La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje conciliador al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien dijo desear establecer “relaciones respetuosas”, pese a las recientes amenazas del mandatario estadounidense.
“Invitamos al Gobierno de EU a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”, escribió Rodríguez en su cuenta de Instagram, en un tono que contrastó con sus declaraciones del sábado, en las que había mantenido una postura desafiante.
El mensaje fue publicado poco después de que Trump advirtiera que Rodríguez podría “pagar un precio muy alto” si no accede a las exigencias de Washington. La presidenta encargada respondió: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”.
En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no asumirá un papel cotidiano en el gobierno de Venezuela, pero sí mantendrá el bloqueo petrolero y ejercerá presión para forzar un cambio de rumbo. En entrevista para el programa Face the Nation de CBS News, Rubio sostuvo que evaluarán cada decisión de Rodríguez y su administración, y que trabajarán con ella “si toman las decisiones adecuadas”.
“Si no hacen lo correcto, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, advirtió Rubio, quien también aseguró que Trump no descarta ninguna opción, incluida la presencia militar, aunque dijo que Venezuela no es comparable con Libia, Irak o Afganistán.
El funcionario estadounidense reiteró los objetivos de Washington: el cese del narcotráfico, la expulsión de pandillas extranjeras y una industria petrolera que beneficie al pueblo venezolano y no a actores hostiles a Estados Unidos. Enfatizó que a diferencia de Nicolás Maduro, Rodríguez podría ser una figura con la cual se pueda dialogar.
Rubio también confirmó que se mantendrá una “cuarentena” militar sobre las exportaciones de petróleo venezolano, impidiendo la operación de buques sancionados hasta que se permitan inversiones extranjeras en la industria energética del país, con prioridad para empresas estadounidenses.
