Antes considerado uno de los estados más seguros, Yucatán actualmente está atenazado por el crimen organizado. No sólo por los grupos criminales que ya operan ahí, entre otros, el cártel de Jalisco, Noreste y Golfo, sino por una nueva organización criminal conocida como El cártel de la Costa, que siembra terror y miedo en todo el territorio yucateco.
El cártel de la Costa es una agrupación del crimen organizado que ya fue identificado y reconocido por el gobierno estatal. Se trata, dicen los informes oficiales, de un grupo local, es decir, que opera internamente, y está integrado por exmiembros del cártel de Los Epitacio, quienes perdieron el control territorial tras el arribo de los cárteles de Jalisco, Golfo y Caborca, éste último, operado por Gil Caro Quintero, “El Pelo Chino”, sobrino de Rafael Caro Quintero y a quien se le atribuye la operación de trasiego de drogas a través de avionetas procedentes de Colombia y Venezuela.
El cártel de Los Epitacio opera con protección oficial, de acuerdo con reportes de inteligencia consultados. Entre sus aliados están policías de alto rango –estatales y federales –que les prestan ayuda para mover droga, secuestrar, desaparecer, asesinar o torturar a personas que los denuncian o bien que pertenecen a otros grupos criminales.
La cabeza visible del cártel de Los Epitacio ya está identificado por las autoridades. Se le conoce en el mundo del hampa como “H”. Dicho cártel opera de manera muy similar a La Barredora, la organización que se convirtió el brazo armado del cártel de Jalisco en Tabasco bajo el liderazgo de Hernán Bermúdez Requena, protegido de Adán Augusto López Hernández.
Los Epitacio tienen amplio control en Yucatán: De acuerdo con la información consultada opera en la zona Oriente del municipio de Progreso ; sus redes también están afincadas en demarcaciones como Buctzotz, Telchac, Sinanché, Yobaín y Los Dzilanes, es decir, su radio de acción abarca toda la Riviera yucateca.
El grupo criminal cuenta con estructura propia: jefes de plaza, departamento contable, grupo de sicarios, pasadores de droga y alianzas políticas, según establecen los informes.
En los municipios antes citados no se descartan enfrentamientos, balaceras y asesinatos, pues en dichos territorios también operan grupos rivales, entre otros, el cártel de Caborca.
En el municipio de Sinanché, Dzilam de Bravo, por ejemplo, opera la organización criminal conocida como Los Interián, identificada como un brazo del cártel de Caborca.
A este grupo pertenece, por ejemplo, un sujeto conocido como Donato Valdez Rodríguez, alias “Nato”, así como el hijo de éste –Juan Carlos Valdés –quien fue ejecutado la semana pasada en esa zona.
Yucatán, hasta no hace mucho, era uno de los estados con menos índice de violencia criminal. Pero el territorio es muy atractivo para el crimen organizado debido a su posición geográfica. Tiene conexiones con el Golfo de México y con el Caribe, pues se ubica a escasas tres horas de Quintana Roo, otro territorio que es refugio de cárteles.
En toda la región del Caribe operan varios cárteles, entre ellos, Jalisco, Sinaloa, Golfo, Caborca y Los Zetas, grupos que utilizan toda la zona como un corredor logístico para el trasiego de drogas.
No obstante las evidencias, las autoridades niegan la presencia de los cárteles. Y pese al incremento de los delitos –como la violencia de alto impacto –la negación resulta sistemática por parte de los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo.
Es el caso del gobernador de Yucatán –Joaquín Díaz Mena –, quien ha negado la presencia de grupos criminales pese a las balaceras y el incremento de los homicidios.
El mandatario dijo que la reciente matanza ocurrida en Dzilam González “fue un hecho aislado” y se atrevió a decir que ese hecho no tiene relación con la delincuencia organizada.
“Fue un pleito entre familias”, atajó cuando le preguntaron por la causas de esas muertes.
Lo cierto es que el terror y la violencia han aumentado tras el arribo de MORENA al poder. Y existen datos y evidencias de que altos funcionarios estatales habrían entregado la plaza a cambio de financiamiento para acceder al poder estatal. Y actualmente dichos favores se pagan con
impunidad.
La matanza que el gobernador llama “un pleito familiar” tiene todo el tinte de haber sido un enfrentamiento entre grupos criminales: utilizaron armas de al poder, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; se recuperaron 32 casquillos percutidos y, entre los muertos, está Juan Carlos Valdez, “Nato”, quien recibió ocho impactos de bala de grueso calibre, incluido el llamado tiro de gracia. Todo indica que se trató de un claro ajuste de cuentas entre grupos criminales.
“Nato” y su padre –Donato Valdez –están identificados como piezas del cártel de Caborca, que opera en la zona de Bacalar y Chetumal.
Ellos habían sido señalados desde hace tiempo como los artífices de la desaparición de grupos antagónicos, en particular del CJNG. Por sus hechos delictivos eran buscados en Quintana Roo. Hace algunos meses estos personajes del crimen habían adquirido una propiedad en Quintana Roo, donde “Nato” fue ejecutado.
A pesar de la violencia –que hace recordar a los yucatecos los tiempos de la gobernadora Ivonne Ortega, en cuyo gobierno las masacres eran continuas –las autoridades aseguran que el estado está en calma y que no hay delincuencia organizada.
Cabe señalar, que el puerto de Progreso es uno de las terminales portuarias por donde se mueven precursores químicos para elaborar fentanilo. Es parte de la red portuaria que operan los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Noreste, entre otros, declaradas por el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas.