En la fase final de su gestión como auditor Superior de la Federación, David Colmenares presentó la Tercera Entrega de los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, misma que representa la última fiscalización del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque ha manifestado su intención de reelegirse en el cargo, lo cierto es que la salida de Colmenares es prácticamente un hecho. Se perfila una mujer para el puesto, cercana a Palacio Nacional y de todas las confianzas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La disputa por la ASF despierta mucho interés porque tener influencia dentro del organismo sirve para limpiar malos manejos y otros asuntos de corrupción en administraciones locales, estatales y federales.
Tan pronto como este jueves se abrirá el registro para los interesados en encabezar el órgano fiscalizador durante el periodo 2026-2034, y hasta el momento hay una docena de personas que levantaron la mano para hacerse de la posición. El asunto deberá estar definido en las próximas tres semanas.
En el Poder Ejecutivo ya se determinó que David Colmenares no puede repetir en el puesto.
Se le acusa de tener una agenda basada “en intereses propios”, de hacer cambios inconvenientes en el reglamento de la ASF y de omisiones preocupantes en sectores de alto riesgo e incluso por su benevolencia con gobernantes de oposición.
En público y en privado al actual auditor se le dijo que no hay posibilidad de reelegirse, pues la Presidenta impulsa a una mujer para ese cargo, como lo hizo esta misma semana con la sustituta de Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López.
Entre las mujeres que se espera lleguen a la inscripción están Muna Dora Buchahin, exauditora forense de la ASF; Arely Gómez González, exprocuradora federal de la República; Julieta del Río, excomisionada del INAI; María de la Luz Mijangos, actual fiscal anticorrupción, y la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Natalia Téllez Torres.
Colmenares impulsa a Alfonso Damián, hermano de la actual consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y a Ivonne Henestrosa Matus, directora de Auditoria Forense de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Por su parte, la apuesta de Ricardo Monreal es Julieta del Río. Las huestes de AMLO se enfilan hacia a Natalia Téllez, muy cercana a Raquel Buenrostro, y los moderados de Morena apuntan a la exprocuradora Arely Gómez. Muna Dora se radicalizó y no está en el ánimo de Sheinbaum; y quien se perfila con mayores oportunidades es María de la Luz Mijangos, pues la Presidenta busca hacer de la ASF un verdadero organismo anticorrupción.
Del lado de los hombres se perfilan Emilio Barriga Delgado, exauditor del Gasto Federalizado de la ASF y extesorero capitalino; Aureliano Hernández Palacios, auditor especial de gasto federalizado; Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante la jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum; José Manuel del Río Virgen, titular de la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la ASF, y Edwin Meraz Ángeles, titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
En este caso, los de mayores posibilidades son Juan José Serrano, del lado Palacio Nacional, y José Manuel del Río Virgen por parte del bando de Monreal. Sin embargo, parece que los esfuerzos de estos últimos serán en vano, porque está claro que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se vive el tiempo de las mujeres.
Hablando de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, el órgano fiscalizador reportó montos relevantes por aclarar en el ejercicio del gasto público al cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La Auditoría reportó daños al erario por 59 mil 345 millones de pesos, correspondientes a 2024, el último año del gobierno de López Obrador.
El foco más delicado se mantiene en Pemex, donde se detectaron presuntos actos de corrupción por más de 2 mil millones de pesos derivados de auditorías a contratos de la petrolera. Del total observado, sólo una parte ha sido solventada, por lo que la empresa que estuvo a cargo de Octavio Romero durante todo el sexenio pasado, tiene muchas cuentas que aclarar, mientras el funcionario ahora despacha al frente del Infonavit, también con grandes señalamientos por presuntos actos de corrupción.
Fitch Ratings ya evaluó el verdadero tamaño de la apuesta del gobierno federal por los proyectos de infraestructura mixta. La calificadora estima que el plan de 5.6 billones de pesos —unos 325 mil millones de dólares distribuidos en mil 500 obras— podría elevar el crecimiento del PIB mexicano hasta 2% en 2026, por encima del consenso de mercado de 1.4%. El impulso vendría, sobre todo, de los sectores energético (54% de la inversión) y de transporte (36%), donde se concentran ferrocarriles, carreteras y puertos.
La agencia advierte que el éxito dependerá de que el gobierno ofrezca estructuras realmente “bancables”; es decir, contratos ejecutables, reglas claras de flujo de caja, garantías sólidas y una regulación predecible. Hoy siguen sin definirse piezas clave como la mezcla de capital y deuda, los umbrales de rentabilidad para privados y la asignación de riesgos de construcción y demanda. Sin esa claridad, la participación privada podría quedarse corta.
El gobierno está impulsando el concepto de “inversión mixta” en lugar de las tradicionales APPs, en un intento por mantener mayor control estatal, especialmente en energía, y sortear las resistencias políticas. Banobras será el eje financiero y se plantean nuevos vehículos de inversión, aunque Fitch advierte que el interés de los inversionistas dependerá del estado de derecho, el marco regulatorio y fiscal, y el resultado de la revisión del T-MEC.
El sector inmobiliario y bursátil comienza a moverse. Se alista la primera Oferta Pública Inicial del 2026 con la posible llegada de Park Life a la Bolsa Mexicana de Valores, que se estaría colocando como una FIBRA enfocada exclusivamente en vivienda en renta, un segmento que apenas comienza a institucionalizarse en el país. El vehículo está respaldado por el empresario Gustavo Tomé y llegaría en un momento en que la demanda de arrendamiento crece de forma sostenida frente a una oferta formal claramente insuficiente.
La colocación se da en medio de una presión estructural sobre el acceso a la vivienda —por costos de financiamiento, encarecimiento del suelo y cambios demográficos— que está empujando el mercado hacia soluciones de renta formal. Park Life podría convertirse en uno de los primeros termómetros reales para medir hasta dónde puede escalar el negocio institucional de vivienda en arrendamiento en México.
La BMV espera el arribo de tres nuevas emisoras para el primer semestre del 2026, una de ellas bajo el esquema de emisión simplificada, según revelaron sus directivos en diciembre pasado.