Aunque la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump habría disipado momentáneamente el riesgo de una intervención militar en México, funcionarios de seguridad temen que las presiones desde Washington se trasladen a otro frente: la exigencia de detenciones contra políticos de Morena señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según reveló The Wall Street Journal, autoridades mexicanas temen que el gobierno de Trump sustituya su ofensiva militar por una campaña de presiones legales y diplomáticas que incluyan solicitudes de acción judicial contra integrantes del partido oficialista.
Uno de los casos más visibles es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien en 2025 perdió su visa estadounidense, al igual que su esposo, Carlos Torres. Aunque ambos afirmaron que se trataba de un procedimiento normal, investigaciones periodísticas los vincularon con una red de tráfico de combustible (huachicol) en la región.
“En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa”, declaró entonces Del Pilar, restando importancia a la revocación, pese a que se trata de un estado fronterizo.
Posteriormente, la diputada federal Hilda Brown también perdió su visa y fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente por apoyar a una figura delictiva en Rosarito, conocida como ‘La Mayiza’. La legisladora negó las acusaciones, pero regresó voluntariamente el documento diplomático.
Reuters reportó que la administración Trump ha revocado visas a más de 50 políticos mexicanos, de diversos partidos, aunque la mayoría pertenecen a Morena. Entre ellos figuran:
Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali
Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales
Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco
Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros
César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado
José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe
Estos movimientos han desatado rumores sobre una lista negra elaborada por el gobierno estadounidense, que incluiría a gobernadores, exgobernadores y legisladores presuntamente investigados por nexos con el crimen organizado.
Uno de los casos que más preocupa en la cúpula de Morena es el del senador Adán Augusto López, señalado por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos indirectos con el grupo criminal “La Barredora”, liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Aunque no hay investigaciones abiertas, documentos militares filtrados por Guacamaya indicarían que el exgobernador tenía conocimiento de estas actividades.
También han surgido señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, hijo del expresidente López Obrador, acusado de liderar una red de tráfico de combustible durante el sexenio anterior. Esta acusación fue presentada por el PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR).
A nivel estatal, otros gobernadores de Morena han sido mencionados en investigaciones periodísticas o plataformas especializadas como Narcopolíticos, entre ellos:
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, por supuestos vínculos familiares con Cárteles Unidos
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, relacionado con el Cártel del Golfo y el empresario Sergio Carmona, conocido como ‘El rey del huachicol’
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, aunque lo ha negado en múltiples ocasiones
En este contexto, crece la presión sobre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que encabece una estrategia diplomática que frene una escalada en las tensiones con la Casa Blanca. Empresarios han sugerido instalar un “Cuarto de Junto” para involucrar al sector privado en el diálogo con el gobierno estadounidense.
La propuesta busca sumar a distintos actores de la Cuarta Transformación —incluida la Presidencia, gobernadores y el Congreso— en un intento por contener las exigencias que podrían surgir tras la aparente tregua militar con Estados Unidos.
