El pasado 6 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y efectivos militares aseguraron seis avionetas en el municipio de Otatitlán, Veracruz, presuntamente relacionadas con el movimiento de drogas en la Cuenca del Papaloapan.
Según algunos testigos, dichas aeronaves realizaban vuelos nocturnos en esa región cañera; datos de la FGR sostienen, por otra parte, que en el municipio de Otatitlán –población también conocida como El Santuario –, Cosamaloapan, Tlacotalpan, entre otras demarcaciones, opera una célula del cártel de Guatemala-Chiapas, que ha sembrado violencia en territorio mexicano.
En un comunicado, la FGR expuso que en Otatitlán, donde estaban las avionetas, se realizaban despegues y aterrizajes no autorizados . El descubrimiento de las aeronaves, de acuerdo con la dependencia, se hizo a raíz de una llamada anónima.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del estado de Veracruz, que precisó que cinco de las aeronaves se encuentran operantes, mientras que la sexta fue hallada semidesmantelada. Sólo estaba el fuselaje, pero no tenía tren de aterrizaje ni motores.
La FGR integró una carpeta de investigación a raíz del hallazgo. Existen elementos suficientes para imputar a los probables dueños el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo.
En la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz, operan tres grupos criminales desde hace varios años. Durante el gobierno de Javier Duarte operaron Los Zetas y ahora están afincados el cártel del Noreste, Jalisco Nueva Generación y Golfo, considerados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas, ya que son las principales que operan el tráfico de fentanilo hacia ese país que ha causado la muerte de unas cien mil personas anuales, de acuerdo con datos de la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana.
En el mes de noviembre de 1991 ocurrió un choque armado entre militares y agentes federales en el paraje conocido como La Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, luego del aterrizaje de una aeronave con droga.
Antes, el agente de la Policía Judicial Federal, Fernando Vázquez Chellius había utilizado varias pistas de aterrizaje en la Cuenca del Papaloapan como de reabastecimiento de combustible para aeronaves que movían cocaína desde Sudamérica.
Una de esas pistas era conocida como “La Chorrera” y pertenecía al ingenio azucarero de San Cristóbal en tiempos de su fundador, Roberto García Loera; después la utilizó el hijo del empresario azucarero, Roberto García Mora. Durante mucho tiempo fue abandonada. Sólo se veía una pista destrozada, llena de hoyos, pero servía para la bajada de avionetas del narcotráfico.
Vázquez Chellius fue apresado después del enfrentamiento del llano de La Víbora. Se le acusó de narcotráfico. Luego recuperó su libertad y desde hace unos treinta años se desconoce su paradero. Vivía en el puerto de Veracruz.
En el estado de Veracruz, que gobierna la morenista Rocío Nahle –cuestionada en el libro “Ni Venganza ni Perdón”, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández por presuntos actos de corrupción en la refinería de Dos Bocas –opera también el grupo criminal La Sombra, presuntamente es el
brazo armado de Los Zetas, que siembra terror y violencia en el norte del estado, particularmente en Poza Rica y Tuxpan.
En la Cuenca del Papaloapan opera el cártel de Jalisco y está dividido en células dedicadas a la extorsión a comercios, tráfico de drogas, venta de protección, control de giros negros y regenteo de sexoservidoras. También exigen obra pública a los Ayuntamientos, cuyos alcaldes o una mayoría de ellos fueron financiados por los grupos criminales.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares –2016-2018 –el cártel de Jalisco se apoderó del estado, barriendo con Los Zetas; en ese tiempo, los alcaldes panistas, priistas y perredistas tenían una instrucción directa del mandatario Yunes: que los jefes de policía en los municipios fueran, al mismo tiempo, coordinadores de plaza del cártel de Jalisco. Los alcaldes acataban dicha instrucción al pie de la letra. Nadie protestaba.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez brotó un fuerte escándalo con su secretario de Gobierno, Éric Cisneros –oriundo de Otatitlán, ahí donde fueron halladas las avionetas –cuando se le relacionó con el crimen organizado.
De acuerdo con la DEA, Cisneros era el protector de Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, jefe del cártel de Caborca. Este capo vivía refugiado en el municipio de Vega de Alatorre bajo la férula del secretario de gobierno, quien por cierto fue invitado a ocupar el cargo por Rocío Nahle, quien lo recomendó con García Jiménez.
Gil Caro Quintero vivía muy tranquilo en ese municipio. Nadie lo molestaba. Cisneros lo visitaba frecuentemente, pues realizaba giras de trabajo constantemente y aprovechaba para comer con el jefe del cártel de Caborca.
Fuentes consultadas en la FGR, Secretaría de Seguridad Pública y la DEA sostienen que el aseguramiento de las aeronaves en Otatitlán, Veracruz, podrían tener una conexión con el llamado cártel Chiapas-Guatemala, que ha extendido sus tentáculos a varios estados del sureste, entre otros, Tabasco y Veracruz.
Después del aseguramiento de las avionetas, tanto la Fiscalía de Veracruz como la FGR han guardado silencio. Se afirma que están investigando para qué se ocupaban las aeronaves, aunque nada han dicho respecto de si se utilizaban para el movimiento de drogas.
El caso, hasta ahora, es un misterio…