El coctel de Tequila resultó fatal. El sello del narco y el logo del partido. Un charro indómito al frente del poder municipal, azote de las empresas tequileras y de los vendedores callejeros.
El vendedor no denunció, por miedo. El policía que atestiguó la escena no actuó al momento, por miedo. La empresa José Cuervo sí denunció la extorsión del alcalde Rivera quien les exigía 60 millones de pesos para no colocar sellos de clausura en la famosa tequilera que además reclamó cobros excesivos por licencias y permisos.
La denuncia empresarial fue oportuna. La voz de los ciudadanos pobres no se escucha en las fiscalías.
El narcotráfico y las distintas actividades derivadas del crimen organizado que se encuentran entrelazadas en la vida económica, política y comunitaria del país representan la antípoda del discurso humanitario e igualitario que claman los morenistas.
El narcotráfico y la extorsión profundizan la desigualdad social y económica. Son factores fundamentales en la generación de pobreza y en la polarización social.
El crimen organizado, que despacha en empresas o en partidos, se alimenta por la vía violenta de los recursos públicos que deben beneficiar a los ciudadanos. La depredación del presupuesto público en las alcaldías es “compensada” con las limosnas a políticos en campañas. Si bien son recursos millonarios los que inyectan grupos criminales, resultan ínfimos respecto a las ganancias que obtienen de la actividad criminal. Basta ver las cuentas del huachicol fiscal. Las dimensiones estimadas de lo que ese delito dio a sus operadores (500 mil millones de pesos) significarían 65 años de financiamiento público de partidos conforme a las normas vigentes. O sería el equivalente al presupuesto anual de la Pensión de Adultos Mayores, pago emblemático de los gobiernos de la 4T.
El microcosmos de Tequila bajo el yugo del CJNG y su empleado Diego Rivera exhibe la vida cotidiana de una gran cantidad de municipios del país. Y no en todos los casos los alcaldes son de Morena. Incluso en Jalisco la lupa se agranda hacia MC, el PRI, el PAN y el Partido Verde que tienen alcaldías bajo su sello.
Alcaldes que hacen negocios particulares desde la silla del ayuntamiento, que gobiernan enlazados con criminales, que extorsionan, lavan recursos, participan en desapariciones.
No hay vida democrática bajo esas circunstancias. La competencia la determina la fuerza y la violencia asesina. Para ganar hay que pertenecer al circuito criminal.
La izquierda partidista que cotidianamente pregona la igualdad, el humanismo, la democracia participativa ha sido incapaz de formular argumentos, directrices y decisiones que eviten la complicidad con la barbarie.
La Presidenta de la República es la que habla en nombre del partido para decir que Morena no es paraguas para delinquir. Ninguno de los dirigentes partidistas ha expresado contundentemente su deslinde y menos exigido al Comité de Jalisco y a sus líderes explicaciones y reparaciones.
El charro negro vive, la lucha sigue.