Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, murió el domingo en un operativo del Ejército, en una acción coordinada con autoridades de Estados Unidos que marca el fin del que era considerado el jefe de la organización criminal más poderosa de México y uno de los hombres más buscados por ese país.
Su muerte desató una reacción violenta inmediata. En cuestión de horas se registraron 250 bloqueos en al menos 20 entidades, desde Sinaloa, Colima y Nayarit, hasta Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de México, además de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas y Tabasco, este último a más de mil 300 kilómetros del punto donde fue abatido el capo.
Especialistas señalaron que la magnitud de la respuesta superó incluso episodios previos como el “Culiacanazo” de 2019. La doctora en Derecho e investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, afirmó que “lo que estamos viendo supera incluso lo sucedido durante el Culiacanazo”. Añadió que “la capacidad de movilización ahora ha sido mucho mayor, al igual que la diversificación de los negocios ilícitos de ese grupo. Es una demostración de que el cartel sigue funcionando y mientras el Estado no neutralice no solo el trasiego de drogas, sino la minería, la tala de madera, el huachicol o la extorsión, seguirá habiendo incentivos para el crimen”.
El Mencho emergió tras la caída de los antiguos capos. Cuando la Marina abatió en 2012 a Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, ya comenzaba a consolidarse tras debilitar a ese grupo y romper con el Cártel de Sinaloa. Para 2014, después de la segunda detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán, dirigía su propia organización con un perfil bajo que le permitió mantener un expediente policial reducido. Con el paso de los años, pactó con remanentes de los cárteles de Tijuana y Juárez y consolidó el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una estructura descentralizada que operaba como franquicia en distintas regiones del país.
La caída del líder ocurre en un contexto en el que los grandes nombres del narcotráfico están muertos o en prisión, tras casi dos décadas de una estrategia enfocada en descabezar organizaciones criminales desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, durante este periodo los homicidios y desapariciones alcanzaron cifras históricas, además de incrementarse delitos como la extorsión.
De acuerdo con documentos militares filtrados en años recientes, hace una década la entonces Procuraduría General de la República identificaba ocho grandes organizaciones criminales; actualmente el número supera las 80, reflejo de la fragmentación del mapa delictivo.
En paralelo, México ha enviado a más de 100 personas privadas de la libertad vinculadas con el crimen organizado a Estados Unidos, en medio de presiones del Gobierno de Donald Trump. Entre los trasladados se encuentran Rafael Caro Quintero, Servando Gómez-Martínez, “La Tuta”, así como mandos del CJNG como Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, y Abigael González Valencia, “El Cuini”.
David Pérez Esparza, analista de seguridad y exintegrante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señaló que las cárceles mexicanas “suelen ser cajas de resonancia de lo que sucede fuera. El hecho de que estas figuras estén lejos puede complicar la capacidad de respuesta local de los grupos”.
Para Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), “mientras no se toque el entramado de complicidad del poder político y las redes de lavado de las empresas, el fenómeno seguirá reproduciéndose. Esa es la estructura que permite el encumbramiento de estas figuras, más allá de su supuesta astucia o habilidad”.
La operación contra el Mencho fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con autoridades estadounidenses, en un nuevo capítulo de la estrategia federal contra el crimen organizado.
