LA INVERSIÓN EXTRANJERA en el sector energético de México va a llegar sólo si el gobierno de la 4T ofrece condiciones de certeza jurídica.
Si Venezuela u otro país pone en la mesa de los inversionistas internacionales mejores opciones para la rentabilidad, los capitales se van a ir donde exista una mejor certeza jurídica.
Para no perder competitividad frente a otras naciones, en la revisión del T-MEC la administración de Claudia Sheinbaum tendría que flexibilizar su posición ideológica de izquierda para garantizar la llegada de capitales.
Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, debería alentar más contratos con empresas privadas en la extracción de petróleo, posible refinación de crudo y generación de electricidad.
Para asegurar la inversión extranjera en México, el gobierno va a tener que comprometerse a cumplir resoluciones de tribunales internacionales, porque el sistema judicial actual no da certidumbre.
Contratos como el de la FIFA, que capitanea Gianni Infantino, donde el gobierno prometió no cobrar impuestos y someterse a arbitrajes internacionales, van a ser “la regla de oro” en el T-MEC.
Luego de que se reformó el Poder Judicial de México, ningún inversionista en su sano juicio está dispuesto a arriesgar su capital con jueces y magistrados que no dan visos de imparcialidad.
Ni con una Suprema Corte de Justicia de la Nación integrada por ministros como Lenia Batres, Hugo Aguilar, María Estela Ríos o Sara Irene Herrerías, alineados al ala dura de 4T.
Los nuevos contratos que las compañías extranjeras, y particularmente las estadounidenses, incluyen cláusulas en donde someten la resolución de posibles controversias a jurisdicciones fuera de México.
El T-MEC va a continuar y se va a mejorar, porque a las compañías multinacionales les conviene tener garantizada la proveeduría de insumos y mano de obra a precio competitivo en México.
Sobre todo, cuando se tiene enfrente una economía china, centralmente planificada y ganando cada vez más mercados.
Y, PRECISAMENTE, PARA cercar a China e impedir que desde América se triangulen beneficios al régimen de Xi Jinping, la nueva embestida de Donald Trump ahora es contra Groenlandia. La amenaza de invadirla o comprarla atizará aún más la narrativa antiimperialista del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y será otro factor que lastimará todavía más las posturas discordantes en materia de política exterior de Estados Unidos y México, justo cuando en las próximas semanas iniciará la revisión del T-MEC. El tema de la seguridad nacional va a tener un peso fundamental en esa discusión que irá más allá del secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el jefe de la Oficina de Representación Comercial,
Jamieson Greer, y en la que tendrán injerencia personajes como el secretario de Estado, Marco Rubio, y Stephen Miller, el influyente asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo dicho ayer: esta reconfiguración de la geopolítica con la que amanecimos en 2026 requiere que la doctora Sheinbaum refuerce su interlocución con los halcones de Trump.
JUSTO LA AGENCIA calificadora Fitch Ratings en una nota informativa advierte que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela generará una presión adicional para México en la próxima revisión del T-MEC, ya que se espera que la administración de Donald Trump utilice los temas de seguridad nacional y cuestiones externas de comercio en la negociación. La firma, que comanda aquí Carlos Fiorillo, resalta también que las acciones del gobierno estadounidense podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder de ese país en el hemisferio occidental.
AYER COMPARECIERON ANTE un juez penal de control del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el empresario Eduardo Albor y la empresa Controladora Dolphin. ¿Se acuerda de esta controversia que se dirime en Cancún entre uno de los principales operadores de delfinarios y quien fuera su administrador e impulsor? Albor solicitó que se le restituyera como presidente del Consejo de Administración de Dolphin, lo que le fue negado. Se le acaba de librar una segunda orden de aprehensión en la CDMX por fraude procesal, y como incumplió la suspensión a una primera orden está a un tris de que se le reactive. Pero esa es la capital del país porque en Quintana Roo el afamado hombre de negocios está blindado. Su abogado es Fidel Villanueva, asesor jurídico de la gobernadora Mara Lezama y otro apoyo que tiene es la senadora morenista Mayuli Martínez, quien, incluso, fue retirada por el juez de la sesión que se realizó de una manera virtual.