La gestión de Josefa González-Blanco al frente de la Embajada de México en Reino Unido quedó marcada por denuncias de maltrato sistemático, irregularidades administrativas y una profunda crisis interna, de acuerdo con testimonios de trabajadores, documentos oficiales y una auditoría gubernamental. La situación se hizo pública días antes de su salida del cargo, prevista para enero de 2026, cuando ya se había anunciado que Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, ocuparía la representación diplomática.
Desde 2021, cuando González-Blanco asumió la embajada, al menos 40 trabajadores abandonaron la sede, entre empleados locales, personal del Servicio Exterior Mexicano y colaboradores de confianza de la propia embajadora. Las quejas incluyen acoso laboral, rotaciones arbitrarias, vigilancia de correos electrónicos, represalias internas y uso indebido de recursos, según denuncias presentadas ante el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control (OIC).
Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reprobó a la embajada con una calificación de 2 sobre 5, al detectar “deficiencias críticas en todas las áreas”. El informe señala falta de control financiero, expedientes incompletos, contratos sin firma, pagos irregulares, bienes sin inventario y uso indebido de accesos y credenciales, además de riesgos administrativos, laborales y legales.
Los avisos internos sobre el deterioro laboral y operativo de la representación diplomática se extendieron de 2022 a 2025, sin que hubiera acciones correctivas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pese a que el caso pasó por tres cancilleres —Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Juan Ramón de la Fuente— y dos presidencias, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Claudia Sheinbaum.
Trabajadores describen un ambiente de castigos, aislamiento y degradación laboral, con traslados constantes de funciones y restricciones dentro del edificio sede, ubicado en Saint George Street, en Londres. También señalan la influencia del consejero Fernando Gutiérrez Champion, colaborador cercano de la embajadora, a quien atribuyen control operativo informal de la misión.
Entre los casos documentados figura la presencia de un funcionario adscrito que recibió salario durante 11 meses sin presentarse a laborar, así como una persona que representó a México ante la Organización Marítima Internacional sin recibir pago alguno, situación que quedó asentada en la auditoría del OIC.
Las denuncias también refieren explotación laboral del personal local, especialmente en la residencia oficial, donde se realizaban eventos frecuentes fuera del horario de trabajo. En 2024 se contabilizaron 108 eventos sociales, lo que derivó en despidos y renuncias, incluido el del mayordomo de la residencia, con más de una década de servicio.
Con fecha del 21 de agosto de 2025, la auditoría emitió 16 observaciones correctivas y estableció como responsable directa de atenderlas a Josefa González-Blanco, mientras algunas investigaciones administrativas permanecen abiertas.
