se diluyen en la conversación polarizada de las redes sociales. Hay un cinismo galopante y una inconmesurable convicción de que cualquier cosa que pase, la impunidad saldrá galopando.
El libro de Scherer es el ejemplo más refinado de la putrefacción mexicana. Lanza acusaciones como si hubiera sido ajeno al gobierno de López Obrador. Scherer estuvo en la mesa de las decisiones, y las imputaciones que hace, de manera natural tendrían que regresársele. Para efectos legales, es un delincuente confeso. Si acusó al exvocero presidencial de haber metido al crimen organizado al despacho presidencial, incurrió en el delito de encubrimiento por no haberlo denunciado en su momento. Si desviaron recursos del erario y calló cuando lo vio, la culpabilidad penal también lo alcanza. Narra manipulaciones, desribe delitos, muestra sabotajes internos y daños a la Nación. Pero no pasa nada.
La respuesta de Sheinbaum es sintomática de esa nueva normalidad. No leer el libro es un acto político: desactiva el contenido antes de que circule en el debate público. Reconocer la libertad de expresión es cumplir con el manual democrático. Pero entre ambas frases se cuela un mensaje: el poder decide qué merece atención y qué puede archivarse en la irrelevancia. El problema no es la presidenta. Es el clima.
Cuando la relación entre políticos y criminales deja de ser anatema y se convierte en sospecha permanente, la democracia entra en zona gris. Porque la legitimidad no se erosiona sólo por la prueba judicial; también por la percepción social de que las fronteras se han borrado. Y en México, demasiados indicios apuntan a esa erosión. La normalización opera en tres niveles. Primero, en el discurso: se desacredita al mensajero antes de examinar el mensaje. Segundo, en la institucionalidad: las fiscalías actúan con selectividad quirúrgica, y la justicia parece tener calendario electoral. Tercero, en la cultura política: el votante aprende a convivir con la sospecha como si fuera un impuesto inevitable.
Scherer entendió que el poder mexicano no funciona sólo con leyes, sino con códigos no escritos. Hoy esos códigos siguen vigentes, pero con una diferencia: ya no necesitan ocultarse tanto. Él mismo fue el arquitecto de esta destrucción. Más que cualquiera de los personajes del gobierno de López Obrador a los que les cobra facturas, él fue el arquitecto de la demolición del edificio democrático. De su oficina en la Consejeria Jurídica de la Presidencia, salieron las iniciativas de ley que modificaron el país de una inmadura democracia a un creciente autoritarismo. De su cabeza surgió la llamada “mesa de judicialización”, que se convirtió en el cuarto de guerra donde se decidían a qué opositores a López Obrador iban a perseguir para anularlos.
La impunidad reiterada produce costumbre; la costumbre produce tolerancia; la tolerancia, complicidad pasiva. Scherer la vivió en su máxima expresión, y por el fenómeno de la normalización, posible por la somnolencia de una sociedad pasiva, sus delitos reconocidos y los de aquellos a quienes se los documenta, quedarán, cuando menos hasta ahora, como un ejercicio de dimes y directes que se resuelven en la barandilla de la opinión pública.
Que Sheinbaum diga que no leerá el libro no es censura. Es algo más sutil: es la constatación de que el poder ya no siente la obligación de confrontar el señalamiento. La crítica se vuelve ruido ambiental. Y cuando la crítica es ruido, la corrupción deja de ser excepción para convertirse en estructura. La pregunta de fondo no es si el libro tiene razón en cada detalle. Es si como sociedad estamos dispuestos a incomodarnos otra vez. Porque mientras la corrupción y los vínculos con el crimen organizado se discutan como anécdotas coyunturales y no como fallas sistémicas, el país seguirá atrapado en la lógica que Scherer describió: sin venganza, sin perdón y, peor aún, sin memoria.