EL GOBIERNO DE la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que ya cumplió la mayoría de los 50 puntos que el gobierno de Donald Trump impuso como condición para firmar un nuevo T-MEC.
Sin embargo, el sector privado de Estados Unidos y México, pero, sobre todo, funcionarios de la Oficina de Representación Comercial, que comanda Jamieson Greer, tienen otros datos.
“Muchos negociadores son de los más dogmáticos que ha tenido México en energía, no quieren dar un trato nacional a la inversión de Estados Unidos…”.
Además, desaparecieron los órganos autónomos contemplados en el TLCAN-TMEC; muchas compras de gobierno se realizan sin licitación y se entregan a China.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay tortuguismo para autorizar inversión privada; obtener los registros sanitarios, de bioequivalencias y patentes son procesos lentos y discrecionales.
“Parece que México no quiere una integración comercial”, coinciden empresarios, analistas y funcionarios estadounidenses del Departamento de Comercio que encabeza Howard Lutnick.
Los “50 puntos” que fueron planteados por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la reunión que realizó en septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum, provienen en su mayoría de la oficina de Greer.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se comprometió a negociar “punto por punto” con el gobierno de Trump.
Hasta ahora poco se sabe de los avances, a pesar de que el gobierno mexicano asegura que falta poco, pero entre los principales desacuerdos destacan varios.
No se otorga trato nacional a los inversionistas de Estados Unidos en el sector energético, por lo que de no llegar a un acuerdo en este tema, Trump podría imponer aranceles compensatorios.
Los cambios regulatorios sólo han favorecido a Pemex y a la CFE, y sacan del mercado a las compañías privadas de EU, mientras el gobierno mexicano arguye que sólo está poniendo orden en el mercado.
Este es uno de los temas más sensibles camino a la renegociación del T-MEC, ya que México carece de infraestructura energética suficiente para que las industrias puedan funcionar con agilidad.
Las empresas estadounidenses quieren tener más presencia en los proyectos de las dos principales empresas del Estado: Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, y la CFE, que lleva Emilia Esther Calleja.
En patentes y marcas gobierno y farmacéuticas denuncian a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
Los estadounidenses acusan tortuguismo y discrecionalidad para efectuar los registros, trámites y otras figuras jurídicas relacionadas con los medicamentos.
La Representación Comercial denuncia retrasos intencionales de esos dos organismos que dirigen Víctor Hugo Borja Aburto y Santiago Nieto, que se constituyen en barreras técnicas al comercio.
Además, el combate a la piratería y a la falsificación de productos que ostentan marcas de origen estadounidense es insuficiente o nulo.
Por ello es que México sigue apareciendo en las listas de los países que no protegen de manera suficiente los derechos de patentes y marcas, por lo que está expuesto a sanciones comerciales.
Otro de los temas en los que se considera que el país no ha hecho suficiente es el sector laboral, pues se percibe que las empresas establecidas dentro de sus fronteras no respetan la libertad sindical y la negociación colectiva.
UNO DE LOS asuntos que generaron más polémica durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero fue el del abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado Mocelo. Él, en un intento por obtener un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República en tiempos del fiscal Gertz, intentó fabricar una serie de delitos en contra de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández.