A GUERRA DE los cárteles que lideran los hijos de Joaquín Guzmán, El Chapo, e Ismael Zambada, El Mayo, y que derivó en la desaparición y asesinato de trabajadores de la mina Vizsla Silver, tensó la relación México-Canadá.
Ya había “alertas” de que el personal corría peligro, e incluso que se estaba pagando cuota por operar; el ambiente se enrareció, porque uno de los grupos pidió el pago en especie de hasta la mitad de la producción del mineral extraído por la minera de Michael Konner.
También se comenta que una vez extraídos los 10 trabajadores se pidió un pago mensual por el derecho de piso por de 200 mil pesos y, tras el secuestro, se exigieron varios millones de pesos por el rescate de cada uno de los mineros.
El impacto va más allá, porque Sinaloa es rico en minerales metálicos como oro, plata, plomo, cobre, zinc y hierro, concentrados en al menos cuatro grandes empresas mineras que proyectaron para 2026, inversiones superiores a los mil 100 millones de dólares en los municipios de Choix, Mocorito, Cosalá y Concordia.
Vizsla Silver desarrolla, actualmente, el proyecto Pánuco, dedicado a la plata y el oro, en el municipio de Concordia, desarrollo importante por su escala y reciente atención mediática.
Entre tanto, McEwen Mining, que dirige Adrián Blanco, opera el Fenix Project, también de oro y plata, en Sinaloa, derivado del antiguo complejo El Gallo; es una de las inversiones canadienses más importantes en el estado.
A su vez, Americas Gold and Silver Corporation, de Paul Andre Huet, gestiona operaciones cerca de Cosalá, extrayendo plata, plomo y zinc, es una de las inversiones más destacadas en el sector metalífero de la región.
Finalmente, apunte a Oroco Resource Corporation, que comanda Craig Dalziel, empresa canadiense detrás del proyecto Santo Tomás que procesa, principalmente, cobre, sobre todo, en Choix, con una inversión proyectada significativa.
Se sabe que el grupo delincuencial de La Línea del Cártel de Juárez entró a Sinaloa, y ello va a complicar más el clima de negocios
e inversión.
Las acciones de Vizsla Silver cayeron más de 7% y el sector minero exige que el caso no quede impune y que se intensifiquen los esfuerzos para localizar a los trabajadores que aún siguen desaparecidos.
Pero lo más grave es la relación entre los gobiernos del primer ministro Mark Carney y Claudia Sheinbaum en la antesala de las negociaciones del TMEC.
AXA Y ALLIANZ desistieron de los arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial contra el Estado mexicano, lo que logró contener un conflicto fiscal que amenazaba con escalar. Axa, encabezada globalmente por Thomas Buberl, y Allianz, bajo la dirección de Oliver Bäte, dieron marcha atrás justo cuando la discusión por la deducibilidad del IVA parecía destinada a generar incertidumbre regulatoria. El criterio del SAT que detonó el conflicto era difícil de sostener, pero aun así el riesgo para ambas aseguradoras era real, pues podrían haber enfrentado un precedente que pudiera replicarse en otros mercados. El acuerdo logrado a finales de 2025, que evitó un retroactivo potencial de hasta 175 mil millones de pesos, abrió una puerta de salida decorosa, aunque no exenta de presión política.
LOS MÁS DE 251 millones 497 mil pesos erogados en sólo dos años colocan a Mexicana de Aviación en una posición insostenible para una empresa que nació bajo el discurso de eficiencia estatal. El costo promedio por pasajero, 343.34 pesos, es la señal más clara de que la aerolínea que dirige Leobardo Ávila Bojórquez opera bajo una lógica política y no empresarial. La información reservada sólo alimenta la sospecha de una gestión opaca, mientras los montos asignados, que van desde los 816 millones para la marca hasta los 20 mil 800 millones de pesos para aeronaves, construyen una estructura financiera difícil de justificar. A esto se suman pérdidas, subsidios y un pasivo contingente en tribunales extranjeros, un recordatorio de que el experimento militarizado no sólo es caro, sino jurídicamente riesgoso y lejos de la consolidación.
ELEMENTOS DE LA Guardia Nacional ejecutaron ayer, en Cancún, una orden de aprehensión en contra el empresario Eduardo Albor por el delito de fraude procesal, misma que fue librada por un Juez de control penal de la CDMX. Ese proceso se inició con una denuncia por parte de Controladora Dolphin, en 2025, toda vez que mediante una serie de afirmaciones falsas realizadas en una demanda mercantil que promovió ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, había conseguido inducir al error a las autoridades judiciales radicadas en la entidad que gobierna Clara Brugada para obtener medidas cautelares ilegales que impidieron a sus acreedores ejecutar las garantías constituídas en su favor. Desde el año pasado le hemos venido platicando del pleito de Albores con Prudential, MetLife y Cigna, y que involucra un quebranto de más de 200 millones de dólares.
BYD Y GEELY están pujando por la planta Nissan–Mercedes. El interés no sorprende, ya que tanto BYD, propiedad de Wang Chuanfu, y Geely, de Li Shufu, buscan un viraje en la política industrial mexicana para aceptar inversiones chinas, aun con el riesgo diplomático que ello implica frente a Washington. México necesita empleos y modernizar su cadena de producción, pero cualquier movimiento que facilite la entrada de autos chinos al mercado estadounidense puede tensar el T-MEC. El gobierno de Donald Trump ha mostrado animadversión abierta hacia las marcas chinas, acusando a México de abrirle una puerta trasera. Si se concreta la compra, el gobierno mexicano tendrá que justificar que no está comprometiendo la estabilidad del acuerdo comercial.